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Un grupo de diputados del ARI pidió a la Justicia la detención del ex presidente Fernando de la Rúa y de su ex ministro de Economía Domingo Cavallo, en la causa en la que se investiga la legalidad del decreto que creó el corralito. Según el escrito presentado el viernes pasado en el juzgado de María Servini de Cubría, el grupo de diputados encabezados por Lilita Carrió consideró que si –como esperan– su pedido es atendido, conseguirán que “los gobernantes sepan que no cuentan con un bill de impunidad en cuanto a decisiones de tipo económicas que comprometan la vida, el honor y la fortuna de los argentinos que han quedado a merced del Gobierno, habida cuenta de la ilegal o delictiva confiscación del ahorro de los habitantes del país que estaban en el sistema bancario”.
El viernes los diputados del ARI Elisa Carrió, Alfredo Bravo, Graciela Ocaña, Marcela Rodríguez y Mario Cafiero se presentaron ante Cubría para denunciar por los delitos de abuso de autoridad y retención indebida a De la Rúa, Cavallo y demás firmantes del ya célebre –y odiado– decreto 1570/01, entre los que figuran el ex jefe de Gabinete Chrystian Colombo y los ex ministros Adalberto Rodríguez Giavarini, Ramón Mestre, Jorge de la Rúa, José Jaunarena, José Dumón y Daniel Sartor. Los diputados se presentan como querellantes en la causa porque consideran que la norma avasalló sus facultades como legisladores.
En los considerandos los diputados piden que “en atención a la gravedad de los delitos aquí investigados y la enorme consecuencia social que ha generado el decreto 1570 desde su dictado, llegando a darse el caso que se han presentado más de 40 mil amparos en su contra por parte de la población solo en la Capital Federal, se requiere la urgente indagatoria y detención de Fernando de la Rúa y Domingo Felipe Cavallo”.
En el ARI explican que con el pedido no buscan la persecución del tándem que gobernó el país hasta el 20 de diciembre del 2001 sino que pretenden que se dé una especie de escarmiento público que sirva como señal: primero, para que otros gobernantes no caigan en la misma tentación; segundo, para que la gente vuelva a confiar en el sistema financiero y depositen sus ahorros.
“Una de las claves para hacer funcionar la economía pasa por recuperar el sistema financiero”, explicó el diputado Mario Cafiero. “Para eso, es fundamental que la gente vea que quienes han hecho un abuso de su autoridad pagan sus culpas. De esa forma, comenzarían a sentirse más tranquilos y recuperarían parte de la confianza que se le fue con el corralito”, agregó.
Los legisladores entienden que de acuerdo a como viene actuando Servini no sería extraño que su pedido sea tomado en cuenta. “La veo a la jueza muy decidida y está actuando con mucha celeridad”, comentó uno de los diputados. Con todo, no puede dejar de parecer extraño imaginar en De la Rúa y Cavallo presos, aún teniendo en cuenta la furia que sigue despertando el corralito entre los ahorristas atrapados. “Es que sólo si la gente ve que Cavallo o De la Rúa están presos van a estar seguros que nadie les va a volver a tocar sus ahorros”, completó Cafiero.
Igual, no es la única causa judicial que preocupa al ex presidente y al ex ministro. Justamente por orden de Servini de Cubría, De la Rúa tiene prohibido salir del país en la investigación que lleva adelante para esclarecer los siete homicidios ocurridos durante la brutal represión policial del 19 y 20 de diciembre pasados.
En tanto, Cavallo tiene prohibido salir del país en tres causas judiciales diferentes. La del juez en lo penal económico Julio Speroni es sobre la venta ilegal de armas y pólvora durante el gobierno de Carlos Menem. Al mismo período corresponde la del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, pero se refiere a un manejo irregular de fondos reservados del ministerio de Cavallo. En cambio, la del juez federal Jorge Ballestero es de la gestión aliancista e investiga el megacanje de la deuda.
En la presentación, los diputados también mencionaron otros aspectos del decreto que podrían complicar la situación de los ex funcionarios. Por ejemplo, la bancarización “compulsiva” que dispuso Cavallo que violaría la igualdad constitucional que es la base de los impuestos y las cargas públicas. “Toda la carga recae sobre la gente y crea un privilegio intolerable a favor de los bancos, generándoles una ganancia extraordinaria. Además, ello es violatorio de la libertad individual prevista en el artículo 19 de la Constitución nacional”, dice el escrito.