Después de muchas idas y vueltas, finalmente el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime fue citado a prestar declaración indagatoria por supuesto enriquecimiento ilícito. Tendrá que presentarse el 25 de noviembre ante el juez Sebastián Casanello e intentar justificar lo que hasta ahora no pudo, y que motivó el estado de sospecha sobre él: cómo fue que incrementó su patrimonio durante sus años en la función pública. Según declaró recientemente el perito contador de la Corte Suprema, Héctor Roccatagliata, que hizo el análisis contable de sus bienes, Jaime no estaría en condiciones de justificar un incremento de seis millones de pesos, la compra de un yate de un millón de dólares y de un avión de cuatro millones de dólares. El fiscal Carlos Rívolo, quien llevó adelante la investigación de los bienes de Jaime, había pedido seis veces que fuera indagado: cuatro cuando el juez de la causa era todavía Norberto Oyarbide y dos cuando Casanello asumió a cargo del juzgado 7 en forma definitiva. Durante la etapa en que tuvo el caso Oyarbide se le llegaron a embargar 40 millones de pesos a Jaime. La declaración testimonial de Roccatagliata fue determinante para el llamado a indagatoria. “Las diferencias en el movimiento patrimonial son apreciables y, en la medida en que se desconocen los orígenes de ingresos que dan motivo a un crecimiento patrimonial apreciable, este crecimiento es injustificable”, afirmó. También serán indagados como testaferros miembros del entorno familiar de Jaime así como los abogados Carlos Lluch y Raúl Viola, ligados a Trenes de Buenos Aires (TBA), que estuvieron vinculados con la compra del yate Altamar 64. Entre los antecedentes más conocidos de juicios por enriquecimiento ilícito está el de María Julia Alsogaray, que fue condenada.