Acompañado por el ex juez Baltasar Garzón y funcionarios del gobierno nacional, el relator especial de Naciones Unidas, Frank La Rue, presentó en Buenos Aires, en el predio de la ex ESMA, el informe sobre Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión. El relator contó que quería traerlo especialmente a la Argentina –así como llevarlo a su país, Guatemala– porque hace eje en el derecho a la verdad. Y advirtió, a horas del 30º aniversario de la recuperación de la democracia, que los procesos históricos pueden sufrir regresiones: “La única garantía de que esto no suceda es continuar narrando nuestra historia, para aprender de ella”.

El informe ya fue elevado al Consejo de Derechos Humanos y a la asamblea general de la ONU, pero La Rue explicó que como relator quiso además presentarlo ante “la población que brindó sus casos y su colaboración”, para que “sea usado y sirva como instrumento”, por ejemplo, en el ámbito académico y legislativo.

En las recomendaciones que hace a los miembros de la ONU, el trabajo señala que los Estados “están obligados a informar acerca de lo ocurrido no sólo a las víctimas y sus familias sino, también, al conjunto de la sociedad”. Y agrega: “Para conocer las violaciones anteriores y presentes de los derechos humanos se necesita en muchos casos de la divulgación de información que se encuentra en manos de una multitud de entidades estatales. La garantía del acceso a la información es un primer paso para la promoción de la justicia y la reparación, sobre todo después de períodos de regímenes autoritarios”.

El ex juez Baltasar Garzón valoró especialmente del informe la advertencia sobre que los funcionarios públicos están obligados a denunciar las violaciones a los derechos humanos cuando se producen. El ex magistrado, que fue expulsado de Poder Judicial español por intentar investigar los crímenes del franquismo, citó un párrafo del informe: “El silencio de los funcionarios públicos cuando son testigos de violaciones puede interpretarse como complicidad”, reseñó. “Las transiciones a la paz y la democracia, basadas en el silencio sobre los crímenes, las atrocidades o las situaciones de impunidad en el pasado, no son sostenibles.”

La presentación fue organizada por el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (Cipdh, que preside Garzón), la Afsca (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual) y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Tuvo un panel de apertura y otro de cierre, en los que participaron el viceministro de Justicia, Julián Alvarez; la directora de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa, Graciana Peñafort; Sebastián Rolandi (del Afsca); Pedro Morautian (Inadi); y la defensora del Público, Cynthia Ottaviano.

En su charla, La Rue elogió el reciente hallazgo y difusión de una serie de actas de las juntas de gobierno de la última dictadura, documentos que fueron encontrados en el subsuelo del Edificio Cóndor por un oficial de la Fuerza Aérea. “Estaba solo y podría haberlos destruido; en muchos otros países de América latina no dudo de que hubiera pasado; sin embargo, la Argentina ha evolucionado en su conciencia, y este oficial, muy conscientemente, viendo la importancia de los archivos, los reunió, los recopiló y los entregó al ministerio. Me parece un hecho simbólico de gran importancia, es un acto de las Fuerzas Armadas que no encontraría en otro país del continente. Creo que ese nivel de conciencia sobre el valor de tener la información para reconstruir la memoria histórica es central. Lo planteó el informe: el derecho a la verdad tiene que ver también con recuperar la salud mental de las víctimas, de sus familiares y de la sociedad, con el derecho a escribir nuestra historia y contarla tal y como fue.”

El relator habló también de la impunidad como “uno de los problemas fundamentales de la humanidad, porque muchas veces conocemos violaciones a los derechos humanos, sabemos qué pasó, pero los hechos quedan impunes”. En este sentido marcó que cuando habla en sus informes “de la violencia contra los periodistas y contra los defensores de los derechos humanos ejercitando su derecho a la denuncia, el fenómeno más grave en cuanto a la seguridad es la impunidad, porque la impunidad no genera uno o dos casos más sino que se multiplica geométricamente. Cada caso que queda sin investigar da la impresión de que el Estado tiene una actitud permisiva y que, por consiguiente, muchos casos más se pueden dar”.