“Es un hecho que no se advertía en 30 años de democracia. No es casualidad que esta caricatura de efecto autoritario pretenda socavar las bases de legitimidad democrática, al cumplirse 30 años de democracia ininterrumpida.” El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, salió ayer a criticar con dureza los autoacuartelamientos policiales y los saqueos que se registraron en distintos puntos del país. El funcionario consideró que detrás de los incidentes existían “acciones deliberadas que pretenden generar caos y zozobra en la sociedad”. El gobierno nacional monitoreaba anoche la situación que continuaba desarrollándose en diferentes distritos del país luego de una jornada que sumó, en principio, dos nuevos muertos.

“Todo el pueblo argentino quiere vivir en paz y en democracia y las instituciones del sistema republicano deben funcionar correctamente para identificar a aquellos que actúan para promover procesos de desestabilización”, fueron las primeras declaraciones que realizó el jefe de Gabinete ante el escenario planteado por algunas policías provinciales que se retiraron de las calles para reclamar aumentos salariales, y que trajo aparejados saqueos en algunas zonas de las provincias afectadas. “Es importante ratificar el liderazgo de cada gobernador elegido democráticamente y de encuadrar las negociaciones en paz y con la capacidad que tiene cada provincia para disponer de los recursos”, agregó, enviando un mensaje a los policías autoacuartelados.

Los reclamos policiales comenzaron en Córdoba la semana pasada. Después de negociaciones infructuosas, la policía cordobesa decidió retirar el servicio de calle como medida de protesta, lo que derivó en una noche de caos con saqueos y enfrentamientos. El gobernador José Manuel de la Sota debió volver de apuro de un viaje y resolvió el conflicto cediendo a todos los reclamos policiales. Como consecuencia de esa actitud, el reclamo comenzó a propagarse por todo el país. La Rioja, Catamarca, Neuquén y Río Negro, el primer día. Desde el domingo a la tarde se sumaron Chubut, Santa Fe, San Juan, Mendoza, Entre Ríos, Chaco, Jujuy y, principalmente, Buenos Aires, que cuenta con la mayor fuerza policial provincial del país. El saldo, según las diferentes versiones, era de dos o tres víctimas fatales, que se agregaban al muerto del primer día en Córdoba. También se reportaban robos y saqueos en otros lugares (ver páginas 4 a 7).

En el gobierno nacional seguían el avance de las negociaciones en las provincias sin dejar de observar los delitos que venían detrás. “Estas acciones son fogoneadas por sectores que no sólo intentan desestabilizar a los gobiernos provinciales, sino también al gobierno nacional”, señaló el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, y agregó que buscaban “generar caos, violencia y dejar a los ciudadanos a la intemperie de la delincuencia”. La intencionalidad de los saqueos “no es casualidad porque en aquellos lugares donde se producía la zona liberada, atrás aparecía alguna acción concertada entre algunos policías y delincuentes haciendo saqueos, no por una cuestión social, ni reivindicativa, sino directamente delictiva”, sostuvo Parrilli.

Recordó el inicio del conflicto. “La negligencia del gobernador De la Sota, una vez que se le escapó de las manos el intento de echarle la culpa al gobierno nacional, fue lo que generó este casi efecto dominó en distintas provincias.” “No existen las casualidades en este tipo de acciones. Hay sectores que se aprovechan de la policía y la fuerzas de seguridad, como ya pasó con la Gendarmería y la Prefectura”, agregó a Página/12 un dirigente peronista en la Casa Rosada.

“El gobierno nacional, a través de la ministra de Seguridad, María Cecilia Rodríguez, y por instrucción de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, está monitoreando el estado de situación en cada una de las provincias, con cada uno de los gobiernos y con cada uno de los responsables para generar mecanismos de protección social y ciudadana”, destacó Capitanich sobre el panorama nacional, informando sobre las tareas que despliega la flamante ministra en su primera semana en el cargo. En la misma línea, el chaqueño apuntó que el seguimiento que se estaba realizando de la situación en cada una de las provincias en conflicto estaba enfocado en la posibilidad de ejecutar la “acción directa” a través de la intervención territorial con Gendarmería, Prefectura y Policía Federal. El secretario de Seguridad, Sergio Berni, activo en el envío de gendarmes a los lugares calientes, también apuntó que no se podía ser “rehén y víctima” de grupos pequeños de policías a los que se les había dado un arma “no para que extorsionen sino para que velen por la seguridad”.

Respecto de la naturaleza de los reclamos, Capitanich apuntó que sería un “acto de irresponsabilidad fiscal” de parte de los gobernadores responder a las demandas “más allá de su capacidad financiera”. Y advirtió que “no es compatible” en el marco de una administración ordenada de las arcas provinciales otorgar incrementos salariales que “no sean susceptibles de financiamiento” y que “pretendan ser financiados por el Estado nacional”.

“Es responsabilidad de los gobiernos provinciales encauzar las negociaciones, pero también es responsabilidad del Poder Judicial, que debe actuar ante estos hechos vandálicos”, destacó Capitanich y puso en el ojo en la importancia de dar el “correcto encuadramiento legal” de las investigaciones apuntando a las figuras del delito de “sedición” y de “defensa de la democracia”. Mientras se sucedían acuartelamientos en Concordia, La Plata, Mar del Plata y otros puntos del país, Capitanich advirtió que “los policías deben ser protectores de la población y no promotores del caos”, y apuntó que “no puede existir sindicalización para una persona que porta un arma”.

Uno de los gobernadores afectados por las protestas de ayer fue el de Entre Ríos, Sergio Urribarri, quien no dudó de la existencia de “instigación política” detrás de los conflictos. Puso de ejemplo el caso de la ciudad de Concordia, donde un joven murió electrocutado –aparentemente al tratar de saquear electrodomésticos– y hubo 25 heridos. “Se trató de un puñado de 50 suboficiales, la mayoría con malísimos antecedentes”, consideró Urribarri.