Ante la multiplicación de saqueos en distintas provincias y la hipótesis de que podría existir vinculación entre esos hechos y las protestas policiales en expansión, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, decidió crear una comisión específica para que se ocupe de coordinar las investigaciones en todo el país. Por su lado, la procuradora bonaerense, María del Carmen Falbo, dispuso crear comités de crisis de fiscales y defensores en la provincia de Buenos Aires ante eventuales nuevos episodios. El ministro de Justicia, Julio Alak, sostuvo que “los saqueos son organizados, no espontáneos y se dan en forma simultánea con medidas de fuerza” de las policías en distintas jurisdicciones. “No obedecen a necesidades alimentarias”, afirmó. El secretario de Justicia, Julián Alvarez, informó que proliferaron convocatorias a desvalijar comercios desde las redes sociales y anunció que la cartera hará una denuncia penal. A la vez le apuntó al massismo.

Gils Carbó comenzó a analizar la semana pasada el escenario ante las protestas policiales crecientes y los saqueos en Córdoba, y el viernes pidió una reunión con el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich. El encuentro se concretó ayer y allí la jefa de los fiscales planteó su idea de generar una comisión específica para ocuparse de coordinar las investigaciones y centralizar la información. Pero hizo especial hincapié en que no se puede descartar que estén en juego “conductas propias de atentados contra el orden público, los poderes públicos y el orden constitucional”. Así lo dice la resolución que crea una comisión de fiscales para ocuparse de esta problemática. El punto de partida, señala, es que “de manera concomitante con esas manifestaciones (policiales) se produjeron atentados colectivos contra la propiedad (saqueos), que generan zozobra y perturban la tranquilidad de la población nacional”.

Gils Carbó también habló con Alak, quien compartió el mismo diagnóstico. La sedición y los motines, así como los saqueos, son delitos que, si se producen de manera aislada, podrían ser investigados por los poderes judiciales de cada jurisdicción. La variable que está en estudio pone en duda un supuesto efecto contagio espontáneo entre las distintas fuerzas policiales y la desconexión con los saqueos. La existencia de conexiones de algún tipo llevaría a que se investiguen los hechos en la Justicia federal, de ahí la insistencia de la procuradora quien, además, invocó la Ley de Defensa de la Democracia.

La comisión estará coordinada por el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, y la integrarán por ahora los fiscales generales Federico Martín Carniel (de Resistencia, Chaco), José Ignacio Candioti Puyol (de Paraná, Entre Ríos) y Adolfo Raúl Villate (de Rosario, Santa Fe). Todos ellos actúan en lugares donde hay focos de conflicto. La comisión, en principio, no tiene el objetivo de hacer investigaciones en causas puntuales sino centralizar las pesquisas de todo el país, tanto a nivel federal como provincial, según explican en la Procuración. Reunirá la información de todas las causas en marcha y presentará informes a Gils Carbó como para que vaya determinando los pasos a seguir, que pueden incluir desde hacer denuncias y dar instrucciones hasta designar fiscales coadyuvantes donde hagan falta refuerzos.

Domínguez, el coordinador del grupo, fue fiscal de San Martín durante 15 años, y en 2013 asumió como fiscal federal en San Isidro. Sus investigaciones sobre corrupción en el municipio Malvinas Argentinas llevaron la detención por dos semanas y el procesamiento del intendente Jesús Cariglino. El jueves, Domínguez se reunirá con todos los integrantes de la comisión.

Durante una conferencia de prensa que ofreció por la tarde junto al secretario de Justicia, Julián Alvarez, Alak advirtió que los saqueos “son organizados, y no espontáneos”, y que desde distintas áreas de gobierno se está realizando un seguimiento. “Hay una organización que los estimula y los induce.” Y al referirse a las fuerzas policiales, señaló que “no se puede privar a la comunidad de un servicio esencial como lo es la seguridad pública”, dijo el ministro. “Exhortamos a la policía a que deponga esta actitud”, dijo. “Un saqueo es una violación a la ley. Y la Justicia va a actuar con toda firmeza, al igual que con quienes deben prestar un servicio público y no lo están haciendo. Nadie dice que no se pueden analizar las necesidades de ese sector, pero éste no es el modo. Quienes deben proteger la ley, no pueden estar incumpliendo con la ley”, dijo el ministro. “Esto lo sabe un ingresante a la fuerza”, insistió. “El gobierno nacional tiene la fortaleza suficiente para poder enfrentar esta situación de ilegalidad”, intentó tranquilizar.

Tanto Alak como Alvarez remarcaron dos resoluciones adoptadas por los ministerios públicos fiscales. El ministro informó que “la procuradora general de la provincia de Buenos Aires, María del Carmen Falbo, resolvió que los 720 fiscales de Buenos Aires sean puestos en guardia permanente, priorizando el procesamiento, la investigación y la condena de todo ciudadano que provoque un saqueo”. Destacó a su vez la iniciativa de Gils Carbó y anunció que la funcionaria se reunirá en Córdoba con el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, procuradores y fiscales.

La iniciativa de la procuradora Falbo apunta a que en los 18 departamentos judiciales bonaerenses se conformen “comités de crisis”, previendo posibles nuevos saqueos. “Los hechos de público conocimiento acaecidos en ciudades de las provincias que han derivado en saqueos a diferentes comercios y supermercados, con afectación de bienes a particulares y la integridad física de las personas de una u otra manera involucradas, podrían proyectarse al ámbito de esta provincia”, previno Falbo.

Alvarez anunció que el ministerio “tomará medidas relacionadas con las redes que convocan a realizar saqueos”, que “están todas relacionadas entre sí”. Se refería a que el ministerio va a presentar una denuncia penal por atentados contra el orden público para que cruce datos sobre los promotores de consignas de saqueos especialmente vía Facebook. Desde el ministerio se le pidió a Facebook Argentina que dé de baja a esos grupos que aparecieron en la red, como se ha hecho con, por ejemplo, promotores de discriminación y de bullying: “Saquear los chinos para pasarla bien el 24”, otro llama a “saquear todo en Rosario”, y otro en Tucumán (“saqueada cien por ciento tucumana”). También hay un grupo de la policía que llama a la organización de la policía y a acuartelarse.

Alvarez le apuntó también al massismo y en especial a Salvador Baratta, ex segundo jefe policial en la Bonaerense (fue jefe de Coordinación Operativa hasta 2011, cuando fue desplazado) y ahora concejal en Lanús por el Frente Renovador. El secretario de Justicia comentó que Baratta había hecho declaraciones en el programa de radio de Jorge Rial, donde alentó los reclamos de la policía. “En vez de llamar a la paz –marcó el secretario de Justicia–, extorsiona a los gobiernos provinciales, plantea que si no se le hace lugar a un reclamo, pasa lo que pasó en Córdoba.”