En su juego pendular, que ya es un clásico, después del fallo de la ley de medios la Corte Suprema decidió amplificar el reclamo de los jueces de Salta, Jujuy y Tucumán, que advierten que existe un fuerte aumento del delito en su territorio, en especial del narcotráfico, pero dicen que carecen de fondos, infraestructura, cárceles y nombramientos suficientes para enfrentarlo y que falta presencia de las fuerzas de seguridad. Una resolución firmada ayer por todos los jueces supremos dice que ya el 31 de octubre último el tribunal le mandó oficios al Consejo de la Magistratura, al Ministerio de Justicia y al Ministerio de Seguridad para que tomen iniciativas “para combatir la grave problemática denunciada” por los jueces norteños, pero ante la falta de respuesta “y la extrema gravedad de las circunstancias” decidieron hacerlo directamente mediante una resolución que pide “medidas urgentes”. El secretario de Seguridad, Sergio Berni, dijo que “la lucha contra el narcotráfico no se agota en una frontera o un radar”. El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, anunció la instalación de escáneres en las zonas limítrofes (ver página 4).

Al juez de la Corte Carlos Fayt quizá se le pueda conceder haber puesto una piedra basal de este asunto en 2009 cuando en una de sus clásicas irrupciones catárticas ante los medios dijo que en Salta –su provincia de origen– “llueve cocaína”. El tema desembarcó ayer en una resolución del tribunal, después de haber sido instalado la semana pasada por la Iglesia (ver recuadro) con el discurso de que la Argentina corre riesgo de parecerse a México o Colombia y tras expandirse en algunos medios de comunicación. La Procuración General de la Nación ya había reparado en la cuestión el año pasado, en base a una auditoría que llevó a que desplegara las primeras estrategias la Procuraduría de Narcocriminalidad. Lo cierto es que en el Ministerio de Seguridad, donde coinciden en la gravedad del diagnóstico de los jueces norteños, dicen que fue Sergio Berni quien le acercó a Ricardo Lorenzetti su preocupación por la falta de recursos en los juzgados del Noroeste.

A partir de esa reunión, en septiembre último, la Corte pidió informes sobre la situación a los jueces de Salta, Jujuy y Tucumán. Los reportes fueron enviados y terminaron anexados ayer a la lista de reclamos que el alto tribunal dirigió a distintos organismos: a la cartera de Seguridad le atañe en particular la demanda de mayor presencia de fuerzas federales, así el reclamo de scaners y tecnología para las fronteras; al Ministerio de Justicia le compete, en parte, la demora en el nombramiento de jueces, pero en especial los reclamos de mayores instalaciones y plazas del Servicio Penitenciario Federal (SPF), y al Consejo de la Magistratura le atañen los concursos para jueces y camaristas demorados y la habilitación de instalaciones judiciales.

La resolución de la Corte, que se queja de la falta de respuesta del Gobierno y el Consejo, se inscribe también en la lógica que señaló días atrás el propio Lorenzetti cuando, tras el fallo en aval de la ley de medios, insistió en que al tribunal le interesan todos los temas y que las reuniones que había tenido con miembros del Ejecutivo habían sido, precisamente, por esta cuestión del narcotráfico. Este año, de hecho, fue alternando: volteó la reforma del Consejo de la Magistratura, cuestionó a los fiscales ad hoc, después convalidó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y ahora se mete con el problema de la droga.

El informe que entregaron los camaristas de Salta Roberto Louytaf Ranea y Jorge Villada, que abarca la jurisdicción de Jujuy, habla del “crecimiento preocupante del narcotráfico en nuestra frontera, la trata de personas, el incremento del contrabando y especialmente la instalación de grupos extranjeros de gran magnitud que están operando esa clase de ilicitudes y que sin exageración alguna se cuentan por miles en la frontera NOA y NEA”. En función de eso, reclaman “mayor presencia del Estado nacional en un área tan extensa, acompañada por una coordinación de políticas institucionales nacionales y provinciales”. “La frontera –alertan– es la gran puerta de entrada para la gran mayoría del tráfico ilegal de drogas y otros delitos conexos (como la trata de personas) que impactarán inevitablemente en el centro y sur de nuestro país.”

En declaraciones públicas, Berni hizo hincapié en que para desbaratar bandas de narcos es central la inteligencia criminal, meterse en las organizaciones, y no basta controlar las fronteras, poner radares y ejercer controles físicos. El secretario de Seguridad destacó que durante este año fueron detenidos 5700 narcotraficantes. En la cartera de Berni insisten con estos datos y conceptos: en la zona de frontera hay 6000 efectivos, que creen que es un número “considerable”, pero el problema es más complejo. Como ejemplo citan al narco colombiano Ignacio Alvarez Meyendorff, quien fue atrapado en la Argentina y extraditado, y que para transportar droga se valía de submarinos. “El tema está presente, está instalado, es importante y hay que prestar atención a nuestra cercanía con Paraguay, productor de marihuana, y Bolivia, de cocaína, pero nosotros no somos un país narco”, insisten.

El balance de los salteños dice que las causas penales aumentaron entre 2005 y 2012 un 52 por ciento, y que en particular las de estupefacientes se elevaron el 84,64 por ciento. Por eso hay un notable aumento de las personas privadas de su libertad que hizo “colapsar el sistema carcelario”: hay 850 plazas y más 1124 detenidos, más 34 con prisión domiciliaria. En función de ese diagnóstico piden:

- Duplicar las plazas en las cárceles del SPF de Cerillos y Güemes; ampliar la capacidad de la unidad de Chapapoyas; construir alcaidías federales en Orán (donde sólo el juzgado de allí duplica el número de detenidos de Salta y Jujuy); habilitar una cárcel en Yuto (Jujuy) y otra en el norte de Salta, además de centros de rehabilitación.

- Que se terminen los concursos para los juzgados federales de Salta y Jujuy, que están vacantes; para los tres cargos del tribunal oral federal de Jujuy, que se habilite una sala más en la Cámara Federal, creada hace 15 años; que se concurse el juzgado de San Martín, que se convoque para el de Tartagal y se cree otro juzgado federal en Salta y en Orán.

- Estos jueces reclaman scaners y que se complete el sistema de radares y control fronterizo anunciado en 2009. Echegaray ya anunció medidas. Para las fronteras piden específicamente más presencia de fuerzas federales.

Los jueces de Tucumán Fernando Poviña y Daniel Bejas también señalaron el aumento de causas por tráfico de estupefacientes y reclamaron que se concursen los juzgados federales. Pidieron personal específico y más “fuerzas de seguridad para tareas de prevención e investigación”.

En el Consejo de la Magistratura, los kirchneristas maldicen a la Corte por trasladarle “problemas”, pero asumen su situación de parálisis que afecta a todos los concursos, no sólo lo de las provincias en cuestión. Mario Fera, titular del Consejo, le dijo a Página/12 que ayer mismo le pidió a las comisiones de selección y administración que tomen medidas. Explicó que hay “problemas de gestión” y una discusión burocrática sobre a qué concursos se aplica lo poco que quedó en pie de la reforma del organismo, que afecta justamente a la integración de los jurados y las ternas. Admitió que está preocupado y que advirtió el problema del narcotráfico cuando viajó hace poco por la situación en Orán.

Desde el Ministerio de Justicia defienden la creación de la Unidad Penitenciaria Güemes y analizan el mapa carcelario. Igual que en Seguridad, cuestionan que la Corte le hace reclamos a varias reparticiones, pero no responde a los pedidos de refuerzos de personal y infraestructura que le atañen y que también le hicieron los jueces norteños.