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El juez federal Claudio Bonadío citó a indagatoria al ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina y al actual secretario de Comunicación y vocero presidencial, Alfredo Scoccimarro, por la emisión de una publicidad en Fútbol para Todos, en agosto de 2012, que cuestionaba al jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri. El juez decidió continuar con la causa a pesar de que inicialmente el fiscal Federico Delgado se había pronunciado por desestimar la denuncia, ya que no veía ningún delito en juego. Lo que Bonadío investiga es si la realización y emisión del spot, que se vio en el entretiempo del partido de River versus Estudiantes de La Plata, los funcionarios cometieron una “malversación de caudales públicos”, delito que prevé penas de dos a diez años de prisión.

La lista de imputados citados como sospechosos incluye también a Rodrigo “Rodra” Rodríguez, militante de La Cámpora, quien hasta enero ocupaba la Subsecretaría de Comunicación Pública y ahora pasó a Desarrollo Social. Está convocado a declarar el 20 de este mes. También fue convocado, para el 24, Gustavo Fernández Russo, subsecretario de Comunicación y Contenidos de Difusión. Scoccimarro debe presentarse el 26 y Abal Medina el 28.

La denuncia original había sido presentada por los legisladores del PRO Cristian Ritondo y Daniel Presti. El spot tenía sello de Presidencia de la Nación y responsabilizaba al gobierno de Macri por una huelga de los trabajadores del subte y decía que era obligación de los funcionarios “solucionar los conflictos gremiales y asegurarte que puedas viajar”.

Según había dictaminado Delgado, “al tratarse de la difusión de políticas públicas no puede hablarse de malversación de fondos” y “la denuncia debe desestimarse por inexistencia de delito”. El fiscal decía que existe una confusión entre “Estado y Gobierno”, que lleva a un “uso particularista del Estado” que implica “una forma de ejercicio del poder que no alcanza sólo al gobierno federal”. “Se trata de un rasgo general a la hora de aplicar la pauta destinada a exhibir las políticas públicas”, sostuvo. El juez, sin embargo, discrepó con este criterio.