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Todos los miércoles, los trabajadores de Altos Hornos Zapla viajan los 14 kilómetros que separan Palpalá de San Salvador de Jujuy para manifestar frente a la Casa de Gobierno. Reclaman el pago del Programa de Propiedad Participada que debieron recibir en 1992, cuando la acería fue privatizada, y denuncian el incumplimiento del plan de inversiones que se acordó en el mismo momento. Desde la venta de lo que fue la segunda siderúrgica estatal, que generaba empleo para tres mil personas, Altos Hornos Zapla siguió un proceso de achicamiento y precarización laboral cuya consecuencia para la ciudad fue el aumento de la pobreza y la desocupación. Los obreros piden ahora que se abra una investigación sobre las irregularidades cometidas por la privatizada, para que Altos Hornos se desadjudique y su manejo sea traspasado a una cooperativa de trabajadores.
Las protestas comenzaron hace dos meses, con un desarrollo que tomó algunas características de los piquetes, como la participación en el conflicto de la familia completa de los afectados. De hecho, las marchas están siendo motorizadas por las mujeres de Zapla junto a una comisión de desocupados que acompaña a los trabajadores en actividad. “Nos estamos organizando también con nuestros hijos, porque muchos tenemos chicos de 20 años que sufren el desempleo”, dijo a Página/12 Ramón Lamas, de la Asociación de Profesionales y Técnicos de la acería. Esta semana, una delegación pasó por Buenos Aires para plantear su situación al gobierno nacional.
Zapla se privatizó el 1º de julio de 1992. El nudo de esa licitación se resume en tres datos: el complejo fue valuado en 250 millones de dólares y vendido en 32 millones 500 mil, de los cuales finalmente sólo se pagó el 10 por ciento en efectivo. El resto, que debía cancelarse en bonos de la deuda externa, quedó bajo sospecha de no haber sido completado. Así lo señaló un informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación realizado a raíz de una denuncia de vaciamiento de la empresa. El comprador fue un consorcio integrado por Aubert-Duval de Francia, la constructora Pensa y el Citicorp. En 1999 la siderúrgica pasó a manos del grupo de Sergio Taselli, empresario vinculado en el ambiente político con el menemismo, cuyos negocios se expandieron en los ‘90 al participar de las privatizaciones con la compra del yacimiento carbonífero en Río Turbio (hoy renacionalizado) y el ferrocarril Metropolitano. El pliego de la licitación estipulaba una serie de condiciones a cumplir, entre ellas:
u Un plan de inversiones de 50 millones de dólares.
u El pago de acciones a los trabajadores con la implementación de un Programa de Propiedad Participada al que se debía destinar como mínimo el 10 por ciento del capital social.
u El compromiso de no desmembrar la empresa, integrada además de la acería por 16 mil hectáreas forestadas.
Ninguno de esos puntos fue cumplido.
El Programa de Propiedad Participada, que corresponde a 709 trabajadores, todavía no se pagó. Con el correr de los años, 300 fueron despedidos y reemplazados por personal contratado. El área forestada fue vendida por separado a otra firma. La falta de inversión y mantenimiento, dicen los operarios, ha provocado accidentes por tener que trabajar en malas condiciones. “Sin embargo, en los primeros siete años las empresas se llevaron fuertes ganancias. Nosotros lo sabemos porque estamos a cargo de las líneas de producción y vemos lo que se produce”, señala Lamas.
En Buenos Aires, la delegación tuvo una entrevista en el Ministerio de Defensa, autoridad de aplicación de la adjudicación. Aceros Zapla está en concurso de acreedores y se ha denunciado el retiro de máquinas del predio, lo que va disminuyendo las garantías del pago del Programa de Propiedad Participada y hace temer sobre un cierre de la planta. En febrero, la Justicia federal falló a favor de los trabajadores con una medida cautelar que ordena mantener la actividad y prohíbe modificar la situación jurídica o el funcionamiento hasta que se resuelva la cuestión de fondo sobre el PPP. Los operarios quieren además que se les traspase su manejo, como ha ocurido con otras empresas recuperadas. De los 3074 agentes que tenía el emprendimiento en 1991, quedan ahora 660 puestos de trabajo.