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Poco antes de las ocho y media de la mañana del 26 de agosto de 1998 cinco personas fueron arrestadas frente al domicilio del entonces ministro de Interior, Carlos Corach. Habían ido, como representantes de los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA –del que se cumplían 1500 días–, para entregar un petitorio. El comisario Luis Fernández, ex superintendente de seguridad metropolitana, fue procesado por privación ilegal de la libertad reiterada por este caso pero a fin del año pasado la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional dictó la falta de mérito. El expediente, que quedó en la práctica en un punto muerto, es una muestra de las maniobras y el comportamiento de la Policía Federal.
Como era habitual en esa época, la puerta del edificio de Corach estaba atestada de movileros. Pero ese día, además, hubo cincuenta policías, dos carros de asalto y uno de los helicópteros de la Policía Federal que transmitió las imágenes de lo que ocurría a la Sala de Situación ubicada en el Departamento Central. Después de que el ex ministro se fuera del lugar, el comisario Angel Aragona recibió una orden y dispuso la detención de cinco manifestantes. Eran siete pero los dos que le habían entregado el documento a Corach fueron expresamente excluidos del arresto.
La presencia del periodismo hizo que los arrestos, que se estaban convirtiendo en un escándalo, duraran sólo veinte minutos. En la investigación que impulsó el fiscal Pablo Lanusse se comprobó que las detenciones fueron ilegales. Ninguno de los tres camaristas –cuya decisión se conoce ahora– cuestionó este hecho. Alfredo Barbarosch consideró que el procesamiento que había dictado el juez Vicente Cisneros debía ser confirmado. Pero Mariano González Palazzo y Carlos Gerome adhirieron al planteo de la defensa, que argumentó que no estaba probado que el ex comisario hubiera impartido la orden a sus subordinados. “No existe aún prueba directa o indirecta que sindique, con la certeza requerida como para dictar un auto de mérito, que Luis Santiago Fernández fue quien emitió la orden de proceder a detener”, afirmó Gerome. Pero fue el mismo policía, por entonces titular de la División General de Operaciones, quien admitió haberla dado. Lo hizo casi inmediatamente luego de los arrestos, en diálogo radial con Nelson Castro.
–El manejo de este comentario ha sido lamentable –dijo el periodista.
–El comisario no hace más que seguir órdenes.
–¿De quién?
–Mías.
“El reportaje periodístico que se utiliza en su contra no revela que, en forma concreta, se haya impartido la orden de detener, sí la de proteger la integridad del otrora ministro del Interior. Por otra parte tampoco puede ser soslayado que al momento de los hechos se encontraba amenazada la vida del ex ministro”, expuso Gerome.
La alusión al peligro que supuestamente corría Corach surgía de una denuncia que la justicia había archivado cuatro meses antes. Además, Barbarosch, el camarista que votó en disidencia, aseguró que “la posible existencia de un operativo tendiente a terminar con la vida del otrora ministro no autoriza a las fuerzas policiales a detener a toda persona que se encuentre en las adyacencias del ministro, por las dudas que tuviere algo que ver”. González Palazzo afirmó que el tiempo que duraron las detenciones no era suficiente para considerar que se trataba de privaciones ilegales de la libertad y coincidió con Gerome en que no se sabe si el imputado dio la orden.
La decisión de Gerome y González Palazzo de dictar la falta de mérito implica que el ex comisario no queda desligado de la causa, puede ser procesado si aparecen nuevos datos. Pero los camaristas no indican que deba profundizarse la investigación. Sólo reflotan la idea de la posible comisión de “excesos” por parte de los subordinados. La causa sólo podría seguir adelante si se acepta un postergado pedido de Lanusse de interrogaral ex subjefe de la Policía Federal, Mario Data, quien el 26 de agosto de 1998 era el oficial de mayor jerarquía en la Sala de Situación.
En el expediente que se realizó durante más de tres años quedaron claras varias cosas:
u El comisario Argona declaró que en un principio no acató la orden de detener a los manifestantes porque “el panorama era totalmente normal y manejable respecto a los manifestantes”. Y que al serle reiterada varias veces pensó que existían motivos valederos que él desconocía.
u Para justificar las detenciones se apeló a dos argumentos: Por un lado la infracción del artículo 41 de Código Contravencional de la Ciudad –la obstaculización de la circulación–. Pero el juez Cisneros dijo que los manifestantes eran escasos y al ser invitados a reubicarse accedieron sin problemas. La segunda excusa fue la llamada Ley Lázara, que establece que sólo pueden detenerse a personas sin orden del juez competente si existiesen presunciones fundadas de que hubiese cometido o pudiera cometer un delito y además no acredite su identidad en el lugar. Pero a los representantes de los familiares de la AMIA nadie le pidió documentos, que tenían encima.
u En su diálogo con Nelson Castro, Fernández aseguró que: “Es responsabilidad mía. No hay ningún detenido, las personas están recuperando la libertad en este momento”. Al pedir el procesamiento del ex comisario, Lanusse se apuntó: “Razonamiento extraño, no hay detenidos, pero las personas están recuperando su libertad. ¿quién recupera su libertad sino aquel que estuvo privado de ella?”.
La negativa de la Cámara a confirmar el procesamiento beneficia a Fernández, que tuvo que dejar su cargo poco después de las detenciones de los familiares de la AMIA por haber sido imputado como responsable de un sistema de recaudación de coimas a vendedores ambulantes, prostitutas y levantadores de juego.