La oposición política hace días anuncia que obstaculizará el nombramiento, por parte del Gobierno, de un nuevo juez de la Corte Suprema para cubrir la vacante que dejará Raúl Zaffaroni el 31 de diciembre. El presidente del alto tribunal, Ricardo Lorenzetti, había sugerido que no hay urgencia para una designación y que el cuerpo puede funcionar “normalmente” con cuatro integrantes. El jefe de Gabinete concluyó: “Pareciera que existe una especie de acuerdo tácito entre algunos de los miembros de la Corte Suprema de Justicia con la oposición para impedir la designación de nuevos miembros”. Capitanich reafirmó que “corresponde que el Poder Ejecutivo cubra la vacante en el marco del ejercicio de la calidad institucional”.

De acuerdo con la ley vigente, la Corte debe tener cinco integrantes. Con la salida de Zaffaroni, que quedó aceptada oficialmente ayer con la publicación de un decreto presidencial que le agradece “los valiosos servicios prestados”, habrá un lugar vacío en el máximo tribunal. Días atrás, con el fallecimiento de Enrique Petracchi se reavivó públicamente también la discusión por el número de integrantes, y el viceministro de Justicia, Julián Alvarez, deslizó ampliarla a siete jueces, lo que hacía pensar en mayor posibilidad de acuerdos partidarios en el Congreso si hubiera que hacer tres designaciones.

Al hablar ayer por radio, el titular del radicalismo, Ernesto Sanz, advirtió que su partido no quiere “hacer ningún acuerdo con el Gobierno en temas de justicia” porque “no tiene una mirada que sea la de mejorar la calidad, la eficiencia, hacerla más independiente”. Con relación al máximo tribunal, para rechazar la designación de un nuevo ministro se aferró a lo que dijo Lorenzetti: “Con un miembro menos, lo ha dicho el propio presidente de la Corte, pueden funcionar sin dificultades”. La vicepresidenta del Tribunal, Elena Highton de Nolasco, no piensa igual y en una entrevista publicada por Página/12 el domingo pasado señaló que “lo ideal es que la Corte esté completa” y que el Poder Ejecutivo proponga pronto un candidato. No es bueno, señaló, que el tribunal funcione con cuatro jueces o número par ya que, “si bien se puede llamar a un conjuez para desempatar, el problema es que, al ser alguien ajeno a la constitución del tribunal que cambie incluso según el caso, puede generar incertidumbre a la jurisprudencia”.

“Es razonable y muy prudente dejar el nombramiento del juez para el próximo presidente”, lanzó desde PRO el diputado Pablo Tonelli y resaltó que ésa será la posición de su partido. Recordó que “ya la expresaron públicamente (Federico) Pinedo y (Gabriela) Michetti”. Como la renuncia de Zaffaroni se hará efectiva a fin de año la designación del nuevo juez sería, cuestionó Tonelli, “muy al final del mandato de la Presidenta”. El senador Roberto Basualdo (Alianza Compromiso Federal), aliado con el massismo, dijo algo similar: “No hay apuro, hay que esperar al nuevo gobierno y si es este gobierno y es un candidato que no es idóneo no habilitaremos los dos tercios. Ningún opositor quiere un candidato adicto al Gobierno” lo que “no significa que la oposición tenga un candidato”, aclaró. Lo que dice el radicalismo –omitiendo analizar cómo funcionó la Corte durante los últimos diez años– es que el Gobierno “quiere garantizar la impunidad cubriendo las vacantes”.

Capitanich sostuvo que “el Poder Judicial es autónomo e independiente” y recordó que Néstor Kirchner propició un sistema de selección de jueces con escrutinio de la ciudadanía a través de audiencias e impugnaciones. Recordó que la composición de cinco miembros de la Corte surgió de una ley que impulsó Cristina Kirchner como senadora. “Los mismos que pregonan calidad institucional y atacan sistemáticamente al Gobierno son los que demuestran una estrategia para alterar la calidad institucional”, dijo. El ministro de Justicia Bonaerense, Ricardo Casal, también habló a favor de cubrir pronto la vacante suprema. Dijo que León Arslanian podría ser un buen candidato aunque planteó que “el cupo femenino es importante”. Se mostró partidario de una Corte de siete integrantes en lugar de cinco porque “funcionaba bien y podría funcionar muy bien; por ahí cinco es un número más acotado. Siete miembros no es un número despreciable. Al contrario, es un número interesante para poder extender la Corte”. El rechazo opositor a elegir un nuevo juez a su entender es “un elemento más de campaña, forma parte del folklore de la política electoral”.

La diputada del Frente para la Victoria Diana Conti acusó a la UCR de pretender instalar una “negociación a la vieja usanza: negocio con el Gobierno quién es el candidato o candidata en lugar de atender a los méritos o el currículum del candidato”. “Piensan que con los gobiernos se negocia, se pacta, pero no en el buen sentido”, dijo. “Diciendo que van a hablar con el próximo gobierno, todo lo que gritan sobre la independencia del Poder Judicial lo tiran por tierra”, señaló Conti quien, al ser consultada, se pronunció a favor de que se designe otra mujer en la Corte.