Luego de nueve meses de parálisis, la Sala IV de la Cámara de Casación Penal convocó a una audiencia para hoy por la causa en la que están involucrados Carlos Blaquier y Alberto Lemos, dueño y administrador del Ingenio Ledesma, por crímenes de lesa humanidad. Entre los principales asuntos se analiza la designación como fiscal ad-hoc de Pablo Pelazzo, antes abogado de los organismos de derechos humanos. Y los actos procesales que se derivaron de esa designación. Pese a que esto se esperaba, la convocatoria generó cierta sorpresa entre quienes siguen los vaivenes de esta causa. Dicen que los tiempos parecen acelerarse por motivos poco inocentes. El fiscal general Javier de Luca presentó un pedido de prórroga de la audiencia, muy común en estos casos, pero la Sala IV lo rechazó. Entre los jueces está Eduardo Rafael Riggi, denunciado por maniobras de sobornos en el homicidio de Mariano Ferreyra y que, según fuentes de la Casación, a fines de diciembre podría dejar ese puesto.

En lo formal, la Sala IV convocó a las partes por dos tipos de planteos. Uno, vinculado con la intervención de Pelazzo en el expediente, y otro por aspectos procesales. Sobre el tema Pelazzo, la defensa de Blaquier discute su designación luego de ser abogado querellante. Y también discute las medidas procesales en las que intervino. Este punto ya fue discutido varias veces. Pelazzo fue designado no por Alejandra Gils Carbó, sino por Santiago González Warcalde y en un contexto de emergencia jurídica en la provincia, llamado así por la propia Corte Suprema. De Luca dice que Pelazzo actuó como ad-hoc acompañado por un fiscal ordinario que fue quien firmó las medidas. Los otros puntos son mas técnicos.

En esta etapa, y a esta sala, ingresó sólo una de las dos causas de Blaquier: la causa Aredez, en la que hay cinco víctimas. La otra causa, conocida como La Noche del Apagón, tramita en otra sala. En la primera, la defensa de Blaquier dice que él está mal procesado. Las querellas, por su lado, discuten las faltas de mérito por violación de domicilio y tormentos. Blaquier y Lemos están procesados en esta causa por tres de las cinco víctimas hasta ahora; entre ellos por el primer secuestro del ex intendente Luis Aredez, médico además del sindicato de obreros de Ledesma. Esta es la primera vez y la primera causa que la Cámara de Casación analiza un expediente en el que se menciona la complicidad de los empresarios durante la dictadura. El CELS se presentó como amicus curiae. Durante los últimos años, la Sala IV fue de las salas mas productivas, con mayor sintonía con los reclamos de los organismos de derechos humanos. Hubo buen ritmo de trabajo, revirtió la parálisis y el cajoneo histórico de las causas y elaboró sentencias innovadoras en términos jurídicos como la violencia sexual. Esa sala estuvo marcada por la presencia de Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Juan Carlos Geminiani, de trayectorias distintas, pero no sospechados de poseer filiación de izquierda. Pero la composición de la sala cambió. Borinsky, que asumió la presidencia de la Cámara, perdió la subrogancia de la Sala IV, un lugar que asumió momentáneamente Riggi.

En 2007, este diario publicó algunos de sus antecedentes: “Riggi fue nombrado juez en 1978, durante el gobierno de Jorge Rafael Videla. Había llegado a los tribunales siete años antes, con un cargo en el Camarón, la Cámara Federal en lo Penal creada por el gobierno del general Alejandro Agustín Lanusse para ‘juzgar la actividad subversiva’. En 1973, cuando Héctor Cámpora asumió la presidencia, fue cesanteado. Volvió al poco tiempo, tras ser rebajado al último puesto del escalafón, pero recuperó posiciones cuando se acercaba el golpe de Estado. Carlos Menem impulsó personalmente su nombramiento en Casación, junto con el de otros dos candidatos, Ana Capoluppo y Juan Martín Romero Victorica. Los antecedentes provocaron la renuncia del entonces ministro de Justicia León Arslanian”.

Mucho más cerca en el tiempo, Riggi fue denunciado por participar de maniobras de soborno en la causa por el asesinato de Mariano Ferreyra.

A mediados de julio de este año, su voto, junto al de Liliana Catucci suspendió la prisión efectiva de 15 represores condenados en diciembre de 2013 en Salta por crímenes imprescriptibles, 7 a perpetua. Gracias al fallo, después de dos años de juicio, ninguno quedó en la cárcel. La semana pasada, los organismos de derechos humanos en Tucumán se movilizaron para repudiar la excarcelación o domiciliarias de 34 de los 37 represores condenados en 2013. Otra vez, los jueces que votaron la medida fueron los dos: Eduardo Riggi y Liliana Catucci y la disidencia de Ana María Figueroa.