Cerca del inicio de la feria de invierno, el aparato judicial volvió a demostrar su gran capacidad para generar decisiones de alto impacto político y, a la vez, su enorme destreza para evitar investigarse a sí mismo. Otra vez quedó claro que nadie quiere ocuparse del expediente que involucra a jueces de la Cámara de Casación Penal por el intento de soborno destinado a conseguir la impunidad de José Pedraza y la patota de la Unión Ferroviaria por el asesinato de Mariano Ferreyra. Así lo deja en evidencia una resolución de la Cámara del Crimen, que decidió mudar la causa al fuero federal después de que tramitara tres años y medio en el fuero ordinario y que, en el ínterin, se excusaran de intervenir catorce jueces de instrucción y diez de tribunales superiores por sus lazos de amistad, afecto, vecindario o algún remoto grado de conocimiento con los involucrados. Ahora el nuevo juez del caso es Norberto Oyarbide.

En apariencia, la discusión sobre qué tribunal es competente para el caso es meramente técnica. En el fondo, puede ser una forma de conseguir que una causa siga paseando de juzgado en juzgado sin que nadie tome una medida efectiva para esclarecer nada. En el caso en cuestión, ya a mediados de 2011 un dictamen del fiscal Sandro Abraldes, señalaba, en función de cientos de horas de escuchas telefónicas, que era necesario analizar la presunta participación de jueces de Casación Eduardo Riggi, Gustavo Mitchell (quien luego renunció) y Mariano González Palazzo (que era subrogante) en una maniobra que apuntaba a beneficiar a Pedraza y su gente. Para la Cámara del Crimen, recién ahora podría decirse que los jueces están imputados. El fiscal que interviene actualmente, Horacio Azzolín, refuta: “Están imputados hace más de dos años, la situación no cambió en nada, lo que faltan son medidas de prueba que pedimos y que nadie quiso ordenar”.

Por el homicidio de Ferreyra hubo condenas en abril de 2013, que incluyeron al líder ferroviario, a su número dos, a la patota del gremio y policías federales. Están todos presos, excepto los uniformados. El militante de Partido Obrero fue asesinado en una protesta de trabajadores tercerizados del tren Roca el 20 de octubre de 2010. La investigación de las coimas empezó dos meses después, cuando en medio de las escuchas que se realizaban para esclarecer el crimen apareció el propio Pedraza (todavía en libertad) planificando una operación para conseguir la intervención de determinados jueces de Casación y comprar sus voluntades en el momento en que debían resolver los pedidos de excarcelación de la patota.

Según consta en el expediente, Pedraza se comunicaba con un ex agente de la SIDE, Juan José Riquelme, quien hacía buena parte de las gestiones. Hasta hablaban de la cifra que había que pagar: aludían a montos de 50 mil y hasta 85 mil. Como el sindicalista no entendía si eran pesos o dólares, Riquelme le dejó un célebre mensaje en el contestador: “Informan del otro lado que son verdes”. El lobbista se contactaba también con un abogado y ex secretario del juez Riggi, Octavio Aráoz de Lamadrid, y con el contador del gremio ferroviario, Angel Stafforini. Aráoz, a su vez, era el puente con Luis Ameghino Escobar (hijo), un secretario de Casación que se ocupaba de los sorteos de causas. Riquelme le explicaba a Pedraza que el plan era que el expediente le tocara a la sala III de Casación, donde estaba “el amigo Eduardo” (así se refería a Riggi). Pero como era verano y el juez se tomaría vacaciones, tenían que buscar la forma de posponer la decisión. Según las conversaciones, eso lo garantizaría Mitchell ocupando la presidencia en la feria judicial.

