El teniente coronel retirado Alejandro Lawless, procesado por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca, se fugó ayer mientras la Policía de Seguridad Aeroportuaria lo trasladaba a la alcaidía de tribunales de Lavalle y Talcahuano. El represor de 66 años, que había estado prófugo en 2010, acababa de ser detenido por orden del Tribunal Oral Federal bahiense luego de reiterados pedidos del Ministerio Público para evitar que llegara a juicio en libertad. El episodio se produjo a poco más de tres meses desde que Jorge Olivera y Gustavo De Marchi, condenados por delitos de lesa humanidad en San Juan, se fugaron del Hospital Militar Cosme Argerich. Con Lawless son cinco los militares prófugos acusados por su actuación en el terrorismo de Estado en Bahía Blanca.

El represor fue detenido por la mañana y trasladado a la unidad de la PSA en el Aeroparque Jorge Newbery. Desde allí la camioneta de la PSA partió hacia Tribunales. Si bien no hubo información oficial, los datos que trascendieron indican que Lawless no estaba esposado, que logró bajarse del vehículo y que se escapó corriendo por Lavalle. Consumada la fuga, la PSA dispuso el desplazamiento de tres oficiales responsables del operativo y efectuó la denuncia para que los investigue la Dirección de Control Policial, órgano de auditoría externo de la fuerza.

Durante la dictadura, Lawless estuvo destinado en el Batallón de Comunicaciones 181, del que dependían tres pelotones abocados a la “lucha contra la subversión”. Días antes del golpe fue designado jefe de la Compañía de Comunicaciones y Comando, que brindó “apoyo técnico en la búsqueda, escucha y radiolocalización de las bandas HF y VHF” de quienes luego eran secuestrados, según consta en su procesamiento. “En ocasiones en que el subteniente Lawless quedaba a cargo de la guardia de personas privadas de libertad, se acercaba a las víctimas con actitud de conquista sobre las prisioneras”, apuntó el juez Alcindo Alvarez Canale.

La primera orden de captura en su contra, pedida por el fiscal Abel Córdoba, la libró Alvarez Canale en septiembre de 2009. Entonces Lawless decidió esconderse, mientras su abogado Mauricio Gutiérrez, ex auditor del Cuerpo V, presentaba pedidos de eximición de prisión. En febrero de 2010, el Ministerio de Justicia dispuso una recompensa de 100 mil pesos para capturarlo, pero siguió prófugo otros seis meses, hasta el 2 de agosto de ese año, cuando se presentó espontáneamente en el juzgado. Allí le tomaron declaración y tres días después, a pesar de haber burlado al Estado durante casi un año, el juez subrogante Santiago Martínez lo excarceló con una caución de 200 mil pesos. Los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani, reemplazantes de Córdoba, insistieron para que se le revoque el beneficio. El tribunal que integran José Triputti, Martín Bava y Jorge Ferro rechazó el pedido, pero cuando la Cámara de Casación aceptó el recurso de apelación de los fiscales ordenó la detención de Lawless, que encomendó a la PSA.

El más antiguo de los prófugos bahienses es el coronel Aldo Alvarez, ex jefe de inteligencia del Cuerpo V y dueño de la agencia de investigaciones Alsina SRL hasta que la Justicia comenzó a investigarlo. El capitán Miguel Angel García Moreno se benefició con la excarcelación que le obsequió el juez Gustavo Duprat y cuando el TOF ordenó su detención para juzgarlo ya había abandonado su piso de Belgrano. El mismo método aplicó el coronel Carlos Arroyo, que también estaba procesado pero libre y se esfumó ante la inminencia del segundo juicio oral, actualmente en curso, mientras el Ministerio Público reclamaba sin suerte que se le revocara la excarcelación. El cuarto prófugo es el marino Ricardo Joaquín Molina. Lawless es el segundo represor bahiense que se fuga de las narices de una fuerza de seguridad: Julián Corres se escapó en 2008 de la delegación local de la Policía Federal, fue recapturado y murió antes del juicio.