La oposición planteó el tema del alcohol en medio del debate sobre la despenalización del cannabis.
Imagen: EFE.

Como parte de una gestión integral de riesgos del consumo de drogas legales e ilegales, ayer el gobierno uruguayo dio a conocer un nuevo proyecto de ley para profundizar los controles en la venta y publicidad de las bebidas alcohólicas. La iniciativa prevé la creación de un ente regulador que se financiará a través del expendio de licencias, que abarcan desde la venta mayorista hasta la distribución por única vez en eventos, y también de las multas. Se prohibiría, con ciertas excepciones, la venta entre las 22 y las 8, incluyendo los deliveries, se controlará el consumo por parte de menores en la vía pública y en los lugares de enseñanza. También se limitará la oferta en espectáculos deportivos y culturales; no se podrá beber en la vía pública, tampoco ofrecer happy hours (dos por uno) y canilla libre. La publicidad de bebidas sólo podrá emitirse fuera del horario de protección al menor.

El texto de esta ley entró el miércoles pasado al Parlamento, en momentos en que se discutía la media sanción para proyecto de regulación del cannabis y sus derivados. Ambas iniciativas fueron evaluadas y reclamadas, por distintos partidos políticos, en la Comisión de Adicciones de ese cuerpo legislativo creada en 2010. En Uruguay existen 260 mil usuarios problemático de alcohol, según consta en el proyecto, donde se define el consumo de esta sustancia como el “factor de riesgo que más negativamente influye en la sobrevida y la calidad de vida de los uruguayos”.

El principal objetivo es la disminución de la edad de inicio en el consumo habitual, que en promedio es entre los 15 y 16 años, aunque muchos los prueban por primera vez a los doce. “Está demostrado que el consumo precoz de alcohol aumenta significativamente, en términos probabilísticos, el desarrollo posterior de la dependencia al mismo en algún momento de la vida”, se afirma en el texto. Otra meta es aumentar la percepción de riesgo, ya que uno de cada cuatro usuarios cree que son nulos o casi nulos.

“El alcohol es hoy la droga que más costos sociales, económicos y humanos genera debido a su alta prevalencia en la población y a los patrones de consumo de riesgo y de alto riesgo”, sostiene otra parte del proyecto. Nueve de cada diez uruguayos de entre 15 y 65 años, se agrega, bebieron algunas vez, casi el 74 por ciento lo hizo en el último año y más de la mitad consume regularmente.

Ante este panorama, la iniciativa prevé crear una Unidad Reguladora de Bebidas Alcohólicas (URBA), que otorgará, cobrará y podrá anular licencias: distribuidores y vendedores al por mayor; a quienes oferten para consumir dentro y fuera de un establecimiento; “casas de fiesta” y distintos tipos de eventos, sean discotecas o celebraciones puntuales (que podrán gestionar permisos para vender o distribuir más allá de las 22). Queda totalmente prohibido ofrecer alcohol en eventos donde haya menores de edad.

Esto último involucraría eventos culturales, deportivos y recitales, “salvo cuando los mismos se desarrollen en predios delimitados” y previamente autorizados. Esta última prohibición, agrega el proyecto, “podrá abarcar la zona de influencia que comprende un radio de 500 metros, dos horas antes y dos horas después del desarrollo de los respectivos eventos”. Si alguien asiste borracho a un concierto o a una discoteca, no podría entrar y debería ser derivado al sistema de salud. No se podría consumir ni comprar en la vía pública y en caso de que lo haga un menor, sus padres deberán responder por él.

No se permitiría la promoción de productos cruzados, como alcohol y bebidas energizantes, ni poner, en los hipermercados, bebidas cerca de las gaseosas. La publicidad no debería asociar el uso de alcohol a la mejora del rendimiento físico, intelectual, al “éxito social, profesional o sexual” o al suceso de personalidades reconocidas.