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El banquero del menemismo Carlos Rohm debería seguir preso por liderar una asociación ilícita dedicada a lavar dinero y fugar capitales a través del Banco General de Negocios (BGN), según establece un dictamen que firmó el viernes el procurador general de la Nación, Nicolás Becerra. El texto también advierte que las maniobras financieras fraudulentas detectadas en la investigación de la jueza María Romilda Servini de Cubría lesionan “la seguridad pública de la comunidad”, además de perjudicar a ahorristas y a la economía en general. Este criterio ahora deberá ser analizado por la Corte Suprema, que tendrá la última palabra, y posiblemente incluya este expediente entre los próximos que analice.
Rohm, vicepresidente del BGN, recurrió a la Corte para cuestionar la detención con prisión preventiva ordenada en enero de 2002 por Servini y confirmada por la Sala II de la Cámara Federal. Su hermano José “Puchi”, que presidía la entidad, está prófugo. Las dos instancias judiciales que intervinieron dieron por comprobada la existencia de una asociación ilícita en el funcionamiento organizado de un entramado de empresas, entre las que se destacaban el BGN, la Compañía General de Negocios, el Banco Comercial del Uruguay y San Luis Financial Investment Co. El grupo actuaba, según la pesquisa, en la Argentina y Uruguay, combinando compañías legalmente constituidas con empresas fantasma y hasta contaba con una suerte de manual de instrucciones para evitar que sus operaciones quedaran en evidencia.
La Justicia considera comprobado que en el BGN se institucionalizó un “mecanismo paralelo” que no sólo permitía hacer negocios turbios en beneficio de quienes lo manejaban sino fugar divisas burlando todos los controles, aún después de la implementación del corralito financiero que ordenó Domingo Cavallo cuando era ministro de Economía. Esto a su vez arrastraba piruetas para blanquear dinero sucio, proveniente de delitos y evasión. En el expediente se señalan préstamos a sociedades ligadas al mismo grupo, con accionistas comunes a las tres entidades financieras principales, que en realidad carecían de movimientos económicos importantes. También aparecen posibles defraudaciones a depositantes particulares cuyos fondos eran desviados. La jueza advirtió en su momento que el Banco Central había ignorado los enormes movimientos de dinero.
La denuncia que dio lugar a la causa fue de las diputadas del ARI Graciela Ocaña, Marcela Rodríguez y Elisa Carrió, que aportaron un informe elaborado por un sector de la comisión parlamentaria de lavado de dinero que advertía sobre la existencia de un “sistema financiero paralelo” destinado a lavar, evadir impuestos y sacar plata, lo que habría contribuido al colapso del sistema.
El dictamen que firmó el viernes Becerra, tras un pedido de celeridad del nuevo presidente de la Corte, Carlos Fayt, ratifica la responsabilidad de Carlos Rohm como jefe de la asociación ilícita, por la que también están procesados Rufino Basavilbaso de Alvear, Adrián Couce y Carlos Félix Pando Casado. El procurador refutó, en el texto no vinculante que elevó al Alto Tribunal, todos los argumentos de la defensa de Rohm al ratificar que las escuchas telefónicas ordenadas por la jueza no violaron derecho alguno ni tampoco lo hicieron los allanamientos, que entendió bien justificados.
Becerra dio por constatado el delito de asociación ilícita y consideró que “es una figura autónoma de los distintos delitos que (a través de ella) se llegaran a cometer”, lo que no quita que se verifiquen por separado aquellas acciones fraudulentas posiblemente cometidas en un “actuar societario”. Sostuvo que “el acuerdo de voluntades se vio reflejado, a lo largo de la investigación, en el grado de cohesión de sus miembros –los accionistas y funcionarios bancarios involucrados– que conformaban una organización diseñada para eludir controles y ejecutar con fluidez todo tipo de operaciones financieras marginales” y “en perjuiciode múltiples e indeterminadas personas”, lesionando “seriamente el bien jurídico de la seguridad pública”.
El gran test estará ahora en la Corte Suprema. Habrá que ver qué hacen los supremos con esta causa, teniendo en cuenta que el máximo tribunal –en tiempos en que todavía estaba Julio Nazareno y tenía poder la mayoría automática– cuestionó la aplicación de la figura de asociación ilícita en la venta ilegal de armas, alertando (y reprochando) sobre su abuso a los jueces de primera instancia. Lo que permitió, en definitiva, que Carlos Menem recuperara la libertad.