Con la mitad de los acusados en Bahía Blanca y la otra en una sala de los tribunales de Comodoro Py comenzó ayer el primer juicio por delitos de lesa humanidad en las bases navales de Puerto Belgrano y Baterías, de la ciudad de Punta Alta. Tras la baja de Guillermo Botto, que murió el viernes en su casa, los imputados son 24, de los cuales 15 gozan de arresto domiciliario. Los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani apelaron esa decisión del tribunal, sobre la que ahora debe pronunciarse la Cámara de Casación Penal. Debido a la feria invernal de los jueces, cuyas fechas no coinciden porque provienen de provincias distintas, el proceso continuará recién dentro de un mes, el 5 de agosto.

La audiencia comenzó a las 9.50. En el aula magna de la Universidad del Sur los acusados se sentaron en una hilera, escoltados por penitenciarios. Los doce de Py, todos en libertad, se mezclaron con esposas e hijos, que hasta pudieron filmar con sus celulares a los pocos periodistas presentes. Unos en vivo y otros por videoconferencia, todos escucharon la lectura de la elevación a juicio hasta el final de la breve jornada, a las 15.30.

Los acusados de la causa Armada, que sobrevivieron a casi cuatro décadas de impunidad y están en condiciones de afrontar el proceso oral, son hasta hoy 38. El 24 de junio, el juez federal subrogante Santiago Martínez elevó un segundo tramo con 14 acusados. Los fiscales reclaman que se unifique con el primero porque se trata de los mismos hechos (sólo se sumarían tres víctimas a las 66 del proceso en curso), con pruebas documentales comunes, imputados que integraron las mismas estructuras represivas y que hasta comparten abogados. La decisión que podría evitar más casos de impunidad biológica está en manos de los jueces Jorge Ferro, José Triputti y Martín Bava, que ya dictaron dos sentencias en Bahía Blanca.

El fiscal Palazzani remarcó ayer que se trata de un juicio “histórico” y consideró “un simbolismo muy fuerte que se haga en la Universidad del Sur, donde la Armada metió el escalpelo fino en la ejecución del genocidio”. Consultado sobre los asesinatos de Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, empleados del diario La Nueva Provincia secuestrados y fusilados en 1976, señaló que “en una etapa de la perpetración de esos asesinatos inevitablemente tenemos que referirnos al núcleo del diario LNP, que fue su directora (Diana Julio, fallecida) y sus dos hijos”, en referencia a Federico (muerto) y Vicente Massot, que ya fue indagado por los crímenes.

Walter Larrea, querellante por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos local, consideró al juicio “un acontecimiento histórico por lo que significa la Armada en la historia de la ciudad” y se mostró confiado en que “arroje condenas justas que permitan avanzar en las responsabilidades civiles y políticas”. Mónica Fernández Avello, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, señaló que en el juicio “se va a probar la organización entre todas las Fuerzas Armadas en el plan de exterminio”.

El presidente del Movimiento por la Memoria, Verdad y la Justicia (Movejupa) de Punta Alta, Mariano Vara, destacó que la jornada de ayer “marca un quiebre en la comunidad”. “Comienza a correrse el telón de una historia que intentaron ocultar”, advirtió. “En Punta Alta caló muy hondo la teoría de los dos demonios, porque en la región fueron tremendamente sistemáticos el plan de aniquilamiento y la utilización de los medios de comunicación para hacer casi natural este tipo de discurso”, recordó. “Los ciudadanos de Punta Alta tienen que comenzar a perder el miedo”, se esperanzó.