Captaban a las víctimas a través de avisos publicados en los diarios en los que solicitaban “señoritas”. Las obligaban a hacer turnos de 12, 24 y 36 horas seguidas y llegaban a hacer hasta 18 “pases” por día. De lo que pagaban los clientes, les descontaban entre el 30 y el 70 por ciento. Así operaba una red criminal que explotaba sexualmente a 31 víctimas de trata, en dos prostíbulos de la ciudad de Buenos Aires y otros seis en la localidad bonaerense de San Miguel, y que fue desbaratada en el marco de una investigación que llevó adelante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 4, a cargo de Ariel Lijo. En la causa está involucrada la titular de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina seccional Capital (Ammar), Claudia Brizuela, gremio que defiende la prostitución como trabajo sexual y está adherido a la filial porteña de la CTA que lidera Pablo Micheli. Hasta el momento fueron procesadas con prisión preventiva 17 personas, entre ellas tres policías –uno de los cuales es el jefe de la comisaría 1ª de San Miguel– que brindaban protección a la banda a cambio de coimas. También fue procesada la propietaria de seis de los burdeles ubicados alrededor de esa seccional, quien se presentaba como delegada de Ammar, obligaba a las víctimas de trata a afiliarse al gremio –cobrándoles 100 pesos por mes– y las hacía practicar simulacros de allanamiento para que dijeran que “trabajaban por su cuenta en cooperativas”, si llegaban fuerzas de seguridad al lugar. Los “privados” contaban con mecanismos de seguridad como cámaras de video, barretas en las puertas o jaulas de contención.

Ayer, el ministro de Seguridad porteño informó sobre el rescate de 96 víctimas de trata en distintos procedimientos ordenados por el juez Lijo y en los que intervino la Policía Metropolitana, pero no aclaró que se trataba de dos causas diferentes en manos del mismo magistrado. En la primera es la de la banda que utilizaba la afiliación a Ammar como pantalla para darle legalidad a la explotación sexual ajena. En el marco de la otra causa, en tanto, el 26 de octubre pasado se realizaron 40 allanamientos simultáneos en 30 “privados” –donde se liberaron más de cincuenta mujeres explotadas sexualmente–, una imprenta, un hotel y ocho domicilios particulares en los que fueron detenidos siete supuestos cabecillas de las redes prostibularias investigadas, que también operaban con complicidad policial (ver aparte).

Elena Reynaga, titular de Ammar-Nacional –que integra la CTA que encabeza Hugo Yasky–, dijo a Página/12 que Brizuela se desvinculó de esa entidad hace más de un año. Brizuela, que conformó su propia agrupación dentro de la CTA de Micheli, fue indagada el jueves de la semana pasada y su procesamiento como “partícipe necesaria” de la explotación sexual de víctimas de trata en burdeles de San Miguel sería inminente. Se la vincula con Silvia Gladys Fernández, quien sería la propietaria junto a su esposo, Marcelo René González, de seis burdeles en San Miguel. Fernández se presentaba como delegada de Ammar en esa zona del conurbano. “Simulaban el ejercicio libre e independiente de la prostitución cuando en verdad la organización se dedicaba a la trata de personas”, advirtió el juez Lijo al procesar a Fernández con prisión preventiva junto a otras 16 personas, que tenían distintas funciones en la organización: regenteaban los burdeles, distribuían a las víctimas, contabilizaban los pases, repartían tarjetas en la vía pública con publicidad de los prostíbulos, arreglaban las coimas con policías. En el juzgado de Lijo hay mucho malestar por la decisión de la Sala I de la Cámara Federal de otorgar la libertad a varios de los procesados, porque creen que así se entorpecerá la pesquisa. Fernández y su esposo continúan presos. Entre los imputados está el jefe de la comisaría 1ª de San Miguel y otro agente de una seccional de San Martín, además de un policía retirado que se ocupaba de cobrar “la protección” a los dueños de los burdeles. En el domicilio de uno de ellos se secuestró una agenda donde figura el detalle del cobro que les hacían a los distintos prostíbulos de la zona (de 700 y 1500 pesos semanales).

Entre las víctimas había mujeres argentinas y extranjeras, todas ellas en situaciones de extrema vulnerabilidad social. Una vez que eran captadas a través de avisos en diarios, sus explotadores les daban vivienda y comida que “les descontaban de su aparente ganancia”, señala el procesamiento.

La causa se inició a partir de una denuncia recibida en la Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata de la Nación, en la que intervino el Ministerio Público Fiscal. La investigación demandó alrededor de cinco meses, en los que se hicieron escuchas telefónicas –de donde surgen claramente la connivencia policial y el vínculo de Fernández con Brizuela– y diversos seguimientos.

Así se pudo establecer que en los prostíbulos investigados los clientes abonaban entre 70 y 200 pesos por el servicio sexual, pero a las mujeres explotadas les descontaban entre el 30 y 70 por ciento de esos montos. Además, las víctimas les tenían que pagar a los tarjeteros y personal de limpieza una suma diaria de entre 25 y 50 pesos. Inclusive debían preguntarles a los encargados y dueños de los prostíbulos a qué hora podían dormir y comer. También las despertaban de sus descansos para obligarlas a atender a los clientes por fuera del turno asignado. Podían llegar a trabajar hasta 36 horas seguidas. “Incluso, mediante la situación de sometimiento, indujeron a una de estas víctimas a tener un aborto”, señala el auto de procesamiento. Las condiciones de higiene y salubridad de los burdeles eran muy precarias. Las direcciones donde funcionaban eran Lima 1471 y 1035, de la ciudad de Buenos Aires, y, en San Miguel, en Alem 1616, Malnatti 1540, Mitre 1878, Tribulato 1382, Paunero 1868, Roca 1269 y Balbín 1010.

Brizuela está sospechada de haber colaborado con la red en la tramitación de documentos a mujeres extranjeras y la elaboración y expedición de carnets de Ammar en su carácter de secretaria general de la Seccional Capital Federal (Ammar Capital CTA), por los cuales se les retenía a las víctimas 100 pesos mensuales cuando la cuota sindical real era de cinco pesos. “Este aporte habría sido realizado bajo la decisión afirmativa de que la afiliación tenía como objeto y era esencial para simular el ejercicio libre e independiente de la prostitución de las personas que eran explotadas contrariando el objeto y valores que el Sindicato Ammar defiende y postula (respeto de los derechos humanos, concientización de la diferencia entre trabajo sexual autónomo y trata de personas, reconocimiento del trabajo sexual autónomo, igualdad de condiciones con el resto de los trabajadores)”, señaló el juez en el pedido de indagatoria.

Según la investigación judicial, una vez que les expedían los carnets a las mujeres explotadas, se realizaban simulacros de allanamientos en los privados con el objeto de indicarles que debían exhibirlo a la autoridad pública o fuerza de seguridad que irrumpiera en cualquiera de los inmuebles y también les referían de qué manera debían comportarse. Para eso, la pesquisa determinó que se confeccionaban carteles con todo lo que debían manifestar en esos casos y se las instruía a decir que era un trabajo que les gustaba, amenazándolas en caso de que se victimizaran con que “tendrían un problema mayor”.