El juez federal Sebastián Casanello ordenó ayer el procesamiento del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime por el delito de enriquecimiento ilícito, tras considerar que ni él ni quienes son señalados como sus testaferros pudieron justificar los bienes que adquirió entre 2003 y 2009 mientras fue funcionario. El patrimonio que está bajo sospecha se calcula en unos 12 millones de pesos.

Junto al ex funcionario de Transporte también fueron procesados, acusados de ser sus testaferros, su hermano Daniel Jaime, su ex mujer Silvia Reyss y dos hijas de ella. Según Casanello, esas personas no pudieron explicar la adquisición de las casas, autos y un hotel, que se le atribuyen al ex funcionario, como así tampoco sus viajes y otros gastos.

El juez, en cambio, no procesó a las tres hijas del ex secretario, Gimena, Romina y Julieta. En su caso, Casanello sólo las consideró encubridoras de los negocios de su padre.

Entre los procesados están también Manuel Vázquez, asesor de Jaime; su hijo, Julián Vázquez; y Julián Soba Rojo. Tres hombres del entorno de Néstor Otero –el dueño de TEBA, la operadora de la terminal de ómnibus de Retiro– corrieron la misma suerte por sospecharse que también contribuyeron al enriquecimiento ilícito: a Lisandro López y Alfredo Pielach se los señala como dueños de una sociedad que compró un hotel presuntamente manejado por Julieta Jaime, mientras que Raúl Glories, cuñado de Otero, habría comprado una casa en un country de San Isidro donde Jaime se quedaba durante los fines de semana largos. Esa propiedad quedó a nombre de la madre de Reyss, María Filomena Pfaffen, quien no pudo ser indagada por su avanzada edad y su situación quedó sin definir.

Un avión Lear Jet valuado en 4 millones de dólares, un yate de 1,4 millón, ocho casas, departamentos en Córdoba y Santa Cruz y un hotel en Brasil son los bienes que están bajo la lupa de la Justicia. El fiscal de la causa, Carlos Rívolo, ya había hecho un pedido para que el ex funcionario justificara ese patrimonio de unos 12 millones de pesos.

El año pasado Casanello había citado a declarar al miembro del Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema, Héctor Roccatagliata, quien analizó los bienes de Jaime. “Las diferencias en el movimiento patrimonial son apreciables y, en la medida en que se desconocen los orígenes de ingresos que dan motivo a un crecimiento patrimonial apreciable, este crecimiento es injustificable”, afirmó en ese momento Roccatagliata.

Tras el resultado de los peritajes, Casanello pidió la indagatoria de Jaime y de quienes están sospechados de ser sus testaferros. De esas indagatorias derivó la resolución que ayer dictó el magistrado.

La causa por presunto enriquecimiento ilícito por la cual fue procesado ayer por Casanello no es la única que enfrenta Jaime. El ex secretario de Transporte es uno de los acusados en el juicio oral y público actualmente en trámite por la tragedia ferroviaria de Once ocurrida en 2012 que causó 51 muertos y centenares de heridos. Al ex funcionario se lo acusa de haber recibido dádivas de los mismos empresarios que desde su cartera debía controlar. En ese marco, se sospecha que la empresa TBA, antigua concesionaria de las líneas Sarmiento y Mitre, pagó sus taxis aéreos. Del dueño de la operadora de la terminal de ómnibus porteña se sospecha también que pagaba el alquiler de su departamento.

El año pasado Jaime ya había sido condenado a seis meses de prisión en suspenso por un tribunal cordobés, que lo encontró culpable de la tentativa de robo de pruebas, precisamente en una causa en la que es investigado por enriquecimiento ilícito. La Justicia sostuvo que Jaime, durante un allanamiento en su casa en esa provincia, intentó sustraer las tarjetas personales donde figuraba como director de Cerro Motos.