[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Por Irina Hauser y Felipe Yapur

“Más que juicio se debería hablar de simulacro” o de “una ejecución política”, dice el descargo que presentó ayer el ministro de la Corte Suprema, Eduardo Moliné O’Connor, ante la Comisión de Juicio Político. Con argumentos similares a los que usó su amigo Julio Nazareno al defenderse antes de renunciar, el supremo tenista acusó a los diputados de desconocer el Derecho y de haber montado, junto con el Gobierno, “una embestida contra la independencia del Poder Judicial”. También advirtió que se reserva la chance de recurrir al máximo tribunal que él integra e incluso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). A las pocas horas de recibir el escrito, los diputados rechazaron su pedido de una prórroga de 30 días para completar la defensa. Harán lo mismo con los planteos de nulidad, las recusaciones y la solicitud de ampliación de las pruebas.
Más allá del contenido del voluminoso descargo de Moliné, la decisión de avanzar con el enjuiciamiento en la Cámara de Diputados está tomada y goza de consenso como para llegar al Senado. Aunque allí los menemistas aseguran que están trabajando para frenar la embestida, en el oficialismo dicen que ya los dos tercios están asegurados. Mientras tanto Moliné resiste y, algunos de sus colegas de la Corte, creen que será capaz de soportar presiones por un buen rato, con mayor firmeza que Nazareno.
Con la mano derecha apoyada sobre el mamotreto de hojas del supremo, el presidente de la Comisión de Juicio Político, Ricardo Falú, se mostró tranquilo y le dijo a Página/12 que “el escrito, por más esfuerzo de los defensores de Moliné, no revela una violación al derecho de la defensa que se nos quiere achacar”. “El eventual dictamen acusatorio será más categórico y mejor fundado que la defensa que, dicho sea de paso, no trae ningún elemento que preocupe sobre el debido proceso”, desafió el tucumano. Una nota que envió a la tarde a los abogados del ministro, Gregorio Badeni y Eduardo Aguirre Obarrio, decía que los diputados también se reservan la opción de recurrir a la Corte o a la CIDH.
Había 19 diputados reunidos cuando ingresó a la Secretaría de la Comisión el texto del ex vicepresidente de la Corte. Poco les importó. Estaban enfrascados en un debate que inició la menemista Alejandra Oviedo, que se erigió en defensora de Moliné, al punto de desplegar argumentos casi calcados de los que aparecían en el documento recién llegado. Mientras los letrados del ministro describieron el juicio político como un “simulacro” y una “parodia”, la diputada habló de “una farsa”. Y se quejó por la actuación de sus pares acusándolos de encubrir “una mala intención política” al pretender, dijo, “llevarse puestos” a los cortesanos.
Más diplomático, el texto del dirigente de tenis señala “un plan concebido para concretar la separación de todos o casi todos los jueces de la Corte, cuya ejecución fue dispuesta por la Presidencia de la Nación y acatada dócilmente por la mayoría de los integrantes de la Comisión de Juicio Político”. Todo apuntaría, advierte, a “destruir el orden constitucional y la convivencia democrática”, a “subordinar el Poder Judicial al poder político”. A medida que avanza, crece la ironía: “¿Quién invertirá dentro del país si sus ahorros no pueden ser garantizados por un juez independiente?”, pregunta. A los legisladores los trata de ignorantes y pone en duda “su buen criterio” y “su equilibrio”.
Los fundamentos más técnicos dicen que un magistrado no puede ser juzgado por el contenido de sus fallos, que eso afecta su inamovilidad e independencia, que los fallos de la Corte son firmados no por uno sino por varios ministros y así serían todos corresponsables, que no se sustanció debidamente el sumario, que los mismos denunciantes son instructores, que deben apartarse los diputados-abogados matriculados en el fuero federal, que los cuatro días para contestar los cargos son discriminatorios y afectan la garantía de defensa en juicio y que las acusaciones, según los letrados, son “vagas” y afectan al debido proceso. Badeni y Aguirre Obarrio piden 39 medidas nuevas y tener acceso a la fundamentación completa de los cargos. También apuntan directamente al presidente NéstorKirchner, al ministro Gustavo Beliz y a varios diputados por “emitir opiniones condenatorias de antemano”. A Falú le adjudican “trabas autoritarias” y “controles penitenciarios” ante los trámites que tuvieron que realizar en la comisión.
Falú refutó la teoría de que todos los supremos que firman un fallo son igualmente responsables. En el “caso Meller”, citó como ejemplo, Moliné hizo un voto propio con el que “legitimó un proceso administrativo fraudulento que le puede costar hoy al Estado unos 400 millones de pesos en bonos”. El diputado sostuvo, además, mientras blandía una lista de antecedentes que “desde 1892 hasta la fecha hay precedentes en los cuales se ha acusado o destituido a magistrados porque, de sus sentencias, se desentrañaba un mal desempeño propio de la función”.
La Comisión de Juicio Político declaró admisibles cuatro nuevos pedidos de juicio político contra el fan del tenis (ver recuadro). Se tomará más tiempo, en cambio, para analizar el “caso Leiva”. Según los cálculos de los diputados, el 13 de agosto la acusación llegará al recinto a la espera de aprobación.