Las personas condenadas por delitos dolosos o por infracciones a las leyes del juego en la ciudad de Buenos Aires podrán comenzar a votar. Esto sucederá porque el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño declaró la inconstitucionalidad de los incisos de un artículo del Código Electoral Nacional que así lo prohibía. El TSJ hizo lugar a un planteo de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y consideró que la universalidad del voto es un derecho que no se puede coartar por estar condenado y preso. La ADC presentó una acción contra la prohibición del voto de esas personas al considerar que se trata de una “una restricción desproporcionada y desvinculada del delito cometido”, además de “discriminatoria, ilegítima y arbitraria” y que la inclusión de esas personas es un paso “en la progresiva igualación y universalización del derecho a la participación política”.