El ex jefe de Gabinete del Ministerio de Economía Guido Forcieri negó ayer ante el juez Ariel Lijo la existencia de una reunión con el amigo de Amado Boudou, José María Núñez Carmona, y el funcionario de la AFIP Rafael Resnick Brener, para tratar el caso Ciccone. Forcieri dijo que Resnick Brener fue al ministerio, pero no para hablar de la imprenta sino a pedir que se acelerara un pago millonario a favor de su padre en un litigio contra el Estado. La declaración de Resnick Brener fue utilizada por el juez Lijo para fundamentar que Boudou se ocupó del levantamiento de la quiebra de la imprenta y que lo hizo a través de Núñez Carmona. Así demostraría que Boudou es uno de los dueños de Ciccone. También ayer la Sala I de la Cámara Federal fijó una audiencia para el 4 de septiembre para que las partes –entre ellas la defensa del vicepresidente– fundamenten su apelación a los procesamientos.

Forcieri es actualmente representante argentino y de otros países sudamericanos ante el Banco Mundial, en Washington. Por ello, pidió postergar su declaración hasta que la entidad a la que está asignado entre en período de receso. Su indagatoria estaba prevista para hoy, pero se presentó ayer, y junto a su abogado Pablo Slonimsqui entregó un escrito de defensa. El texto ratifica un comunicado que emitió en el momento de la declaración de Resnick Brener, en junio.

Para Lijo una de las pruebas más importantes contra Boudou, al que considera dueño de Ciccone, es que operó para levantar la quiebra de la imprenta. La calcográfica tenía enormes deudas con la AFIP por lo cual el ente recaudador pidió su quiebra, una forma de presionar para cobrar los impuestos adeudados. Además se había dado un hecho económica y políticamente grave: el juez de la quiebra, Ricardo Cosentino, entregó las máquinas de hacer billetes a la empresa Boldt, competidor de Ciccone y dueño de gran parte de los casinos y del juego en la provincia de Buenos Aires. Lijo sostiene que entonces intervinieron Boudou, su amigo Núñez Carmona y su también amigo Alejandro Vandenbroele para realizar el salvataje y quedarse con la empresa.

En ese marco, el juez cuenta con una declaración indagatoria de Resnick Brener que dice que fue a Economía y que allí se reunió con Núñez Carmona y Forcieri para tratar el tema Ciccone. Así se demostraría la intencionalidad del salvataje.

Forcieri afirma que Resnick Brener miente y que efectivamente hubo una reunión en Economía, pero porque el hombre de la AFIP fue a pedir por un pago del Estado a su padre, Moisés Brener, referido a una obra pública y al Banco Hipotecario Nacional. Forcieri sostiene que nunca habló con Resnick sobre Ciccone y que nunca le presentó a Núñez Carmona.

Todo el episodio es extraño:

• A Boudou se le endilga haber operado a favor de la concesión de un plan de pagos a Ciccone. Ese plan no se le concedió a la imprenta.

• n El juez dice que ese plan de pagos, que no se concedió, era ilegal. Resnick no sólo dice que era legal, sino que además consultó todo con el titular de la AFIP. Incluso que Echegaray estaba al tanto de la supuesta reunión en Economía. Es por eso que el fiscal Jorge Di Lello pide la citación a indagatoria de Echegaray.

• Pero lo cierto es que, aun así, la AFIP no hizo nada fuera de la norma. Se le concedió a Ciccone un plan que se les dio a otras empresas en crisis en aquel momento y con el objetivo de cobrarles los impuestos y que no se perdieran los puestos de trabajo.

• El fiscal ante la Casación, Javier De Luca, sostuvo que no se le puede endilgar delito al vicepresidente cuando la firma para levantar la quiebra y adjudicar un plan de pago la tenía la AFIP y no Boudou. Ese criterio fue rechazado por dos a uno por la Casación, pero básicamente porque se consideró que era prematuro cerrar la investigación.

Lo cierto es que ahora se llegará al tratamiento de los procesamientos en la Cámara Federal. La Sala I le había dicho al juez que investigue la ruta del dinero, porque ésa sería la forma de saber si, como dice el magistrado, Ciccone es de Boudou, Núñez Carmona y Vandenbroele. El vicepresidente dice que no tiene ni tuvo nada que ver con la imprenta y afirma que el dinero lo pusieron los financistas Raúl Moneta y Jorge Brito, que serían –según él– los que se quedaron con la calcográfica.

Lijo está trabajando recién ahora en ese aspecto, pero mientras tanto dictó el procesamiento igual. La Sala I citó a audiencia el 4 de septiembre para que los procesados fundamenten sus apelaciones. Todo indica que lo harán mediante extensos textos.

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