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“El decreto 214 de necesidad y urgencia dictado por el presidente Eduardo Duhalde pone en juego todo el sistema”, sentenció Norma Bevillaqua, adjunta del Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino. Esta abogada, docente de Derecho Administrativo en la Universidad de Buenos Aires y que además ostenta el título de licenciada en Sociología, aseguró a Página/12 que la Defensoría del Pueblo presentará una demanda colectiva contra el Poder Ejecutivo Nacional en la que acusará de inconstitucional el decreto presidencial que pretende aplicar el Coeficiente de Estabilización de Referencia (el llamado CER) a las deudas menores a 100 mil dólares.
–¿Por qué considera que este decreto presidencial es inconstitucional?
–Porque un decreto de necesidad y urgencia sólo se debe dictar cuando, por circunstancias especiales, el Congreso no puede dictar una ley o cuando se reglamente una situación de emergencia para la cual no exista una legislación previa, pero en este caso sí existe y es la que el mismo Poder Ejecutivo giró al Congreso. De hecho, este decreto modifica sustantivamente el sistema de garantías que introdujo la ley de Emergencia Pública y Reforma Cambiaria que había sido formulada en favor de los sectores de menores ingresos para disminuir el impacto de la devaluación teniendo en cuenta el retraso cambiario acumulado durante los diez años de convertibilidad.
–¿Y respecto a los deudores del sistema financieros?
–Con respecto a los deudores del sistema financiero, ya sea los pequeños o las empresas con pasivos abultados como Telecom, Telefónica, Aguas Argentinas y las petroleras, la ley dispone dos regímenes distintos. El que tiene la mayor protección es para los deudores de hasta 100 mil dólares, ya que el Poder Ejecutivo Nacional reestructura la deuda a un peso por dólar, pero para el resto que son las empresas que tienen capacidad de pago en dólares, la ley le da al Poder Ejecutivo la facultad para implementar las medidas que morigeren el impacto de la devaluación. Pero ahora se les aplica el CER a los deudores chicos. La ley es sabia en materia de protección de los efectos de devaluaciones sobre los más débiles y ahora este decreto ataca la posibilidad de introducir equilibrios en un sistema descompensado en el momento de mayor crisis. Es una ley inteligente, solidaria y racional y el propio Duhalde la desvirtuó de forma y fondo.
–¿Este decreto del Presidente contradice la ley que él mismo envió al Congreso?
–Es Duhalde contra Duhalde en término de un mes. La ley de emergencia elevada por el Presidente prohibía la indexación y ahora el decreto introduce un coeficiente que mide la variación de los precios minoristas para ajustar las deudas. Lé garantizan la pesificación a los deudores pero se viola la prohibición de indexar la economía. Además después de este decreto va a ser muy difícil mantener las tarifas de los servicios públicos.
–¿Por qué?
–Por que en mi opinión iban a permanecer igual y ahora van a aprovechar el CER para subir las tarifas. Luego de una devaluación del cien por ciento ahora está todo indexado, como los contratos de alquileres y las deudas, pero además las negociaciones con las empresas privatizadas tiene otra base.
–¿En que se perjudica el sistema económico?
–Los efectos del decreto 214 en una etapa de presión económica y en caída del salario real son similares a la circular 1050 de José Martínez de Hoz que actualizaba el capital que se pagaba y cada vez se debía más. Esta medida incluye a todas las deudas, incluso a las de aquellos que acumularon ganancias extraordinarias durante los últimos años. El equilibrio va a ser sostenido cuando los ganadores del modelo aporten al sistema. Duhalde pesifica todo y transfiere la carga al Estado para compensar el descalce de los bancos. Las empresas con capacidad de pago endólares devuelven pesos uno a uno al banco, y el Estado se compromete a compensar con el impuesto a las petroleras, que ya se vio lo que pasó. No se pueden seguir sumando pobres al sistema, cuando hay una ley que protege a los más débiles y luego se extiende a todos y para compensar se aplica el CER a los deudores chicos se corre un serio riesgo de no recuperar la institucionalidad del sistema representativo.