El Gobierno dispuso ayer el congelamiento de fideicomisos pertenecientes al mayor retirado y abogado Jorge Antonio Olivera, el represor condenado que se fugó hace ocho días del Hospital Militar Central Cosme Argerich. En sociedad con el capitán retirado Jorge Humberto Appiani, otro militar y abogado procesado por delitos de lesa humanidad, Olivera había formado un fideicomiso al que ambos cedían los honorarios millonarios que cobraban por juicios contra el Estado. El dato lo aportó el Ministerio de Defensa y se anunció en una conferencia de prensa que el ministro Agustín Rossi compartió con su par de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, y el titular de la Unidad de Información Financiera, José Sbatella. Mientras continúa la búsqueda de los prófugos, trascendió que no hay rastros de la mujer de Olivera, la psicóloga Marta Ravasi, quien gestionó ante la Justicia de San Juan la autorización para el traslado que derivó en la fuga, y que trabajaba en el área de Salud Mental del hospital de Avenida Luis María Campos. Los organismos de derechos humanos de San Juan se movilizaron ayer para exigir la captura de Olivera y de Gustavo De Marchi, el segundo condenado fugado, y reiteraron su reclamo para que se investigue la posible complicidad del Poder Judicial de la provincia.

Olivera y De Marchi, condenados el 4 de julio a prisión perpetua y a 25 años de prisión, respectivamente, se escaparon del Hospital Militar el jueves pasado, luego de que el juez Leopoldo Rago Gallo y su par Miguel Gálvez, que lo subrogó durante la feria, autorizaran un traslado de más de mil kilómetros con el argumento de brindarles un tratamiento médico dermatológico en un caso y psiquiátrico en el otro. El Poder Ejecutivo dispuso de inmediato, entre otras medidas, una recompensa de dos millones de pesos por cada uno a quien aporte información para recapturarlos.

Ayer, en conferencia de prensa, Rossi, Alak y Sbatella anunciaron el congelamiento del CUIT y las cuentas administrativas de los dos prófugos y el bloqueo del fideicomiso conformado por Olivera y Appiani, que está procesado con prisión preventiva por su actuación durante la dictadura en Entre Ríos. “Olivera y Appiani, en su carácter de abogados, defendían a represores acusados de cometer delitos de lesa humanidad y patrocinaban acciones administrativas y judiciales contra el Ministerio de Defensa por actualización de haberes de personal de las Fuerzas Armadas”, explicó Rossi. “Desde el ministerio descubrimos que constituyeron un fideicomiso sobre el cual liquidaban absolutamente la totalidad de los honorarios percibidos en el ejercicio de esas acciones judiciales”, dijo, y agregó que “esta información la elevamos a la AFIP, a la UIF y al Ministerio de Justicia para que se proceda con las acciones correspondientes”.

Sbatella explicó que “corresponde a la UIF aplicar el artículo 306 del Código Penal: a todo terrorista de Estado prófugo le cabe el congelamiento de fondos, lo que implica: cuentas bancarias, tarjetas de crédito, fondos fiduciarios, además de las viviendas y vehículos”. “En este momento se está haciendo la investigación en el lugar de los hechos donde estaban los fondos, y se está recabando toda la información bancaria y movimientos para determinar de dónde venía el dinero, hacia dónde iba y eventualmente si están sosteniendo la vida de otros prófugos”, señaló.

Alak, a su turno, advirtió que la nueva información “da cuenta de la posibilidad real y concreta de la existencia de un aparato de financiamiento permanente para los prófugos acusados o condenados por delitos de lesa humanidad, que actualmente son más de sesenta”. “Nadie puede pasar más de 48 o 72 horas prófugo de la Justicia si no tiene un sostén logístico detrás”, advirtió.

A la misma hora de la conferencia de prensa, más de 300 personas se manifestaban en San Juan para pedir la recaptura de los prófugos y exigir la investigación de todos los partícipes y cómplices de la fuga. La marcha partió de la plaza central y concluyó frente a la sede del juzgado federal de Rago Gallo, donde se realizó un acto bajo la consigna “No a la impunidad”. Víctor Carabajal, hermano de un desaparecido sanjuanino, pidió al Gobierno “que la fuga de los genocidas no sea minimizada” y reclamó luchar “contra la mano del poder de los grandes intereses que se pusieron en marcha con complicidad de la Justicia”.

Un prófugo bien activo

Olivera y Appiani, además de defender a otros represores por sus crímenes durante el terrorismo de Estado, patrocinaban a militares retirados en reclamos judiciales de haberes contra el Estado. Los honorarios profesionales que recibían fueron cedidos en 2009 al fideicomiso financiero “SJ2”. Según la investigación interna del Ministerio de Defensa, ambos abogados se habían constituido formalmente como fiduciantes de “SJ2” el 26 de agosto de 2008, curiosamente durante la primera etapa de Olivera como prófugo de la Justicia. Su detención se había ordenado a fines de 2007 y se concretó el 3 de noviembre de 2008, cuando la Policía Federal lo ubicó en Vicente López. Como fiduciario de “SJ2” actuaba el denominado Banco de Servicios y Transacciones SA y como colocador Pemesa SA. Según el balance realizado al 31 de diciembre de 2010, cuando los dos represores ya estaban detenidos, el total de acreencias a favor del fideicomiso “SJ2”, por las causas con honorarios ya regulados o subordinados al resultado del proceso (pacto de cuota litis), ascendía a 9.457.803 pesos.

Con una serie de operaciones financieras y reclamos judiciales se habría intentado luego desdibujar la vinculación entre los abogados militares y el cobro de honorarios a través de un fideicomiso. En la causa judicial “Chretien Mario Luis c/Ministerio de Defensa”, por ejemplo, aparece reclamando el pago de honorarios un nuevo fiduciario denominado “Fiduciaria DPA SRL”. Desde la cartera que conduce Rossi explicaron que no cuentan con documentación que les permita conocer quiénes son los socios que integran la entidad, aunque se sabe que el actual representante judicial de ese nuevo fiduciario es el estudio Nicholson y Asociados. Fiduciaria DPA SRL se constituyó como sucesor de “SJ2” el 29 de diciembre de 2011. En el documento que lo acredita, figura CVI GVF Argentina SRL como tenedora mayoritaria de los certificados de participación en el fideicomiso.

Con la información aportada por Defensa, la Unidad de Información Financiera, que ya había ordenado el congelamiento administrativo de bienes y dinero a nombre de los condenados, procedió a inhabilitar el CUIT de todas las firmas mencionadas. La UIF se basó para congelar los fondos en el artículo 306 del Código Penal, por tratarse de “financiamiento para terrorismo”, en este caso terrorismo de Estado, según explicó Sbatella. El objetivo, señaló, es “paralizar todos los movimientos económicos a través del congelamiento de cuentas bancarias, tarjetas de créditos, fondos fiduciarios, viviendas y autos”.