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El juez federal Rodolfo Canicoba Corral ordenó la detención de cuatro represores que actuaron en el centro clandestino que funcionó en la comisaría primera de La Pampa. Con esta medida se activó la causa judicial sobre los crímenes cometidos en la jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército, expediente que reabrió la Cámara Federal luego de la anulación legislativa de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
El comisario inspector Roberto Oscar Fiorucci, que fue jefe de Informaciones en la Unidad Regional 1 de La Pampa; los subcomisarios Carlos Reinhard y Athos Reta, y el principal Néstor Cenizo son los policías que Canicoba Corral ordenó detener. Ellos, junto a Roberto Constantino y Omar Aguilera, habían presentado ante el juzgado un pedido de eximición de prisión, lo que obligó a tratar sus situaciones procesales. El juez dispuso entonces el arresto de los cuatro represores que antes de la sanción de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida estaban con prisión preventiva rigurosa según el Código de Justicia Militar, por su responsabilidad en la aplicación de tormentos en forma reiterada.
Esta es la primera medida tomada en la causa en la que se investigan los crímenes cometidos en la jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército, que abarcó la Capital Federal, parte de la provincia de Buenos Aires y La Pampa. El magistrado está evaluando ahora la situación del resto de los imputados.
Apenas la Cámara ordenó la reapertura de esta causa, junto con la de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el fiscal Eduardo Freiler reclamó el arresto de 38 represores, pero su pedido quedó congelado porque este expediente pasó por varios jueces hasta que, finalmente, se hizo cargo Canicoba Corral.
En un principio, la jueza María Servini de Cubría salió sorteada para intervenir en la investigación sobre la ESMA pero se excusó con el argumento de que uno de los posibles acusados, el abogado Gonzalo Torres de Tolosa, había sido empleado suyo. El caso, entonces, recayó en el juzgado de Sergio Torres, quien se hizo cargo de él, pero le envió a Servini de Cubría “por compensación” el del Primer Cuerpo, que le había tocado a él. Servini de Cubría también rechazó este expediente. Primero dijo que no tenía el mismo volumen que el de la ESMA y luego argumentó que, como su marido es brigadier retirado, ella se veía afectada por “un estado de ánimo incompatible con la ecuanimidad y serenidad atinente a (su) augusta misión”.
En el ínterin, la documentación volvió al juzgado de Torres y luego fue al del juez Norberto Oyarbide. Al final, recayó en Canicoba Corral, quien recién se reintegró al trabajo esta semana después de una licencia por razones de salud. Ante la reiterada negativa de Servini de Cubría a hacerse cargo de este expediente, la Cámara abrió un sumario para investigar la conducta de la magistrada.
Al ordenar los arrestos de quienes estaban con prisión preventiva rigurosa, Canicoba Corral procedió de la misma forma que Torres, quien arrestó en la causa ESMA a quince marinos que estaban en esa situación antes de la sanción de las leyes de impunidad.
Canicoba Corral debe analizar ahora si ordena arrestar a los otros acusados que Freiler pidió encerrar. El fiscal incluyó en su pedido a quienes fueron beneficiados con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y también a seis militares que fueron indultados.
Entre los represores imputados en este expediente están los coroneles Alberto Durán Sáenz, Enrique Carlos Ferro y Alberto Pedro Barda. El primero fue procesado por su responsabilidad como jefe del centro clandestino El Vesubio por 17 homicidios y la desaparición de 47 personas. El segundo fue procesado por 111 delitos cometidos como jefe de El Banco, El Olimpo y Club Atlético. El último fue ex jefe de la subzona 15 y como tal fue responsable de los crímenes que se cometieron en todos los centrosclandestinos de Mar del Plata. Jorge Olivera Rovere, José Montes, Andrés Aníbal Ferrero, Adolfo Sigwald, Juan Bautista Sasiaiñ y Carlos Guillermo Suárez Mason también están acusados en esta causa.