Organismos de derechos humanos de Bahía Blanca pidieron ayuda a las autoridades de la Iglesia Católica, y por su intermedio al papa Francisco, para dar con el paradero del capellán prófugo Aldo Omar Vara, imputado por delitos de lesa humanidad en el ex Cuerpo V de Ejército durante la última dictadura. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, H.I.J.O.S. y la Red por el Derecho a la Identidad locales recordaron que el sacerdote admitió en el Juicio por la Verdad que supo de las torturas en el centro clandestino La Escuelita y vio las secuelas de la picana sobre el cuerpo de jóvenes secuestrados en el Batallón de Comunicaciones 181, a quienes aconsejó no hablar. El último domicilio de Vara en el país fue la casa del Instituto del Verbo Encarnado, en San Rafael, Mendoza, y sus últimos rastros, hace más de dos años, lo ubicaban en San Pablo, Brasil. “Nuestro pedido concreto al papa Francisco es que, en virtud de su autoridad canónica y espiritual, interceda, instruya u ordene cuanta acción considere útil para que Vara se allane al proceso judicial”, precisaron los organismos.

El rol de Vara en la represión ilegal se conoce desde 1985 gracias al testimonio de estudiantes secundarios que estuvieron secuestrados en La Escuelita. Un grupo de militares los abandonó en una ruta, otro simuló rescatarlos y los llevó al batallón, donde los visitaba el capellán. Vara les llevaba galletitas y cigarrillos, les aconsejaba rezar, pero cuando le relataban las torturas guardaba silencio. Un día les dijo que los secuestradores eran paramilitares que actuaban por su cuenta y que los estaban buscando, apuntó en su sentencia la Cámara Federal porteña. Cuando la madre de una secuestrada le pidió que le acercara medicamentos, Vara le dijo que no podía, pero que se quedara tranquila, que “a las chicas las tratan bien”. “La víctima declaró y contó los vejámenes que sufrió en La Escuelita, donde también nacieron dos niños que fueron apropiados y sus madres desaparecidas”, recordaron los organismos.

El tribunal que condenó al primer grupo de represores bahienses ordenó en su sentencia que se investigue a Vara. Los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani pidieron su detención, pero el juez subrogante Santiago Martínez no encontró “elementos suficientes”. La Cámara Federal opinó lo contrario y en agosto ordenó la captura, que encomendó a Interpol. La carta de la APDH, H.I.J.O.S. y la Red por el Derecho a la Identidad está dirigida al arzobispo bahiense Guillermo Garlatti, al de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mario Poli, y al nuncio apostólico Emil Paul Tscherrig. “El papa Francisco dijo a las Abuelas que cuenten con él para lo que necesiten, que estaba dispuesto a ayudar en lo que sea –recordaron–. Creemos que ésta es una buena oportunidad para ayudar.”