“Las relaciones entre Argentina y Uruguay están por encima de los intereses de una empresa”, afirmó ayer el canciller Héctor Timerman y ratificó así el rechazo argentino al pedido de la firma finlandesa UPM de aumentar la producción de celulosa en la planta que opera en Fray Bentos. Además, explicó que hay un informe de impacto ambiental realizado en el río Uruguay, pero que no lo dará a conocer por haber “un pacto de caballeros” para que ambos países presenten sus estudios “al unísono”. El intendente del departamento uruguayo de Río Negro, Omar Lafluf, sostuvo que “Uruguay no va a resolver aisladamente” y consideró que “hay que tratar de acordar la solución” con Argentina. “No quiero que se corten los puentes de nuevo –manifestó–, ni que se llegue a la Corte de La Haya.” Por otro lado, comerciantes nucleados en la Asociación Comercial e Industrial de Río Negro (Acirn) demandaron al gobierno uruguayo “defender la soberanía” frente a la “prepotencia e intolerancia de nuestros vecinos argentinos”.

A la espera del visto bueno del Estado uruguayo, la pastera Botnia-UPM está temporalmente inactiva tras agotar la cuota de producción anual en el período en curso. “El reinicio de las operaciones está previsto para el 25 de septiembre, sujeto a la aprobación para incrementar la producción de 1,1 a 1,3 millón de toneladas”, anunció la semana pasada. Sin embargo, Argentina ratificó que no dará su autorización, la cual es necesaria según lo estipula el Estatuto del Río Uruguay, que regula las actividades que puedan afectar las condiciones ambientales en zona binacional.

El canciller Héctor Timerman ratificó la postura del gobierno nacional durante una entrevista radial, en la que subrayó que “las relaciones entre Argentina y Uruguay están por encima de los intereses de una empresa”. Sobre la posibilidad de acudir nuevamente a la Justicia internacional, explicó que “no hay todavía un plazo para ir a los tribunales de La Haya” porque “en enero hubo una presentación con un cuestionario que nunca fue contestado por Uruguay”. “Los 180 días corren a partir de las respuestas de Uruguay”, agregó.

Además, afirmó que realizaron un informe ambiental. “Lo tengo en mi escritorio, pero hay un pacto de caballeros con Uruguay para que los demos a la vez –comentó–. Cuando lo tengan, lo podemos dar a conocer al unísono.”

En el gobierno de Uruguay consideran que la demanda de la pastera Botnia-UPM fue presentada ante la binacional Comisión Administradora del Río Uruguay y que a fines de este mes vence el plazo para que Argentina oficialice su objeción en el organismo. El presidente José “Pepe” Mujica adelantó el viernes pasado que tiene la decisión “en su cabeza”, pero que la hará pública una vez que la “comunique a las partes”.

Lafluf sostuvo ayer que “conociendo al presidente y habiendo hablado con él”, espera que arribe a “una solución que no provoque ningún daño posterior y que esté en el medio” de los reclamos de los dos países. “Uruguay no va a resolver aisladamente”, afirmó y pidió “un acercamiento” para “acordar la solución”. “No quiero que se corten los puentes de nuevo –expresó–, ni que se llegue a la Corte de La Haya.”

Lafluf planteó como una solución intermedia “adelantar” el ciclo productivo de la planta de celulosa con el tope productivo vigente. “Que una vez que termine el mantenimiento, el 22 de septiembre, la empresa arranque a producir con el tope actual, hasta agosto del año próximo”, propuso. Explicó que es “para no mandar trabajadores al seguro de desempleo, como amenazó la firma, y que la empresa siga produciendo”.

“Se pretende que UPM no de-sarrolle su capacidad de producción, en una empresa que ha demostrado ser eficiente, seria y amigable con el medio ambiente”, criticaron comerciantes de Fray Bentos agrupados en la Acirn. Pidieron al Estado uruguayo que “defienda la soberanía” frente a “la prepotencia e intolerancia de nuestros vecinos argentinos”. “No aceptamos amenazas como el corte del turismo”, destacaron.