Por el seguimiento de todo lo que hablaban, la Policía Federal allanó el estudio de Aráoz de Lamadrid minutos después de que Stafforini dejara allí un sobre con 50 mil dólares, que fueron incautados. Fue el 1º de febrero, y para ese entonces el sorteo ya había asignado la causa a la Sala III, tal como le confirmó Ameghino a Aráoz en varios mensajes de texto. La pesquisa avanzó contra una parte de los personajes: Pedraza, Riquelme, Stafforini, Aráoz de Lamadrid y Ameghino Escobar fueron procesados por cohecho. Los jueces, en cambio, hasta ahora resultaron intocables. Riquelme los mencionaba a cada rato, incluso comentaba cuándo se juntaba con ellos. Hay llamados suyos con Riggi también. Decía que Mitchell agradecía las “atenciones” y mencionaba algún contacto menos directo con González Palazzo.

Algunos de los imputados, como Aráoz de Lamadrid, intentaron desde el comienzo llevar el caso al fuero federal. El abogado había pasado allí más de una década de su carrera, pero no consiguió lo que quería, rechazado por la Cámara Federal. El juez Luis Rodríguez tuvo la causa hasta que fue ascendido en 2012. Desde ese momento, ningún juez quiso asumir la investigación, que para ser completada debía avanzar sobre la participación de los jueces de Casación. Ahí fue que más de una decena de jueces de instrucción se excusaron: alegaron amistad con alguno de los jueces comprometidos, trato frecuente, o que se encuentran en reuniones sociales, o que se cruzan en el fuero, o que se conocen del edificio, o que se conocen sus esposas, o sus hijos. También se excusó una decena de camaristas, con el mismo libreto. Una muestra palpable y sincera de cómo funciona la “familia judicial”.

El último juez, Pablo Ormaechea, intentó sacarse la causa de encima declarándose incompetente. La fiscalía y la querella del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) –que representa a la mamá de Mariano Ferreyra– apelaron, con la expectativa de que la Cámara del Crimen terminara con el Gran Bonete, que sacara la causa de la parálisis, y que incluyera alguna advertencia para que la investigación avance. Pero el resultado, la semana pasada, fue diferente. Ambas partes fueron notificadas de la resolución por mail a última hora del jueves y el viernes el expediente ya estaba en el juzgado de Oyarbide.

Los dos camaristas que, por mayoría, decidieron que el caso pase al fuero federal son Mario Filozof y Ricardo Pinto. El primero contempló que se trata de jueces federales. El segundo dice que pudo haber estado afectado todo el sistema a partir de la presunta designación irregular de Mitchell como presidente de la Casación durante la feria de 2011. La querella y la fiscalía consideran que hubo un armado exclusivamente para el expediente del asesinato de Ferreyra. El camarista Julio Lucini votó en disidencia: sostiene que la investigación está terminada, lo que desvincula a los jueces.

El CELS va recurrir a la Cámara de Casación para volver a discutir la competencia. Una de las más grandes paradojas es que Riggi fue designado como subrogante en la Sala IV, donde está radicada la causa de los sobornos. Mientras tanto, la querella y la fiscalía reclamarán que siga actuando Ormaechea y que concrete medidas de prueba pendientes desde hace dos años, que incluyen, por ejemplo, la declaración de empleados de Riggi, la de la jueza Angela Ledesma.

“La declaración de incompetencia sigue entorpeciendo el trámite. Lo importante es que la causa tenga un juez definitivamente y se investigue la responsabilidad de los funcionarios judiciales. Por formalidades el expediente sigue boyando”, advirtió Paula Litvachky, directora del Area de Justicia y Seguridad del CELS. Recordó, además, que hace dos años Riggi fue denunciado por el organismo ante el Consejo de la Magistratura, que no impulsó ninguna medida para determinar si incurrió en mal desempeño. “Nosotros creemos que las escuchas telefónicas permiten hacer una investigación sobre su conducta y sus relaciones espurias, lo que es independiente de si cometió o no un delito. Hemos hecho reclamos en el Consejo pero no conseguimos respuesta”, dijo Litvachky.

El fiscal Azzolín le dijo a este diario que espera por lo menos que la causa no cambie de rumbo y determine responsables. “El Poder Judicial –sostuvo– tiene que poder investigarse a sí mismo como lo haría en cualquier otro caso. La ley debe ser pareja para todos.”