El último intento del jefe de Gobierno porteño por no perder el control de ninguna partida presupuestaria fue bloqueado por la Justicia porteña. El juez Francisco Ferrer hizo lugar ayer a un pedido de amparo de catorce comuneros de la Ciudad para que se suspenda el decreto 251, firmado a fines de junio por Mauricio Macri. El decreto creaba un sistema de gerencias y subgerencias que en efecto privaba a las comunas del manejo de los fondos que les corresponden para trabajos de mantenimiento locales y la realización de obras públicas. Hace años que evitar que estas partidas se descentralicen es una prioridad política del PRO en la Ciudad.

En sus casi siete años en el Gobierno de la Ciudad, el macrismo resistió largamente ceder el control real de funciones a las comunas. El sistema implica una descentralización de la atención al público y de trabajos de mantenimiento o de obras locales, según el artículo 128 de la Constitución porteña. Pese a que ganó en todas las comunas, el PRO se negó a transferir fondos y responsabilidad real a los barrios. De hecho, creó un sistema por el cual se aseguró que nada fuera construido sin una decisión centralizada desde el poder central.

El mecanismo elegido fue el crecimiento de un poco conocido ente, la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, que convenientemente depende directamente de la Jefatura de Gabinete de la CABA. Esta secretaría, en sus comienzos, creó y manejó los CGP, pero al votarse finalmente las comunas perdió esa función. Rápidamente se recicló como una entidad que encargaba obras públicas de pequeño porte, con presupuestos sorprendentes y encargos difíciles de explicar pero siempre justificados por “el pedido de los vecinos”. Una especialización de la entidad fue remodelar plazoletas y veredas, pagando precios muy superiores a los del mismo Ministerio de Espacios Públicos de la Ciudad. Fue el caso de la plazoleta Las Madres en la esquina de Garay y Entre Ríos, donde abundaron los tachos de basura de 200 dólares y donde se falsearon las medidas en los planos para justificar lo pagado, como descubrió Página/12.

La secretaría recibió el año pasado, tal vez como premio, el encargo de mantener e intervenir en 37 espacios públicos en toda la ciudad. Estas plazas, bulevares, cruces y plazoletas se reparten en varias comunas y, según la Constitución, ya deberían ser cuidadas e intervenidas por las autoridades comunales locales. Los consejos comunales recibieron apenas un cinco por ciento del presupuesto de la Ciudad, suficiente para tomar el lado de atención al público en trámites, y poco más.

Y el otro aspecto importante de la negativa del Ejecutivo a delegar es el muy delicado de tener que crear consensos para sus obras públicas favoritas, como los metrobuses. Hasta ahora, este tipo de creaciones se realizan por decreto y directamente desde un ministerio, sin ningún tipo de diálogo o consulta con la comuna o las comunas afectadas por el recorrido. El sistema actual no sólo cierra por completo el diseño y el manejo presupuestario de las obras a cualquier control público, sino que permite marcar prioridades propias –como la campaña presidencial de Mauricio Macri– por sobre lo que necesite cada barrio.

Sin embargo, la usurpación de funciones de la Secretaría de Gestión Comunal es tan difícil de sostener que a fines de junio el jefe de Gobierno emitió su decreto 251, creando un mecanismo nuevo. La idea era crear un cuerpo de gerentes y subgerentes que administraran obras, tareas y presupuestos, rindiendo cuentas a la Secretaría de Gestión Comunal pero “coordinando” con los presidentes de las comunas. A futuro, estos funcionarios dependientes del Ejecutivo serían nombrados por concurso, pero en lo inmediato aparecerían por decreto. Todo el mecanismo fue entendido por los comuneros como una intervención preventiva, lo que causó un gran malestar, incluso entre los oficialistas.

Fue entonces que los 14 comuneros decidieron presentar su amparo. Fueron María Lavalle, Luciano Umérez, Alberto Lacherra, Miguel Vayo, Patricia Machado, Martín Iommi, Jorge Orovitz Sanmartino, María Alejandra Camiña Bergalli, Rubén Tzanoff, María Marta Lopes, Paula Resels, Basilio Sioutis, Marcelo Charlón y Carlos Méndez, respectivamente de las comunas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 y 15. Ante el juzgado Contencioso Administrativo y Tributario 23, presentaron un argumento de rango constitucional: el Ejecutivo porteño invadía privilegios legislativos.

Como escribió el abogado que representó a los comuneros, Jonatan Baldiviezo, “la organización, competencia y funcionamiento de las comunas es una materia que ha sido reservada por la Constitución a la Legislatura local”. Además, la Ley 1777, que específicamente regula el tema, les confiere a las Juntas Comunales “la atribución de organizar funcionalmente su acción de gobierno en áreas de gestión”. El único recaudo que impuso la Legislatura fue que las comunas tuvieran un área de participación vecinal y una de control comunal. Con lo que el mecanismo creado por decreto afecta “atribuciones comunales” que hacen a un “importante aspecto institucional” de la Ciudad. De hecho, según el pedido de amparo, el Ejecutivo debe “abstenerse de emitir o producir actos que signifiquen intromisión o menoscabo de las funciones de competencia exclusiva de las comunas”. Ese es el caso del nombramiento de gerentes y subgerentes, que de hecho vaciaría de poderes reales a las comunas.

El juez Ferrer atendió también el argumento de la urgencia y emitió un fallo concediendo la medida cautelar y suspendiendo la vigencia del decreto 251.