“Lo que se ha muerto con Videla es un poquito de esperanza, por todas las cosas que no dijo y que pudo haber dicho”, lamentó el fiscal Pablo Ouviña, quien lleva adelante la investigación por la ejecución del Plan Cóndor, en la que sin el testimonio del genocida, no podrán ser juzgados 44 de los 106 casos que comprenden esta causa. Los crímenes de coordinación de la represión entre las principales dictaduras de Latinoamérica que Ouviña investiga tienen como imputados, entre otros, a Videla y al ex represor Reynado Bignone, sobre quienes opinó que mantuvieron un “código de silencio”. Sin posibilidad de indagar al dictador, el fiscal explicó que los testimonios en medios periodísticos de Videla “se van a utilizar en el juicio” y “después los jueces van a asignarle valor”.

La última aparición pública del dictador Jorge Rafael Videla fue el martes pasado, cuando se negó a declarar ante el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Buenos Aires, el cual juzga su responsabilidad en el marco de la ejecución del Plan Cóndor. En aquella ocasión se autodefinió “preso político” y volvió a justificar el accionar del terrorismo de Estado en el contexto de lo que calificó como “una guerra interna”. “Como lo hiciera antes, quiero manifestar que este tribunal carece de competencia y jurisdicción para juzgarme por los casos protagonizados por el Ejército en la lucha antisubversiva”, afirmó, cuestionando al tribunal.

De los 106 casos que se investigan en la causa, 44 tenían a Videla como único imputado. Estos crímenes, junto con los de los otros nueve expedientes judiciales en los que estaba procesado el genocida, no podrán ser juzgados. “Videla asumió toda la responsabilidad para beneficiar al resto de los imputados”, argumentó el fiscal a cargo de la causa Plan Cóndor, Pablo Ouviña. Consideró que “Jorge Rafael Videla era la cabeza del Plan Cóndor en la Argentina” y explicó que “lo que se ha muerto con Videla es un poquito de esperanza, por todas las cosas que no dijo y que pudo haber dicho”. “Mi esperanza era que en algún momento lo hiciese”, lamentó.

Opinó que existe un “código de silencio” entre “los máximos represores” y en la causa que investiga tuvo su expresión en Videla y Bignone. Para el fiscal, sin el testimonio del dictador “ya no será lo mismo”, lamentó. “Las manifestaciones públicas se van a utilizar en el juicio –concluyó–, después los jueces van a asignarle valor.”

Por su parte, el fiscal que llevó adelante la instrucción de la causa, Miguel Angel Osorio, destacó la importancia del juzgamiento de los delitos de lesa humanidad en el Plan Cóndor. “La relación entre los organismos de inteligencia de Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Brasil y la Argentina distó de situarse en una mera colaboración legal para derivar en una verdadera implementación de un dispositivo que no hacía más que reproducir, a nivel internacional, el mismo dispositivo de aniquilamiento que imperaba hacia el interior de cada una de esas jurisdicciones”, sostuvo. Ejemplificó con los asesinatos del general chileno Carlos Prats en Buenos Aires o del ministro chileno Orlando Letelier en Washington.