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Luego de la magistral charla que brindó la presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, en la Conferencia Anual de la UIA, vimos con sorpresa e indignación la presentación judicial efectuada por el denominado Grupo de los Seis (integrado por la Unión Industrial Argentina, la Sociedad Rural Argentina, las cámaras de Comercio y de la Construcción, la Bolsa de Comercio y la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino) en relación con el pedido de inconstitucionalidad de la ley que regula las relaciones de la producción y el consumo.

La demanda en sí resulta incomprensible por el amasijo y entrevero de intereses existentes entre lo que cada uno de estos grupos dice representar, ya que algunos de ellos, por no decir todos entre sí, están en franca contraposición de intereses en relación con los objetivos de esta ley, como el desabastecimiento o los abusos de posición dominante.

La Presidenta preguntó al titular de la UIA respecto de la industria del plástico –cámara de la que el señor Méndez es presidente– cuál era el sentido de plantear una demanda para interrumpir la vigencia de una ley que defiende a su sector y particularmente a sus pymes. Estas quedarán a expensas de los proveedores de materias primas, en muchos casos monopólicos, situación que por otro lado venía a resolver esta norma. Qué paradójico, ¿no?

Pero si continuamos viendo la línea argumental del discurso de la Presidenta, todo pareciera explicarse cuando ella afirma que la economía no es una ciencia exacta sino que es el resultado de cómo maneja un determinado colectivo, o sea el universo social de un país, las expectativas que tiene sobre ella.

Ante tan clara definición, no nos queda duda alguna de que hay asociaciones más fuertes que otras. La Presidenta misma dio datos duros también indicándonos con precisión sobre las notables y distintas rentabilidades de los sectores que conforman el Grupo de los Seis. En muchos casos, esta diferencia de rentabilidad se transforma en posiciones hegemónicas o dominantes de uno respecto de los demás, tal el caso del sector financiero en relación con el resto.

Esto también sucede con los grandes proveedores de la industria sobre las pymes industriales. Ni qué hablar de las empresas de la construcción y pymes metalmecánicas, que sufren ante cualquier expectativa muchas veces, por no decir la mayoría, el intento indexador y/o dolarizador de los precios por parte de la industria siderúrgica, que en los últimos tiempos pedía por más mercado y menos Estado, sólo para dar algunos ejemplos. La Presidenta brindó una definición irrefutable: tener mayor o menor presencia del Estado es una decisión de la política.

Además, la Presidenta explicitó con claridad que, de tratarse el tema con rigurosidad técnica jurídica, este pedido de inconstitucionalidad no prosperaría, tornándose aun entonces más certera mi presunción de que todo se trata de operar expectativas, como se viene haciendo desde el poder económico que gobernó la Argentina desde 1955, que ahora trabaja en forma sinérgica y coordinada con las operaciones que realizan las task force de los fondos buitre y los candidatos de la oposición.

En este sentido, salvo en muy limitadas etapas (como en el ’73 o en el ’83, en que se tomaron las decisiones que no debió de dejar de tomar el poder político legítimamente constituido en elecciones libres y democráticas), desde hace doce años las decisiones se toman en la Casa Rosada. Y todas estas operaciones no son fútiles: ellos quieren volver a tomar las decisiones que gobiernan y definen los intereses de la Argentina.

Por ello, para quien escuchó con oído atento, buena intención, buena fe y un mínimo de atención, los conceptos de la Presidenta estuvieron dirigidos a avanzar en la consolidación de una dirigencia política, social, empresarial y sindical que defienda los intereses genuinos de sus representados y no se preste burdamente a una maniobra de manipulación de expectativas impulsada desde fuera, con el acompañamiento de la oposición política y absolutamente contraria a los intereses del país.

En consecuencia, ante esta presentación judicial sólo podemos decir: a palabras sabias, oídos necios.

* Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.