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La infame Ley de Residencia (la número 4144, también conocida como Ley Cané) fue sancionada en 1902 con el objetivo de brindar al Poder Ejecutivo la potestad de expulsar del país a cualquier extranjero tildado de “anarquista”. La normativa, utilizada por distintos gobiernos nacionales para reprimir la organización sindical de los trabajadores, operó como justificativo legal para expulsar a obreros anarquistas, comunistas y socialistas del país durante 56 años, hasta su derogación bajo el mandato de Frondizi.

Paradójicamente, durante el primer gobierno de Perón –cuando la bancada oficialista poseía mayoría absoluta en ambas cámaras– hubo un intento frustrado por eliminarla. A pesar de que el entonces presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el Dr. John William Cooke, anunció públicamente la agonía inminente de “la Ley 4144..., una de las obras más nefastas de la oligarquía nacional”, hubo un repentino cambio de posición, plasmada en las palabras del diputado Montiel: “En este momento yo, como trabajador, saldría a la calle para decirles a los trabajadores: ‘Compañeros, esta ley antes nos sacrificaba a nosotros porque la manejaban ellos; ahora la ley la manejamos nosotros y no se deben temer arbitrariedades’”.

Al observar el accionar violento de algunos miembros de las fuerzas de seguridad frente a cortes de vías de tránsito o la represión de distintos episodios de protesta social, me pregunto si a pesar de que actualmente “la ley la manejamos nosotros”, no estamos cometiendo graves errores en su aplicación, particularmente cuando los que levantan la voz no pertenecen a nuestro propio colectivo político. Si un gendarme se arroja sobre un auto, simulando ser atropellado para poder endilgarle un delito a un manifestante de izquierda, ¿significa esto que los trabajadores deben temer una aplicación arbitraria de la ley, un uso de la fuerza policial ideológicamente orientada hacia las bases sindicales más combativas?

Igual de preocupante resulta el regreso de un discurso que vincula la comisión de actos delictivos con la deportación de ciudadanos extranjeros, expresado recientemente por el secretario de Seguridad de la Nación –y también responsable por los actos de la Gendarmería–, Sergio Berni. Estadísticamente, de acuerdo con el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (Sneep), sólo el 0,2 por ciento de los extranjeros que habitan el país están privados de su libertad. Sin embargo, los discursos estigmatizadores hacia los inmigrantes desconocen los avances de nuestro país –impulsados por este Gobierno– en materia de integración de los pueblos (como la Ley de Migraciones), reavivan el fuego de un tradicional latiguillo discriminador de la derecha nacional y legitiman el sesgo policial selectivo contra ese sector.

Al margen de las diferencias metodológicas, políticas e ideológicas que nos distinguen de las organizaciones y partidos de izquierda, resulta claro que la reciente actuación de las fuerzas de seguridad no se condice con “un proyecto nacional de inclusión social que recupera y amplía derechos, y una convocatoria a la participación política, cuyo principal destinatario es la juventud”, como aseguró en un reciente comunicado la agrupación H.I.J.O.S.

La interrupción de las vías de tránsito como método de protesta es discutible, pero seguro es menos repudiable que la represión y la violencia institucional. Años de conquistas en materia de derechos humanos merecen un tratamiento de la protesta social acorde, que anteponga (por más dificultoso que resulte) el diálogo a la macana, y que, en pocas palabras, sea digna de la historia que escribe día a día esta administración.

* Secretario Político del Movimiento de Unidad Popular.