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Quizá sea por miedo a ser los próximos en el banquillo, o por verdadera convicción, o por querer “hacer lo mejor para el país”, como alguno de ellos anduvo comentando por ahí. Quién sabe. La novedad es que hay jueces de la Corte Suprema que empezaron a enviar señales de buena predisposición para facilitar, como reclama el presidente Néstor Kirchner, que los militares sean juzgados en el país. Eso requeriría, como señaló el mandatario, que se declarara la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Todavía, es cierto, el Tribunal está paralizado y la posible suspensión de Eduardo Moliné O’Connor puede retrasar las grandes decisiones. Con todo, en el acuerdo del martes, los supremos podrían poner fecha para empezar a tratar este asunto.
Hasta poco antes de la renuncia de Julio Nazareno, la mayor parte de su tropa suprema apoyaba su proyecto de ratificación de la constitucionalidad de las leyes del perdón. Cuanto menos les servía como prenda de negociación, cuando lo que predominaba era la política extorsiva. Ahora más de uno está dispuesto a tirar aquella idea a la basura y analizar la postura exactamente contraria. El ministro Carlos Fayt, como presidente interino, dejó trascender que está dispuesto a acelerar el tratamiento de los temas importantes. Es cierto que la vacante sin cubrir y la crisis general de la Corte no hacen fáciles las cosas. Lo que no quita que, como telón de fondo, se vislumbre un cambio –para nada menor– de criterio.
Parece que el ministro Antonio Boggiano, un ex integrante de la mayoría automática especialista, quiere adelantarse a la llegada de Eugenio Raúl Zaffaroni al máximo tribunal y lucirse con un proyecto propio. En estos días estuvo encerrado, según allegados a la Corte, diseñando un pronunciamiento de inconstitucionalidad de las leyes de impunidad basado, entre otras cosas, en la supremacía de los pactos internacionales con rango constitucional que señalan la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Sin contar a Moliné O’Connor, que no sabe cuántos días más estará en la Corte, sus dos aliados Guillermo López y Adolfo Vázquez no descartarían ahora apoyar un pronunciamiento en la tónica del planteo de Boggiano, según pudo saber este diario. Juan Carlos Maqueda también está estudiando el tema en detalle y en el Gobierno dan por hecho que no hará nada en su contra. Augusto Belluscio, Enrique Petracchi y Carlos Fayt ya ratificaron la validez de las leyes y, por lo pronto, no estarían dispuestos a revisar esa postura. Nunca se descarta que el expediente vaya a la Cámara de Casación, pero ante los pedidos de extradición del juez Baltasar Garzón, un fallo de la Corte se hace más urgente.
Vázquez, López y Boggiano son los tres jueces que más cerca estarían de ser enjuiciados en el Congreso porque firmaron el fallo en el caso “Meller” que para los diputados de la comisión se ha convertido en una suerte de Biblia de la acusación.