La Justicia Federal de Bahía Blanca pidió la captura internacional del sacerdote y ex capellán del Ejército Aldo Omar Vara por su presunta complicidad en torturas perpetradas durante la dictadura bajo control operacional del V Cuerpo de Ejército. La detención de Vara, de 80 años, había sido solicitada por la Unidad Fiscal de Asistencia para causas por Violaciones a los Derechos Humanos. En tanto, la Justicia bahiense aún no resuelve la situación de otro civil imputado por delitos de lesa humanidad, el empresario Vicente Massot.

La Unidad Fiscal a cargo de Miguel Palazzani y José Nebbia había pedido en abril la detención e indagatoria del religioso ante el juez Santiago Martínez, quien la rechazó. El magistrado había delegado en ellos el caso, pero denegó el pedido mediante una resolución de sólo dos carillas, cuyo texto argumentativo se resumía en realidad en dos párrafos. Ante esto, los fiscales apelaron ante la Cámara y ayer consiguieron que el tribunal ordenara su captura internacional. Vara ya figura entre los buscados por Interpol, aunque la Iglesia mantiene absoluta reserva sobre su destino. “Por razones de éxito y efectividad de la medida se había mantenido la reserva tanto desde el juzgado como de parte de la Unidad Fiscal”, explicó el fiscal Palazzani. “El capellán, de acuerdo con el reglamento de operaciones psicológicas, es un oficial orgánico y en ese plano está probado también que, de acuerdo con el reglamento, el oficial en su ámbito de actuación operaba en la inteligencia y en el aporte al plan criminal desde su lugar de sacerdote, tratando de entrar por ese lado a las personas que estaban en cautiverio”, agregó.

Palazzani y Nebbia tuvieron en cuenta en su pedido los testimonios de varias personas que durante el primer juicio que se llevó a cabo en Bahía Blanca nombraron al religioso. El Tribunal Oral, a cargo de los jueces Jorge Ferro, José Triputti y Martín Bava, además de condenar el año pasado a 17 personas por delitos lesa humanidad, ordenó “extraer testimonios de las actuaciones pertinentes respecto del accionar de Vara y remitirlos al juzgado federal que corresponda en turno, a fin de que se investigue la posible comisión de delitos de acción pública, artículo 177, inciso 1, del Código Procesal Penal de la Nación”. Sin embargo, la actuación de Vara durante el terrorismo de Estado tomó estado público en el Juicio por la Verdad de 1999. El cura se desempeñó hasta 1979 como capellán del Ejército en el Comando del V Cuerpo y en el Batallón de Comunicaciones 181 y fue mencionado una y otra vez por víctimas que prestaron declaración testimonial en el primer juicio penal contra represores del V Cuerpo, que pudo desarrollarse luego de la caída de las leyes de impunidad y concluyó en Bahía Blanca en septiembre de 2012.

Los testimonios más concluyentes son los de los estudiantes secundarios de la Escuela Nacional de Educación Técnica Nº 1 (ENET) de Bahía Blanca, que permanecieron primero en el centro clandestino de detención La Escuelita y luego de un simulacro de liberación fueron reconducidos a instalaciones del Batallón de Comunicaciones 181, hasta donde se acercaba para tomar contacto con ellos el cura Vara, vestido “con sotana, o con pantalón y el cuello blanco de los sacerdotes”. Vara oficiaba de “el bueno” en el juego de roles como contracara del torturador malo, dado que les llevaba cigarrillos y galletitas. Pero jamás se ocupó de los ruegos de los secuestrados, que le imploraban avisara a sus familias sobre su paradero. En 1999 el cura admitió haber tenido contacto con los estudiantes secuestrados, que le mostraron las secuelas de las torturas padecidas. A Patricia Chabat, Vara le aconsejó “olvidarse de todo lo que le había ocurrido en La Escuelita pues era responsabilidad de sus padres”.

Esta definición judicial podría significar un precedente respecto de una resolución que la misma Cámara debe tomar ante el pedido de detención e indagatoria del empresario Vicente Massot, también acusado de participar en el plan criminal de la dictadura desde su rol directivo en el diario La Nueva Provincia. Massot fue beneficiado por el juez Martínez en primera instancia, pese a que el magistrado también había delegado la investigación en la fiscalía.