Cuando parecía que la relación entre la Corte Suprema y el Gobierno recobraba cierta armonía, los cortocircuitos volvieron a estallar. El alto tribunal inauguró el año con un fallo escrito en severos términos que obliga al Estado a incluir a Canal 13 en el reparto de publicidad oficial. Ayer, al día siguiente de conocerse la sentencia, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, acusó a los jueces supremos de “arrogarse la voluntad de legislador estableciendo criterios en la distribución de pautas publicitarias”, lo que –sostuvo– “implica una violación flagrante de la división de poderes”.

El concepto de “violación de la división de poderes” había sido utilizado por la propia Corte en su fallo, aunque a la inversa, cuando señalaba que el Estado había incumplido pautas para la distribución de publicidad oficial establecidas en sus fallos previos a favor de Perfil y el diario Río Negro. El alto tribunal dijo que era obligatorio que el Estado aplicara los criterios de aquellas resoluciones, a menos que pudiera ofrecer algún argumento novedoso. La posición estatal consistió en reconocer que había reducido y luego retirado la publicidad a Artear S. A. por considerar que es una facultad discrecional.

Capitanich afirmó que “es falso, de falsedad absoluta, que el Estado nacional incumple el fallo en el caso Perfil”. “Ha cumplido y cumple cabalmente el fallo desde abril de 2013”, reforzó. A su vez, cuestionó al máximo tribunal porque desde “hace diez años” tiene en estudio una acción de amparo “donde el Estado promueve la percepción de una deuda equivalente a 350 millones de pesos, por deudas impositivas, con el diario La Nación, y hasta ahora no se ha expedido”.

En respaldo a la Corte y evidente respuesta a Capitanich, aunque sin mencionar el tema, la tradicional Asociación de Magistrados emitió un comunicado en el que dice que las decisiones del Poder Judicial, “y con más razón las de la Corte Suprema, deben ser acatadas tanto por los particulares como por los otros poderes del Estado”.

La Corte ya había sentenciado que “existe un derecho contra la asignación arbitraria o la violación indirecta de la libertad de prensa por medios económicos”. Ese concepto fue invocado en el fallo a favor de Canal 13, al decir que la emisora era discriminada y que es obligación del Estado velar por el cumplimiento de la libertad de expresión en todas sus formas. El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat sostuvo que la Corte “confunde la rentabilidad económica con la libertad de expresión”. “Esta confusión entre los dos conceptos es paradojal”, porque según el especialista es un concepto que sería contradictorio con el fallo a favor de la ley de medios, que planteaba que más medios o más rentabilidad para una sola empresa no es más libertad de expresión.

El fallo de la Corte subrayaba “la libertad que tienen los ciudadanos de expresar sus ideas, como en la protección de la actividad crítica de los periodistas y en el rechazo a todo tipo de censura”. El jefe de Gabinete dijo que le gustaría saber “si todos los periodistas tienen la libertad para escribir sistemáticamente en contra de la editorial del diario que les paga sus respectivos sueldos o de los medios de comunicación”. Se quejó por informaciones sobre de actos de gobierno que no se divulgan.

Detrás de todo el debate, según Capitanich, está el poder económico, que “tiene una estrategia de acción psicológica a través de los medios y un sistema de influencia corporativa en el Poder Judicial”. Evocó la fundación de la Gazeta de Buenos Aires, en junio de 1810, y se preguntó qué hubiera hecho la Corte en ese momento: “¿Regularía la publicidad oficial, de transmitir las ideas de un cambio revolucionario, o atendería la publicidad oficial del virrey Cisneros?”, ironizó.