Si se plasma tal como quedó escrito y anunciado, el ingreso para trabajar en el Ministerio Público Fiscal dejará de ser un privilegio para parientes y amigos. Podrá entrar el que quiera, siempre y cuando quede bien posicionado en el concurso. La única puerta será a través de los escalafones más bajos (de servicios auxiliares, técnico administrativo y letrados); no habrá forma de incorporarse en puestos intermedios o más altos, excepto quienes concursen para convertirse en fiscal. El nuevo esquema impide que tengan puestos en un mismo fuero y jurisdicción personas que tienen relaciones de consanguinidad o convivencia. Para empezar, la Procuración convocó los primeros 90 concursos que se harán en los próximos dos años con las nuevas reglas.

El reglamento está basado en los criterios establecidos en la Ley de Ingreso Democrático e Igualitario, aprobada el año pasado. Implica un cambio rotundo en la lógica de ingreso “cerrado, directo y discrecional” para transformarlo en uno “abierto, público y basado en el parámetro objetivo de idoneidad”, según señaló la Procuración, que anunció también la implementación de un sistema “imparcial, transparente y objetivo”.

Habrá un comité evaluador con 15 integrantes permanentes (fiscales, secretarios y funcionarios) elegidos por la Procuración, tres de los cuales actuarán en cada concurso.

Para el escalafón de servicios auxiliares (como personal de maestranza y ordenanzas), el sistema de ingreso se basará en una entrevista y quienes la aprueben irán a sorteo a través de la Lotería Nacional. Para el escalafón técnico administrativo (que abarca desde un pinche hasta un director general) habrá un examen de respuestas múltiples (multiple choice) y conocimientos informáticos que tendrá un sistema de corrección estándar, informatizado. También en este caso se hará un sorteo entre quienes aprueben y se elegirá entre los primeros diez. Para el escalafón de letrados habrá un examen escrito para resolver un caso. Será algo similar a escribir un dictamen, a lo que se sumará una evaluación de antecedentes laborales y de formación, con los parámetros definidos por la ley. Habrá un orden de mérito, del cual elegirá el o la fiscal.

Con este mecanismo, se supone que dejará de existir la posibilidad de “entrar por la ventana”, es decir, sin importar los méritos. Una restricción sumamente novedosa, que ya genera resistencias y no existe en otras estructuras, es que no se podrá concursar para trabajar en el mismo fuero y jurisdicción donde lo haga algún pariente con lazos de consanguinidad hasta segundo grado o convivencia (con o sin unión civil), ya sea que esté en el Ministerio Público o en el Poder Judicial. Lo que existía hasta ahora era que se les impedía trabajar en la misma fiscalía, pero la práctica habitual era hacer intercambio de favores nombrando recíprocamente a familiares de otros.

La resolución sobre este nuevo régimen firmada por Gils Carbó dice que “augura efectivas transformaciones del sistema de administración de justicia”. “Con el correr de los años, una gran mayoría de sus integrantes se habrá incorporado por medio de parámetros de admisión más objetivos, equitativos y a la vez respetuosos de las diferencias, en concordancia con el respeto de la manda constitucional de observar la idoneidad sin prevalencias ni preferencias antojadizas, caprichosas o infundadas.” El texto afirma que se busca “garantizar un ingreso igualitario que nutra al sistema de administración de justicia de hombres y mujeres pertenecientes a todos los sectores de la sociedad”, lo que permitirá “dotarlo de una adecuada pluralidad e independencia del resto de los poderes del Estado y del poder de los grupos económicos y políticos”.