Sergio Schoklender y el juez Norberto Oyarbide, protagonistas de la causa por desvío de fondos para viviendas.
Imagen: DyN.

La causa judicial por el desvío de fondos para viviendas que llevó el año pasado a la cárcel a Sergio y Pablo Schoklender, dará marcha atrás y tendrá que empezar de nuevo casi desde fojas cero. Esto será así porque la Sala I de la Cámara Federal apartó al juez federal Norberto Oyarbide del caso y anuló los 44 procesamientos que llegó a disponer por asociación ilícita y administración fraudulenta, empezando por el de los hermanos, y con ellos invalidó también las 60 indagatorias que tomó. En una resolución lapidaria, el tribunal argumentó que Oyarbide indagó a los imputados sin describirles con exactitud de qué hechos se los responsabilizaba ni tampoco lo subsanó a la hora de fundamentar por qué los procesaba. Por eso, el fallo de ayer dice que se violaron dos garantías constitucionales: el derecho de defensa en juicio y el debido proceso. También dispuso que el expediente pase al juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi, quien realiza una investigación sobre la misma maniobra, pero enfocada hasta ahora hacia los funcionarios que intervinieron en las contrataciones de obras y en su cumplimiento.

Cuando Oyarbide procesó a los Schoklender, al contador Alejandro Gotkin, y a una lista de otras 41 personas se basó, según advirtió la Cámara, en una descripción “genérica” de los hechos, que era la misma de una etapa inicial de la causa. De acuerdo a ese relato “a través del desvío de fondos públicos administrados por la Fundación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas (mediante endosos de cheques librados a la orden de esa fundación) direccionaban esos fondos hacia la empresa Antártica Argentina, lo que habilitaba la libre disposición” de ese dinero “de parte de Gotkin” y de un “entramado de empresas” partir de la cual se hace “un blanqueo de los fondos...”. Mencionaba las firmas Meldorek, Setek, Eagle Security y Gorlak, que describía como posibles pantallas de movimientos dudosos de dinero. Decía que los Schoklender habían derivado fondos a sus cuentas personales.

Cuando un juez le toma indagatoria a una persona es porque se supone que tiene suficiente sospecha de que pudo participar en un delito; también es el acto por el cual le da la posibilidad de ejercer su defensa. Cuando el imputado se sienta ante el juez le tienen que decir de qué lo acusan y tiene que ser “una descripción clara del hecho” con “circunstancias de modo, tiempo y lugar”. En esto la Cámara le dio la razón a los Schoklender y dijo que no les ofrecieron “un relato claro, preciso y suficiente” y que eso afecta la garantía de defensa en juicio.

“Los serios defectos que hemos advertido, en sus inicios evidenciaron un direccionamiento erróneo”, sostuvo la Cámara. Al recordar que ya había advertido sobre ese “direccionamiento” y sobre una gran acumulación de documentos pedidos a organismos públicos (desde la AFIP hasta los registros de propiedad) sin objetivo específico y de allanamientos “tan sólo escenográficos”, el tribunal dijo que su “temor se ha visto concretado”. “La verdad permanece oculta”, alertó el tribunal. El hecho de que la propia causa se haya convertido en un “obstáculo” para conocer la verdad es lo que los llevó a concluir que también se violó el “debido proceso”.

El juzgado había enumerado una gran cantidad de operaciones financieras que llevaban a contabilizar el desvío de unos 300 millones de pesos de los fondos recibidos por la Fundación Madres de Plaza de Mayo –de la que los Schoklender fueron administradores– desde 2005 para construir viviendas sociales. Daba a la vez una estimación de que la entidad había recibido más de mil millones del Estado. Sin embargo los camaristas Eduardo Farah y Jorge Ballestero sostuvieron que no hubo ni cifras ni una fundamentación planteadas con rigor suficientes. Incluso señalan contradicciones groseras del texto de los procesamientos dictados por Oyarbide como, por ejemplo, que en un tramo decían que el dinero público que recibían las Madres era del Plan federal de viviendas del Ministerio de Infraestructura, mientras que otra parte decía que también recibía plata de “otros organismos del Estado”.

Por momentos, la sentencia tiene el tono de quien corrige un examen de la facultad: le cuestiona a Oyarbide que al describir los hechos diga “a modo de ejemplo” o “entre otros” porque la obligación de describir la “totalidad de los hechos”; dice que un mismo episodio aparece varias veces en la resolución y aparentan ser más; que no fundamenta la existencia de una asociación ilícita porque no explica en qué consiste el acuerdo de la banda, no enumera a todos los integrantes ni dice para cometer qué delitos se juntan esas personas; le achaca que la descripción de algunas operaciones bancarias es imprecisa; y se pregunta cuál es la relación con la causa que la empresa Meldorek (de Sergio Schoklender) haya comprado una aeronave y un inmueble, que luego vendió a un precio sustancialmente mayor.

En dos años de investigación judicial “nos encontramos frente a una preocupante escena”, dice la Cámara para hablar de que hubo 60 personas indagadas y 44 de ellas fueron procesadas. Aunque los pedidos de nulidad eran de unos pocos, el tribunal extendió la anulación para todos. Sergio y Pablo Schoklender, sí como Gotkin, estuvieron detenidos en mayo del año pasado por esta causa y otra vez en febrero último, cuando fueron procesados con prisión preventiva. La Cámara fue la que los excarceló. Fueron indagados en varias etapas. También prestaron indagatoria, la ex ministra Felisa Miceli y Alejandra Bonafini, hija de Hebe de Bonafini, titular de Madres. El nuevo juez tendría que volver a tomar indagatorias, pero exhibir los hechos de manera pormenorizada.

El juzgado que actuará quedó definido en una resolución aparte de los mismos camaristas, y será el de Marcelo Martínez de Giorgi, quien tramita otra causa muy coincidente con la que instruía Oyarbide. Lo que sucede es que el foco del nuevo juez estaba puesto en los funcionarios públicos que dieron fondos, y firmaron los contratos en distintos municipios y provincias para que las Madres les construyeran casas de bajo costo. Son los que, además, debían supervisar el cumplimiento de esos convenios con la ejecución de las obras, si se hacían, si se hacían con los materiales apropiados en la cantidad requerida.

La investigación sobre un posible desvío de fondos “no puede escindirse de la posible responsabilidad de los funcionarios públicos”, dijo el tribunal. La causa de Martínez de Giorgi, tan vieja como la otra, no tiene aún llamados a indagatoria.