Una afiliada de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, que depende directamente de la Corte Suprema, denunció que la Ospjn se niega a brindarle cobertura integral de los tratamientos de reproducción asistida, que está solicitando desde abril, y que incluyen donación de esperma. “Hace ocho meses que estoy pidiendo la cobertura y la obra social está dilatando una respuesta: rechaza mi pedido a través de diferentes artilugios”, contó a Página/12 Valeria Díaz, quien se desempeña en la Defensoría Nº 4. “Hay una negación sistemática de la obra social y es la Corte la que debe decidir”, señaló a este diario Laura Gordillo, responsable de la Mesa de Género de la Unión de Trabajadores de la Justicia Nacional, Seccional 2, de la Ciudad de Buenos Aires, y que está acompañando el reclamo de Díaz junto a otras organizaciones gremiales judiciales y de la diversidad sexual. Gordillo indicó que hay otros casos de afiliados que están a la espera de que se autoricen otros tratamientos de fertilización asistida.

“Al no dar la cobertura, está violando la Ley de Fertilización Asistida y su reglamentación Nº 956/2013”, advirtió la coordinadora del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, Adriana Alvarez, consultada por este diario. Si el máximo tribunal avala la posición de su obra social, podría sentar un peligroso precedente para que empresas de medicina prepaga y otras obras sociales no cumplan con la normativa y rechacen la cobertura de los tratamientos. Ante una consulta de este diario, el martes pasado el director de la Ospjn, Juan Tonón, dijo que el lunes próximo Díaz será notificada con una respuesta, pero no quiso precisar cuál sería su alcance. Pero Díaz desconfía: ya recibió otras notificaciones de la obra social que no avalaban su pedido de cobertura total de los tratamientos que demanda, como establece la normativa vigente, según detalló. Tonón también se negó a responder sobre la cobertura que la Ospjn está brindando a otras personas afiliadas que solicitan procedimientos de fertilización asistida.

Díaz precisó que ante la falta de respuestas, en octubre tuvo que presentar un recurso jerárquico ante la Corte Suprema, órgano que regula la obra social del Poder Judicial. En esa presentación la acompañó la seccional porteña del sindicato. “La Ospjn no está controlada por la Superintendencia de Salud; sólo por el máximo tribunal, que designa a sus directivos, firma sus convenios, asigna sus partidas presupuestarias y supervisa su desempeño. Cuando un afiliado tiene un problema, sólo puede recurrir a la misma Corte”, explicó Gordillo. La semana pasada, distintas entidades que avalan el reclamo de Díaz se movilizaron a la sede de la Ospjn para exigirle una respuesta positiva.

Díaz tiene 38 años y está en pareja con otra mujer. “Mi deseo de ser madre es algo que viene conmigo desde hace un tiempo. Por mi elección sexual, para poder lograrlo sentí que la manera era la inseminación con semen de donante. Dos años atrás logré juntar la plata para los tratamientos. Y me realicé una fertilización asistida. Pero lamentablemente no quedé embarazada en ese intento. Sólo se tiene un 20 por ciento de probabilidades de lograr una gestación en cada intento. Y se recomiendan dos o tres seguidos para conseguirlo. Sólo realicé uno, porque no tenía el dinero para realizarme otros. Hoy, el costo promedio de cada procedimiento es de 20 mil pesos”, contó Díaz. La sanción de la Ley 26.862 y su reglamentación le dio nuevas esperanzas de concretar su sueño, que proyecta con su pareja, de 28 años. “La ley nos da la posibilidad sin distinción de orientación sexual o estado civil al tratamiento gratuito de reproducción asistida para poder ser madre y formar una familia. Pero desde abril estamos tratando mediante distintos pedidos que la obra social, a la cual estoy afiliada desde que nací, autorice los tratamientos. La demora en una respuesta conspira contra la posibilidad de quedar embarazada, ya que a mi edad el reloj biológico nos juega en contra a las mujeres y la reserva ovárica va disminuyendo”, agregó Díaz. Su pareja fue operada por un cáncer y perdió los ovarios y el útero.

Alvarez, coordinadora del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, recordó a este diario que con la Ley Nº 26.862, y el decreto reglamentario Nº 956/2013, se estableció el acceso integral y gratuito a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción asistida para todas las personas mayores de 18 años, sin limitaciones que impliquen discriminación o exclusión fundadas en la orientación sexual o estado civil de quienes peticionan.

“Teniendo en cuenta que la Justicia, tanto desde el plano material como simbólico, adquiere un papel central en la garantía de la igualdad y el acceso a derechos, resulta inadmisible el desapego de la Ospjn a la letra jurídica”, consideró Gordillo.

Además del sindicato de judiciales de la Ciudad de Buenos Aires, acompañan el reclamo de Díaz ante la Ospjn, la Agrupación de Trabajadores del Ministerio Público Fiscal, el Frente de Trabajadores por la Justicia, Trabajadores por la Transformación Judicial, Capicúa Diversidad y 100% Diversidad y Derechos, entre otras entidades.