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Entre los pataleos solitarios de la diputada menemista Alejandra Oviedo, la Comisión de Juicio Político aprobó ayer en un trámite fugaz el dictamen acusatorio contra el ministro de la Corte Suprema Eduardo Moliné O’Connor por mal desempeño de sus funciones. El texto, de puño y letra del presidente de ese cuerpo, Ricardo Falú (PJ), dice que la defensa que presentó el supremo no hizo más que empeorar su situación y le recomienda a la Cámara de Diputados que promueva su destitución ante el Senado y le solicite su suspensión provisoria. En la misma reunión, los legisladores aprobaron cinco nuevos cargos sobre la base de dos causas contra el juez y lo citaron para que haga otro descargo el 7 de agosto.
Los diputados llegaron a la reunión matinal con todo, especialmente en cuanto a Moliné O’Connor, prácticamente cocinado. Sólo analizaron un poco más en detalle qué hacer en relación con el juez Norberto Oyarbide, que impulsa una investigación contra los miembros de la comisión, lo que derivó en la decisión de impulsar su destitución también (ver aparte).
El primer tramo del encuentro tuvo a Oviedo como protagonista. Con los labios delineados de negro intentó, de entrada pero con efecto nulo, boicotear la votación. “¿Desde cuándo estuvo a consideración este dictamen, eh?”, prepoteó a Falú la diputada. “¿Cuántos días tengo yo ahora para leer estas 365 páginas que recién hoy llegan a mis manos?”, insistió, elevando el tono. El tucumano Falú trató de ningunearla, trasladando su mirada hacia el halo de humo que crecía sobre las cabezas de los radicales presentes. Aunque después volvió hacia ella y le dijo que todos habían estado analizando el tema en las dos últimas semanas y había tenido igual libertad de hacerlo y participar en las reuniones.
“En nombre de la democracia pido que actuemos democráticamente”, proclamó la menemista. Pero el presidente de la comisión cortó su reclamo de cuajo y empezó a leer la parte resolutiva que propone a la Cámara de Diputados que “acuse ante el Senado a Moliné O’Connor por mal desempeño” y que se tramite “su suspensión en el cargo mientras se sustancia el juicio”. Rápidamente Falú confirmó, con tono de relator deportivo, el resultado de la votación: quince contra una. Recordó, además, que los cargos formulados son diez y que corresponden a los expedientes “Meller S.A.”, “Macri” y “Magariños”. Oviedo, con la camiseta de Moliné O’Connor bien calzada, avisó que –aunque más tarde que temprano– presentará un dictamen en disidencia cuestionando, entre otras cosas, que se le haya negado la producción de pruebas para defenderse. Ese mismo reclamo fue reiterado ayer en diálogo con Página/12 por el abogado de Su Señoría, Gregorio Badeni. También se quejó porque “la comisión nunca recibió ni tuvo los expedientes del caso Macri”. “Sobre eso levantamos un acta notarial. Queremos puntualizar la forma arbitraria en que están actuando los diputados, que nuevamente nos dan cuatro días de plazo para responder mientras ellos es han tomado diez para hacer su dictamen”, añadió.
En el arduo camino que le espera al supremo tenista, quien por ahora no renunciaría, el próximo escalón estará en el recinto de la Cámara de Diputados que, según el cronograma establecido, votaría la acusación en la sesión del 13 de agosto. Para la aprobación se requieren los votos de dos tercios de los presentes, una cifra posible de alcanzar. Después el tema pasará al Senado, que llevará a cabo la etapa de juicio propiamente dicha.
El dictamen que se firmó ayer refuta los argumentos vertidos por Moliné en el descargo que presentó por escrito. Subraya, contra el planteo de que no se puede juzgar a los magistrados por el contenido de sus fallos, que lo que hace la Comisión de Juicio Político es desentrañar en qué casos las sentencias “no son sólo vehículo de interpretaciones jurídicas doctrinarias sino que son instrumentos para otros fines”. Aunque se remueva al juez cuestionado, aclara el texto, la sentencia “ha de permanecer inmutable”. Esto, señalan, es lo que ocurriría en el caso “Meller”, en que se responsabiliza al “cerebro” de la mayoría automática de firmar un fallo que convalidó el reclamo de 29 millones (con el tiempo devenidos en 400 millones) de esa firma a la ex Entel por la impresión de guías telefónicas, a pesar de que la Sigen y la Procuración del Tesoro habían señalado la nulidad de la deuda, por encontrarla saldada.
Algo similar se presentaría en el expediente sobre la resolución de la Corte, que rechazó un recurso de queja contra el sobreseimiento del Grupo Macri en una investigación por contrabando y evasión impositiva. El resto de los cargos se desprenden por la participación de Moliné en la sanción y multa impuestas al juez Héctor Magariños por emitir opinión en un dictamen que le pidieron en su carácter de profesor universitario. Las sanciones disciplinarias, dicen los diputados, son competencia del Consejo de la Magistratura. Párrafos aparte, el dictamen cuestiona a Moliné por “el tono de desprecio y permanente subestimación y burla al Parlamento Nacional (...) que pone aún más de relieve una conducta absolutamente contradictoria a la requerida para integrar” la Corte.
Con el avance de la mañana, y al ver que más de la mitad de la comisión estaba presente, Falú llamó a votar dos nuevos capítulos de cargo. En el fragor volcó un vaso de agua sobre el dictamen y la ropa de su vecino de asiento, Guillermo Johnson (PJ). “Va a traer buena suerte”, bromeó el tucumano. Entonces pasó a detallar una nueva imputación contra Moliné por la presión a tres ex secretarios de la Corte antes de que fueran a declarar en el juicio político del año pasado. Otra se refiere a que no se excusó en el jury que promovió el banquero Raúl Moneta contra el juez mendocino Luis Leiva por un posible interés personal, pese a que ya había emitido opinión que lo cuestionaba. Este es el primer cargo que atañe exclusivamente al supremo tenista. La votación en ambos casos quedó dieciséis contra una, y Moliné, citado para el jueves próximo a las 11.30.