Una resolución de la Sala II de la Cámara Federal dejó a Amado Boudou cerca de ir a juicio oral por irregularidades detectadas en la documentación de transferencia y cambio de radicación de un auto Honda CRX Del Sol que compró en 1993. El tribunal confirmó el procesamiento que le había dictado el juez Claudio Bonadío por falsificación de documento público, delito por el que responsabilizó también a su ex pareja, Agustina Seguín, y a una funcionaria del Registro de Automotores 2. El vicepresidente ha argumentado a lo largo de la causa que la compra del vehículo se hizo por los carriles legales y los trámites fueron encomendados a gestores con los que sólo se contactó su ex mujer y que posiblemente trucharon papeles.

La causa penal se inició hace cinco años. La denuncia la hizo en 2009 la titular del Registro 2 de Capital, María Gabriela Taboada Piñeiro, ahora procesada. Los trámites de cambio de jurisdicción y transferencia se remontan a 2003, aunque fue adquirido en 1992 según declaró Boudou. La resolución de la Cámara –que firman Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah– dice que está probado que en el formulario 08, de transferencia del vehículo a Boudou, todas las firmas son falsas (incluso la del vicepresidente); que el domicilio que consignaba es una dirección inexistente; y el motor que se hizo constar era el original, aunque Boudou lo había cambiado en 1995. El formulario 12, de verificación vehicular, también tenía datos truchos; y el 04, que requiere el cambio de radicación de Moreno a Capital Federal, consigna el domicilio inexistente, en la calle Berón de Astrada.

Según la Cámara, “Boudou participó con conocimiento y voluntad de los hechos reprochados”. Su “intervención concreta”, dice, “como adquirente y poseedor del rodado, estuvo dada por el aporte de los datos necesarios para la confección de la documentación estando en conocimiento de las falsedades que en ella se habrían de insertar”. Boudou, cuando fue indagado, explicó que todo el trámite se hizo sin su participación. Que se ocupó su ex pareja, Seguín, que ella contactó a los gestores, a quienes él jamás vio. Y que su hipótesis es que extraviaron en algún momento el formulario 08 original, usaron otro al que le pusieron firmas truchas, adulteraron la verificación policial y pusieron un domicilio falso que se correspondía con el Registro en el cual tenían llegada. La falsedad ideológica prevé penas de uno a seis años.

Boudou y Seguín sostienen que inicialmente entregaron un formulario 08 con la firma auténtica del vendedor Cayetano Campione y la de Boudou, con la certificación de una escribana. El juez de primera instancia había dicho que no existían pruebas de eso y que la escribana invocada por Boudou fue procesada por actos fraudulentos. A lo que la defensa respondió que al momento del trámite estaba habilitada. El vicepresidente y su ex pareja coinciden en el relato de la contratación y la responsabilidad de los gestores, que ya habían sido procesados, y no apelaron.

Jacobo Grossman, abogado del ex ministro de Economía, dijo que le llama la atención que la Cámara con anterioridad había revocado el procesamiento de la funcionaria Taboada Piñeiro “porque no advertía dolo” en su actuación y ahora la procesa “sin nuevos elementos”, aludiendo a la demora en hacer la denuncia y lo evidente de las falsificaciones. “¿Cuál es el dolo de Boudou? Eso realmente no lo entiendo, ni cuál es el perjuicio ocasionado”, dijo el defensor.

Es improbable que Boudou haga un nuevo intento de apelar en la Cámara de Casación. Lo más probable es que espere la elevación a juicio oral, que debe concretar Bonadío, y luego decida cómo sigue su estrategia.