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Nuestro país vive un momento histórico muy particular en relación con la distribución de bienes culturales. El impacto lo reconoce la propia sociedad en su conjunto y particularmente el núcleo social de la cultura. Se pueden ofrecer algunos ejemplos que ilustran el nuevo estado de las cosas: la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ha democratizado la circulación de la palabra y nos permite crear nuevos contenidos con un sentido nacional y regional. Desde el año 2004 el Estado ha comprado millones de ejemplares de libros para distribuirlos en las escuelas, lo que implica incentivar la lectura y potenciar la industria del libro. Dentro del sector cultural los cineastas y los actores se han beneficiado con el reconocimiento a los derechos de reproducción de sus obras y los músicos tienen ahora su propio instituto nacional. Nuevas posibles leyes de la cultura se encuentran en debate parlamentario. Por otra parte, en el conjunto de las disciplinas artísticas se reconoce que es un muy buen momento para considerar reivindicaciones sectoriales específicas.

Como dato general, la cultura aporta significativamente en nuestro país al Producto Bruto Interno (PBI). Este es un dato grueso de la realidad que tiene su importancia, como también hay que considerar por otros motivos el potente valor de uso que tienen las metáforas, las imágenes y los símbolos. El conflicto siempre se suscita entre la necesidad de reconocer una producción cultural de excelencia y las formas en que se distribuyen democráticamente las riquezas que generan esas producciones entre los trabajadores de la cultura. No obstante, es muy importante considerar también el origen de ciertos respaldos económicos. Resultó alentador que Palabras del Alma, una biblioteca popular de la localidad de Pilar, haya rechazado un subsidio por provenir de capitales vinculados con los fondos buitre. A su vez, reconocer la riqueza que genera la cultura nos estimula para pensar que el trabajo artístico realizado puede ser retribuido potencialmente como corresponde.

Este nuevo estado de las cosas ha generado positivamente una nueva puja distributiva en la cultura que reproduce sentidas reivindicaciones en todo el país. Podemos decir hoy que uno de los reclamos históricos resueltos para el sector cultural ha sido sin duda la creación del Ministerio de Cultura de la Nación. Esta nueva condición institucional nos impulsa a pensar en la necesidad de una Ley Nacional Federal de las Culturas que permita contener toda la actividad cultural argentina. Pensamos en una ley que garantice el protagonismo del Estado en las políticas públicas con un sentido nacional, federal, democrático y participativo.

Complementariamente, se hace necesario investigar sobre las nuevas relaciones entre el Estado, la sociedad, la cultura y considerar la importancia de un observatorio que registre permanentemente estos vínculos. Toda política cultural que se precie de tal debe atender por cierto la calidad institucional, pero también debe considerar el impacto de las poéticas en la sociedad, la circulación del pensamiento crítico, la creación popular, las formas autogestivas y cooperativas de producción cultural independiente que se generan en la propia sociedad, respaldadas, además, por las propias políticas culturales públicas.

Una ley marco permitirá contener toda la vida institucional de la cultura y darle organicidad. Una ley que considere los derechos culturales, el lugar que ocupan los trabajadores de la cultura y los ciudadanos. Una ley que reconozca la propiedad intelectual, el derecho de autor sobre las obras científicas, literarias y artísticas, la libertad de inversión, producción y divulgación. Una ley que permita políticas de Estado que garanticen el acceso popular a la cultura en todas sus manifestaciones. La cultura es un derecho humano asociado a los propios derechos culturales de los artistas. Hay que destacar que todo el sector cultural se beneficia siempre con políticas de Estado centralizadas, descentralizadas, regionales y federales. Una ley marco permitirá llevar adelante un gobierno de la cultura nacional, dándole armonía el conjunto de la vida institucional existente, respetando las autonomías e integrando a todos los sectores.

Se acaba de crear el Ministerio de Cultura de la Nación, lo que constituye un gran acontecimiento. Consideramos, en tal sentido, que un importante paso sería lograr una ley que enmarque la vida institucional del nuevo ministerio, que establezca los lineamientos generales para el nuevo gobierno nacional de la cultura. El nuevo ministerio está a cargo de Teresa Parodi, una excelente artista, trabajadora de la cultura y gran conocedora de los territorios nacionales. Se nos presenta, entonces, una oportunidad histórica para impulsar una Ley Nacional Federal de las Culturas, una ley marco de la cultura, que pueda ser discutida en todas las regiones del país como ocurrió con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Una ley que reconozca la diversidad cultural existente, los problemas étnico-culturales, las tradiciones, los fenómenos regionales. Contamos, además, con el Frente de Artistas y Trabajadores de la Cultura que oportunamente ha presentado un anteproyecto de ley en el propio ministerio. Dicho frente, en común acuerdo con el Ministerio de Cultura, se ha propuesto crear las condiciones necesarias para generar foros y debates en las distintas provincias argentinas, para intercambiar propuestas sobre los 21 puntos por una Ley Nacional Federal de las Culturas, considerar las reivindicaciones que surgen dentro del sector, las nuevas relaciones que se presentan en el campo de la cultura y sus vínculos con el Estado y la sociedad.

* Escritor. Director artístico del Centro Cultural de la Cooperación.