“Detrás de la persecución judicial a Carlos Gonella están en juego la libertad de expresión y el acceso a la información judicial”, dijo Diego Morales, director de litigio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), para explicar por qué ese organismo decidió asumir la defensa del fiscal titular de la Procuraduría antilavado en la causa en la que fue citado a indagatoria y declarado en rebeldía por el juez federal Claudio Bonadio. Gonella está imputado por “violación de secretos”, debido a la difusión a través de la web de noticias judiciales del Ministerio Público de un dictamen que involucra a una jueza, María Gabriela Lanz, en un expediente derivado sobre lavado de dinero de uno de los casos de narcotráfico más grandes de la historia local por el que su pareja, el empresario Valentín Temes Coto, fue condenado a la pena de 20 años de cárcel.

El operativo se llamó Manzanas Blancas, porque entre esas frutas se camuflaron más de tres toneladas de cocaína. A Lanz le molestó que se informe su situación judicial e hizo una denuncia de la que Bonadio en plena tensión con la Procuración General y el Gobierno se hizo eco. La página www.fiscales.gob.ar había publicado que el fiscal en lo penal económico Emilio Guerberoff hizo el requerimiento para que se investigue por posible lavado a un grupo de treinta personas vinculadas con los condenados en Manzanas Blancas, Lanz entre ellas, quien fue dos veces garante de Temes Coto al pedir su liberación. Para ella el dictamen en su contra debe permanecer oculto.

Este aspecto del caso, que ahora ha sido el menos difundido, es para el CELS el más preocupante. “Como se han derogado las calumnias e injurias en los casos de difusión de información de interés público, vemos que se busca recurrir a otras figuras para castigarla. Hay una expansión de otros delitos con ese fin. Se afecta la libertad de expresión invocando, esta vez, el delito de violación de secretos”, explicó Morales a Página/12.

Guerberoff se había basado en informes de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la Procelac. Mandó el dictamen al portal de los fiscales, como lo hace con otros de interés público y porque la difusión de los actos de gobierno es premisa de la Procuración y de la Corte. Así lo explicó en su propia indagatoria. La jueza considera que la persiguen por impulsar medidas contra Lázaro Báez, por eso, además de violación de secretos, acusa a Gonella y Guerberoff de abuso de autoridad.

Gonella decidió no declarar en cinco citaciones, porque considera que Bonadio es parcial y que él carece de garantías. La respuesta del juez fue declararlo en rebeldía, prohibirle la salida del país y requerir su desafuero para que declare por la fuerza. Hasta ahora, Gonella era representado por un defensor oficial, Gustavo Kollmann, con quien dijo estar conforme. Ayer cuando anunció por Twitter que había recurrido al CELS, el fiscal escribió: “En un estado de derecho es deber constitucional dar información judicial, más si hay una funcionaria pública imputada como la jueza Lanz”. Invocó normas de derecho internacional y señaló la responsabilidad en la que podría incurrir el Estado argentino. Recordó que el CELS logró el fallo Kimel de la Corte Interamericana que llevó a derogar las calumnias e injurias. Eduardo Kimel había sido condenado por cuestionar al juez que intervino por el asesinato de los curas palotinos en 1976.

“La Convención Americana de Derechos Humanos dice que el proceso penal debe ser público, salvo que sea necesario para preservar los intereses de la Justicia. Acá el propio fiscal es el que decide difundir”, señaló Morales. “Estamos analizando –añadió– el efecto que este tipo de cuestionamientos puede tener para todo el sistema de información judicial.”