“No pudo resistir la noticia de la fuga”, conjeturó Margarita Camus, la jueza de San Juan y querellante en el juicio por delitos de lesa humanidad desarrollado en esa provincia en el que fueron condenados los represores Jorge Olivera y Gustavo De Marchi, prófugos desde hace una semana, respecto de la muerte de Jorge Moroy, que se produjo el miércoles. El Polaco, como solían llamarlo, fue montonero en San Juan y uno de los tres sobrevivientes del centro clandestino de detención que funcionó en la ciudad puntana La Marquesita. Desde hacía un par de años, sus compañeros de militancia sostenían financieramente su residencia en una casa para ancianos.

Moroy integró durante los años ’70 la unidad básica ubicada en la “esquina colorada” de Rivadavia, un departamento cercano a la capital sanjuanina. Se hizo de varios compañeros durante sus años militantes, incluida la francesa Marie Anne Erize, quien hoy continúa desaparecida. En diciembre de 1976 fue detenido en su casa por Olivera. “Pasó un día y medio en La Marquesita, donde fue brutalmente torturado. Luego lo sometieron a un Consejo de Guerra y lo legalizaron”, recordó Camus. Estuvo en las celdas de Chimbas, la misma cárcel donde estuvo detenida la querellante en el juicio por delitos de lesa humanidad en el que Olivera, De Marchi y otros represores fueron condenados. A partir de 1977 lo trasladaron a Sierra Chica y luego a La Plata.

“El Polaco celebró mucho el día de la condena, para la que sabía que había puesto varios ladrillos para que fuera posible”, puntualizó Camus. Moroy había contado su historia “en todas las instancias que se abrieron”: en los juzgados de instrucción militar durante el gobierno radical, en Mendoza; en Francia, por la desaparición de Erize; y en San Juan, en el marco del último juicio. “Pero nunca dejó de sentirse perseguido. Nunca olvidó las torturas, ni pudo rearmar su vida. A una semana de la fuga, los represores se cobraron la primera víctima”, concluyó la magistrada.