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Los bancos están preocupados. El motivo de sus cavilaciones se ubica en una pequeña oficina del tercer piso del Palacio de Tribunales donde un juez de instrucción y sus cinco empleados estudian los diskettes con informes y balances de seis grandes entidades argentinas, cuatro de ellas filiales de importantes matrices extranjeras.
Sobre los principales directivos del Citi, del Boston, del Scotia, del Sudameris y del Galicia pesa la prohibición de salir país, dispuesta por el mandamás de esos sesenta metros cuadrados, Mariano Bergés, un nombre que el viernes era vitoreado por los ahorristas y depositantes que manifestaban caceroleando por el microcentro.
Para sorpresa de los banqueros, el magistrado está interesado en saber si hubo algo más que el temor a una corrida fenomenal en el origen del “corralito”. Quiere averiguar si había liquidez y cómo se manejó el mecanismo de empalme entre ahorros y préstamos, si los préstamos eran en verdad préstamos y si los verdaderos préstamos habían sido correctamente otorgados: cómo, en última instancia, se administró el dinero del cliente común. Pero, pese a la aparente intensidad de la “blietzkrieg” de la semana que pasó, el magistrado se mueve con pies de plomo. Los más avezados estudios porteños se han puesto en movimiento y algunas jugarretas, incluso graciosas, dan la pauta de que echar luz sobre el tema no será una tarea pacífica.
El viernes 15 se realizó el primer allanamiento. La lista la abrió el Sudameris, el banco donde habían quedado cautivos los 15 mil dólares del profesor de gimnasia jubilado que presentó en el jugado 4 la primera denuncia. En los seis días siguientes se allanaron otras seis entidades, incluido el Banco Río, nombre argentino del Santander-Central Hispano, cuyo jefe máximo es el financista español Emilio Botín. También fueron allanadas en dos oportunidades (el jueves y viernes últimos) las oficinas centrales de Pecom Energía, del Grupo Pérez Companc. Los créditos otorgados a Pecom por el Scotiabank habían llamado la atención por sus montos y, sobre todo, las características de algunos de ellos.
Muchos se preguntaron cómo había saltado el juez del problema particular del docente jubilado con el Sudameris a la investigación de los más sonados bancos de plaza. Es que, subrogando al titular del juzgado 5, Bergés había recibido una denuncia similar. Dos casos que lo convencieron de la necesidad de convocar a otros damnificados. Se presentaron más de trescientos, entre ahorristas y depositantes del resto de las entidades.
Al mismo tiempo, Bergés dictaba la prohibición de salir del país sin previa autorización judicial a un grupo de ejecutivos, casi todos presidentes y altos directivos de los bancos investigados. De las reducidas dependencias del juzgado (que, aunque se diga que funciona en el tercer piso se encuentra en el primero porque en el Palacio las cosas rara vez son lo que parecen) donde los empleados se chocan con sillas y escritorios, salió la lluvia de notificaciones.
En la primera tanda se deslizaron errores. Se le impedía salir del país a Carlos Fedrigotti en su calidad de presidente del Citi. Sin embargo, Fedrigotti se hallaba en el exterior, a cargo del Citibank en Roma, discreta y velozmente sacado del medio luego del affaire con el CEI y la sociedad que el Citi y Richard Handley (con la venia de John Reed, el ex factotum del banco a nivel internacional) habían establecido con el propietario del ex Banco República, Raúl Moneta. El escándalo del hundimiento de Moneta y su discrecional operatoria con empresas vinculadas y sociedades off shore habían puesto en un brete al Citi y obligado a Fedrigotti a declarar ante una subcomisión del senado de los Estados Unidos. En su lugar, el Citibank de Nueva York había colocado a Peter Baumann. ¿Cómo era posible que el juzgado de Bergés cometiera semejante ligereza? La respuesta era simple: la lista de ejecutivos había sido solicitada al Banco Central y éste había contestado con una lista desactualizada en la que figuraban los integrantes del anterior staff. ¿Unsimple error? ¿Una manera de entorpecer las actuaciones? ¿Una zancadilla para poner en ridículo a Bergés? Vaya uno a saber.
Repuesto de la primera impresión, Baumann pidió la venia del magistrado para viajar. Bergés no se opuso, a condición, eso sí, de un depósito previo de 20 millones de pesos en garantía. Hasta ahora el depósito no se ha hecho efectivo, pero versiones procedentes del propio Citi indican que la entidad se haría cargo de la caución en los días venideros. Los rumores agregan que Carlos Pace, del Scotia, también habría explorado la posibilidad de viajar, aunque el precio que Bergés fija a su libertad de desplazamiento puede disuadir a cualquiera. Veinte millones de pesos o diez millones de dólares es una fianza inusual para una justicia que apreció en sólo cien mil la del embargado criador de caballos criollos.