La presidenta del Consejo de la Magistratura, Gabriela Vázquez, le pidió al titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, que les tome juramento a los diez jueces que llevan ya un año y un mes designados para integrar la Cámara de Casación Penal ordinaria, pero que todavía no han podido empezar a trabajar. La ley que creó este tribunal, que en jerarquía está solo un escalón debajo de la Corte, establecía que debía quedar conformado con celeridad y fijaba un plazo de cuatro meses para empezar y terminar el concurso. El examen fue en el 2008 y los elegidos, que obtuvieron acuerdo y decreto el año pasado, estuvieron en el limbo hasta ahora, cuando todo parece empezar a acomodarse.

La falta de un edificio en buenas condiciones donde poder funcionar ha sido la justificación oficial de la demora. En el medio se han mezclado la burocracia de los órganos implicados (Consejo, Corte y Ministerio de Justicia) y algunas resistencias. La nota que acaba de enviar Vázquez a Lorenzetti afirma: “Hallándose cumplidos los requisitos de infraestructura necesarios para proceder a la habilitación de la mencionada Cámara, nos encontramos en condiciones de que se tome juramento y ponga en posesión del cargo, en el curso de este año, a los jueces que fueran designados oportunamente por el Poder Ejecutivo”. Los diez jueces nombrados para la nueva Casación son Gustavo Bruzzone, Héctor Magariños, Luis Niño, María Laura Garrigós de Rébori, Pablo Jantus, Horacio Días, Daniel Morin, Eugenio Sarrabayrouse, Carlos Mahiques y Luis García.

El tribunal que compondrán fue pensado para descomprimir a la vieja Casación Federal y absorber todas las causas que atañen a delitos comunes, que son muchas, y de hecho representan alrededor del 40 por ciento de los expedientes que se encuentran en esa instancia. El puntapié para su creación fue el enfrentamiento del ex presidente Néstor Kirchner con el ex camarista Alfredo Bisordi, experto en cajonear causas de derechos humanos, para lo cual el atiborramiento de causas –que es real– funcionó como excusa. La etapa de concurso discurrió más o menos rápido, pero los nombres de los candidatos estuvieron estancados en el Poder Ejecutivo por tres años.

El equipo de casadores logró, a comienzos de este año, que los escuchara Lorenzetti. Aunque no mostró gran entusiasmo, la Corte Suprema envió un oficio con las firmas de todos sus jueces exhortando al Consejo de la Magistratura a que consiguiera un edificio, ya que –en la división de tareas administrativas– es una responsabilidad que le atañe. En el ínterin circulaban versiones que asociaban a los nuevos jueces a Justicia Legítima, organización de la que sólo es integrante activa Garrigós de Rébori y habrá algún que otro simpatizante.

Los “homeless con toga”, como los llamó en Página/12 Mario Wainfeld, tuvieron reuniones con los consejeros que acaban de terminar su mandato e incluso con el ex administrador. Se analizaron varios inmuebles, pero el tiempo pasaba. Y nada. El Ministerio de Justicia consiguió finalmente –a través de gestiones del secretario de Justicia, Julián Alvarez– un edificio que fue entregado en comodato, es decir, como una cesión gratuita. Está a metros del Palacio de Justicia y es el lugar donde funcionó el Registro de Reincidencia, en Talcahuano 612/624. Cerca de 1800 metros cuadrados están disponibles para la Casación Ordinaria y ya está casi terminada la refacción. Aun así, seguían las vueltas y pedidos de revisión del lugar, del Consejo y de la Corte.

La nota de la presidenta del Consejo anuncia que no sólo el edificio cedido por la Agencia de Administración de Bienes del Estado, “se encuentra en condiciones para poner en funcionamiento la Cámara Nacional de Casación Penal”, sino que “el próximo 18 de diciembre se colocará el mobiliario e instalará todo el equipamiento informático y telefónico”.

El exceso de trabajo de los tribunales y las vacantes sin cubrir suelen ser quejas constantes de la corporación judicial. Con jueces ya nombrados, que encima darán un desahogo a la otra Casación, sólo faltan que los llamen para decir “sí, juro”.