El ex ministro de Defensa y Economía de Fernando de la Rúa Ricardo López Murphy se reunió la semana pasada con familiares de represores en la sede de la Asociación de Abogados de la Justicia y la Concordia, agrupación que considera “presos políticos” a los condenados por crímenes de lesa humanidad, y aconsejó pedir prisión domiciliaria de los genocidas. Además, lamentó que el contexto actual impida una nueva amnistía. A diez años de la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final, que impedían que los responsables de crímenes ocurridos durante la última dictadura cívico-militar fueran juzgados, el economista se pronunció en contra de la histórica reapertura de los juicio. Ante un grupo de personas que defienden a los represores y genocidas criticó la política de derechos humanos del gobierno actual y aseguró que la nueva Corte Suprema creó, después del estallido de 2001, una “situación jurídica extremadamente delicada al declarar la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad”. En tal sentido, agregó que “se vivió una guerra y el país, en el orden institucional, juzgó, condenó, limitó la pretensión punitiva con la ley de punto final y estableció los términos de cómo debía interpretarse la obediencia debida. Con los indultos se concluyó el proceso que la Argentina había vivido”. López Murphy consideró, por otro lado, que no será fácil volver a conseguir una amnistía y analizó que entonces “el único camino es el reclamo de derecho humanitario”; es decir, que los represores no sean alojadas en cárceles.