La jueza federal María Servini de Cubría ordenó la detención y extradición a la Argentina de una veintena de ex funcionarios y miembros de fuerzas de seguridad de la dictadura de Francisco Franco por delitos de lesa humanidad cometidos en España en los años ’60 y ’70. La decisión de la magistrada se funda en el principio de jurisdicción universal, el mismo que en 1998 permitió la detención del dictador chileno Augusto Pinochet en Gran Bretaña por parte del juez Baltasar Garzón, quien paradójicamente fue sometido a juicio por prevaricato, y suspendido por el Tribunal Supremo por impulsar en su país la investigación de decenas de miles de crímenes y apropiaciones de niños aún impunes. Los pedidos de detención preventiva con fines de extradición, que había solicitado el fiscal Ramiro González, fueron notificados el jueves al jefe de Interpol.

Servini instruye la causa desde 2010, a partir de una denuncia de familiares de víctimas del franquismo, organizaciones no gubernamentales españolas como la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica, organismos de derechos humanos argentinos (Abuelas, CELS, APDH, Comisión Provincial por la Memoria, entre otros) por lo que definen como “plan sistemático, generalizado, deliberado y planificado de aterrorizar a españoles partidarios de la forma representativa de gobierno, a través de la eliminación física de sus más representativos exponentes”.

Los delitos que se imputan a los franquistas son los mismos por los que se juzgan a los represores autóctonos: privaciones ilegales de la libertad, torturas, homicidios y sustracción de menores, a los que Servini atribuye “la calidad de crímenes contra la humanidad o de lesa humanidad”, que son imprescriptibles. A lo largo de 222 fojas la jueza desmenuzó y refutó los argumentos esbozados por la Fiscalía General del Estado, en 2011, para objetar el avance de la causa en la Argentina y sugerir que existen investigaciones en curso en España. En palabras de Garzón, que declaró el año pasado, “este juzgado es el último reducto judicial que les queda a las víctimas del franquismo para ser reparados”.

En marzo de 1974, el consejo de ministros firmó la sentencia de muerte “por garrote vil” de Salvador Puig Antich, del Movimiento Ibérico de Liberación (MIL), de 23 años. La jueza imputó por el hecho a los ex ministros Antonio Carro Martínez, Licino de la Fuente, Antonio Barrera de Irimo y José Utrera Molina, y al capitán auditor Carlos Rey González, que participó en el consejo de guerra que dictó la condena.

Carro Martínez también convalidó con su firma los fusilamientos de José Huberto Baena Alonso, José Luis Sánchez Bravo Sollas, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot y Angel Otaegui Echeverría, que se concretaron en Madrid, Barcelona y Burgos el 27 de septiembre de 1975. Por el mismo hecho están imputados los ex ministros José María Sánchez Ventura Pascual y Fernando Suárez González, y el vocal auditor Jesús Cejas Mohedano.

El 3 de marzo de 1976, la represión a una asamblea de trabajadores en huelga en la iglesia de San Francisco de Asís, en Vitoria, terminó con la muerte de cinco obreros y un centenar de heridos. Por la matanza de Vitoria están imputado el ex ministro Alfonso Osorio García, el ex capitán de la policía armada Jesús Quintana Saracibar, y Martín Villa.

Antonio Troncoso de Castro, coronel auditor, está acusado como vocal de consejos de guerra contra luchadores antifranquistas, entre 1963 y el final de la dictadura. Se ocupaba de redactar sentencias de muerte. Atilano Del Valle Oter está acusado de haber disparado y arrojado por una ventana a Miguel Jiménez Hinojosa desde un piso de Barcelona, en abril de 1971. Abelardo García Balaguer, por la sustracción del hijo de Adela Carrasco Martínez, a quien le practicó un parto en el Hospital Municipal de la Línea de la Concepción, en Cádiz, el 5 de noviembre de 1967. Los otros imputados, todos por torturas, son Jesús González Reglero y Ricardo Algar Barrón (de la Dirección General de Seguridad de Puerta del Sol, en Madrid), Félix Criado Sanz (en Zamora, 1969), Pascual Honrado de la Fuente (en Oviedo, 1967), Jesús Martínez Torres (en una comisaría de Barcelona) y Benjamín Solsona Cortés (en Valencia, 1971).