Angela Barrera trabajó durante 12 años como profesora de educación física, natación y de la colonia de vacaciones del colegio católico San José de Calasanz, del barrio de Caballito. Hasta que sorpresivamente fue despedida después de anunciar a los directivos que estaba embarazada. “Me echaron por ser madre soltera”, denuncia, con bronca, esta mujer de 41 años, cuyo novio la dejó al enterarse de que esperaban un hijo. Angela recuerda que cuando dio la noticia de su embarazo el cura que dirige la institución le reprochó: “Pero vos no estás casada”. Un mes y medio después le llegaría el telegrama de despido. “Quiero contarlo para que no le pase a ninguna otra mujer”, dice Angela y cuenta que durante mucho tiempo tuvo vergüenza de caminar frente al colegio, que queda a una cuadra y media de su casa, porque le habían hecho sentir culpa por la forma en que fue despedida. Más bronca tuvo –dice– cuando se enteró de que “la institución recibe subvención estatal”, como tantas otras escuelas confesionales. A comienzos de julio, un padre de una nena de 3 años denunció que el mismo colegio le rechazó la inscripción de su hija cuando advirtió que no estaba casado con su pareja (ver aparte).

El telegrama de despido le llegó el 14 de abril de 2010. Pero recién ahora, dice, se animó a contarlo. El colegio le pagó en un principio una indemnización simple. Angela cobró el dinero –alrededor de 15 mil pesos, en aquel momento–, pero firmó en disconformidad. Entonces, fue a la Justicia, con la representación legal de la abogada laboral Noemí Habas, para reclamar la indemnización que le correspondía por haber sido despedida tras informar de su embarazo y, además, para que le reconocieran los sueldos que le pagaban “en negro” por alguna de las actividades que desempeñaba en el Calasanz, como su trabajo en la colonia de vacaciones en los meses de verano.

En primera instancia, el 13 de julio de 2012 un fallo de la jueza Ana Alejandra Barilaro, a cargo del Juzgado Nacional del Trabajo N° 20, dio por probado que ella había notificado el embarazo antes de que la echaran. También se le reconoció el trabajo no registrado. Pero llamativamente, en segunda instancia, una sala de la Cámara de Apelaciones del fuero laboral avaló la posición del colegio religioso, que siempre negó haber estado al tanto de la gestación cuando decidió desvincular a la docente de la institución, y así convalidó que le pagaran un monto menor de indemnización por el despido sin causa.

Esa sentencia fue firmada a fines de 2013 por las juezas Silvia Pinto Varela y Graciela Elena Marino, a las que fuentes de los tribunales vinculan “con el Opus Dei”.

El Calasanz, ubicado en avenida La Plata y Directorio, está bajo la conducción del cura Ernesto Herman. Página/12 intentó contactarlo, pero no logró que respondiera a los llamados. Su mano derecha, la contadora y administradora de la institución, Silvia Inés Vicente, dijo que sobre el tema el único que podía hablar era el sacerdote, pero que trabajaba todo el día y que no sabía en qué momento atendería a este diario. Y no quiso acordar una entrevista.

Angela es hija de Juan Carlos Barrera, un militante montonero desaparecido y asesinado durante la última dictadura militar, que trabajaba en el Correo estatal, donde era delegado. Hace poco más de un mes, su hija consiguió empleo. La profesora de educación física recuerda que cuando en julio de 2009 la convocaron del Equipo de Antropología Forense para darle la noticia de que habían identificado los restos de su padre –encontrados en una fosa común del Cementerio de Moreno con otros 18 cuerpos– tuvo que pedir el día en el colegio. “La primera vez que quise hablar del tema con el cura no me quiso escuchar. ‘Algo me contaron’, me dijo muy fríamente, pero me aclaró que tenía que hacer cosas más importantes que escucharme. Yo esperaba un abrazo, hacía ya muchos años que trabajaba con él. Le estaba contando que habían encontrado los restos de mi padre. El cura hizo la señal de la cruz. Yo aguanté las lágrimas. Otro día me dijo que el alma de mi papá iba a ir ‘al infierno’.” Su padre tenía 33 años y estudiaba Ingeniería cuando una patota militar “se lo llevó de su casa de Villa Lugano”. Fue secuestrado el 7 de abril de 1976, recuerda Angela. “Estaba organizando la celebración por los 100 años del Trabajador Postal”, supo después su hija. Ella tenía entonces 3 años y medio, la edad que ahora tiene su propia hija, que nació el 26 de octubre de 2010, un “día antes de la muerte de Néstor Kirchner”. “Del día más feliz de mi vida pasé en 24 horas al más triste”, dice Angela, que expresa un profundo agradecimiento a la política de derechos humanos que lleva adelante el gobierno nacional. Después de ese incidente, ella siguió desempeñándose como profesora de Educación Física de la secundaria, de natación y de la colonia. “Hasta que en febrero de 2010, un día lo veo al cura y a su secretaria y les cuento con mucha alegría que estaba embarazada. El cura lo primero que me pregunta fue si algún compañero mío sabía de esa situación. Le dije que no, que lo primero que estaba haciendo era comunicárselo a él. Me dijo ‘muy bien.... Que Dios te bendiga y te proteja por terrible pecado’. El pecado era que estaba de novia y sin casarme. Y encima con el agravante de que mi novio me había dejado”, cuenta Angela, en un café de Villa Crespo.

Además de su trabajo en el Correo, donde empezó hace pocas semanas, es profesora en una cadena de gimnasios. “Siempre tuve miedo y terror hasta de pasar por la puerta de la escuela, durante casi tres años, como si la que hubiese actuado mal hubiese sido yo. Yo lo único que sé es que estaba recontraembarazada. Y de hecho les presenté certificado a fines de febrero de 2010. Pero lo que no hice fue mandar una carta documento notificándoles de esa situación, porque ni se me cruzaba por la cabeza que me iban a echar estando en blanco durante tantos años”, relata.

El parto fue atendido por el subjefe de Obstetricia del Hospital Italiano, el médico Gustavo Germán Izbizky. El juicio para reclamar la indemnización que le correspondía fue largo, llevó alrededor de tres años. Finalmente tuvieron que pagarle más de 100 mil pesos (por multas por el trabajo en negro), aunque no se contempló el hecho de que estaba embarazada cuando la despidieron. Pero Angela no se va a olvidar de un detalle: “El primer día que los directivos del colegio tenían que presentarse a una audiencia, el rector de la secundaria, Guillermo Gini, me envió la noche anterior un mail que decía “no al aborto”. Eso fue como una burla, ya que sabiendo de mi embarazo me despidieron. Me costó mucho contar esta situación porque me generaron mucha culpa”, dice y espera que ninguna otra mujer tenga que pasar por la misma situación.