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Los comercios soportaron verdaderos malones este fin de año, pero no de los saqueos. Los medios opositores habían titulado “con bajo consumo y pisando el dólar, el Gobierno mira para otro lado”. Querían decir que hay una crisis y se mira para otro lado. Pero las jugueterías de la calle Constitución tenían colas de una cuadra. Y el espectáculo del aeroparque atiborrado igual que las terminales de Retiro y Constitución y las muchedumbres en shoppings, supermercados y jugueterías desdibujó incluso el escenario con problemas que plantea el Gobierno. El discurso apocalíptico de los medios opositores parecía un chiste. Sin el espectáculo dramático de los saqueos abonados para esta época, el maratón de consumo dio una imagen de prosperidad que quizá no se lograba ver en otros años de esta década más prósperos que el actual, que efectivamente afronta problemas. Los saqueos de esos años no fueron espontáneos. Hubo manos negras que a veces se revelaban en motines policiales que derivaron en desmanes como los del año pasado o saqueos a supermercados en San Fernando y Malvinas Argentinas en el 2012 y así se sucedieron estos cataclismos decembristas organizados como si fueran espontáneos. La mano negra de los atracos y los motines descansó este año. Pero hubo otra, porque a falta de saqueos, el clima se enrareció con la ofensiva inusitada de una porción significativa del Poder Judicial contra el Gobierno.

Lo que en otros años fueron tumultos y motines, esta vez fueron causas judiciales que se multiplicaron llamativamente en forma repentina, sin que nadie asumiera ni desmintiera esa extraña coincidencia. Si hablara la mano negra diría que busca lo mismo que los saqueos: debilitar, esmerilar y desprestigiar. Los saqueos buscaban convencer de que a pesar de las políticas sociales, no se había hecho nada contra la pobreza. Y esta lluvia de causas trata de crear la sensación de un volumen de corrupción nunca visto.

Si la causa judicial fuera una sola, su impacto hubiera sido menor, pero más creíble. Tantas causas al mismo tiempo no son creíbles y ponen en evidencia una intención, un centro de decisión, complicidades y conspiraciones. No se han preocupado en esconderlo. A lo sumo tratan de justificarlo como una reacción ante el supuesto avance del Ejecutivo sobre el Poder Judicial. Aun así la evidencia produce un daño profundo en la credibilidad del Poder Judicial. No se trata de jueces que hablan de defender su independencia. Es un mecanismo perverso para intervenir en política, porque lo hacen desde sus privilegios en la Justicia, abriendo causas insostenibles pero con gran impacto mediático poniendo en juego la credibilidad de todo el sistema.

En realidad arriesgan una credibilidad que ya está en cuestión porque la estructura del Poder Judicial mostró todos estos años reaseguros diseñados por los mismos partidos o por los servicios de inteligencia para defender privilegios. Los jueces que blindaron a la dictadura fueron parte del sistema de poder de la dictadura y muchos permanecen hasta hoy. Los jueces de la servilleta y la mayoría automática de la Corte representaron el sistema de impunidad del menemismo. A veces es la misma estructura que se adapta a la nueva situación, según cambian sus relaciones con la política, los servicios de inteligencia o las grandes corporaciones. La decisión de Néstor Kirchner al comenzar su presidencia, de renovar la Corte, juzgar a los represores, conformar una Corte independiente y avanzar democráticamente sobre los jueces que obstaculizaban los juicios por violaciones a los derechos humanos puso en estado de alerta el sistema de complicidades sobre el que se asienta el statu quo del Poder Judicial.

Están los jueces de la dictadura, los de la servilleta y los de las corporaciones, que se hacen visibles cuando favorecen a Clarín contra la aplicación de la ley de medios. Pero el sistema de complicidades no está dado por uno o varios grupos de jueces y fiscales, sino por la estructura corporativa del sistema. La reacción corporativa de las Fuerzas Armadas vio a los juicios por violaciones a los derechos humanos como un intento de destruirlas y no como la necesidad de un cambio profundo. Fue una interpretación interesada porque todas las cúpulas estaban comprometidas y buscaron esconderse detrás de la institución.

Tampoco son todos los jueces los que están involucrados en esos mecanismos sembrados en el interior de la Justicia, pero la reacción corporativa cuando se afecta alguno de esos nidos termina por involucrar a la mayoría.

Las causas abiertas contra el fiscal Carlos Gonella, jefe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, creada por la procuradora general Alejandra Gils Carbó para combatir delitos económicos, más que causas, constituyen un libro abierto.

La jueza María Gabriela Lanz, garante y pareja de Valentín Temes Coto, condenado a 20 años de prisión por un contrabando de tres toneladas y media de cocaína a España, denunció a Gonella porque publicó su nombre entre los investigados en esa causa. El juez Claudio Bonadio (foto) tomó la denuncia de esta jueza y la convirtió en una causa contra Gonella. Tanto la jueza como Bonadio declaran en los medios que son perseguidos, no por su conexión con un contrabando de cocaína o por haber figurado entre los famosos “jueces de la servilleta” y haber dejado que prescribieran causas millonarias de supuestos negociados del menemismo, sino porque abrieron causas contra Lázaro Báez o contra la Presidenta o contra algún funcionario del Gobierno. La reacción de la corporación fue convertir en héroes de la independencia de la Justicia a estos jueces investigados por delitos graves.

La corporación acepta que un juez que está investigado abra causas contra funcionarios para protegerse, como si ese mecanismo viciado formara parte natural del sistema. Son jueces que usan sus privilegios de jueces para buscar impunidad cuando la Justicia los requiere a ellos. Y la corporación respeta esos mecanismos corporativos.

La reacción corporativa también se revela en las crónicas regocijadas de los medios opositores sobre reuniones conspirativas de jueces para operar contra la procuradora Gils Carbó o cuando en la cena anual de la Asociación de Magistrados –la expresión más corporativa de la Justicia– se ovaciona al juez Bonadio. Pero también se visualiza una actitud corporativa cuando la Cámara apaña el llamado a indagatoria contra Gonella. Como si fuera un delito dar a publicidad a los investigados en una causa por contrabando de drogas y no lo fuera cuando el juez Bonadio transforma una denuncia por atrasos en los balances de Hotesur en una investigación aparatosa de la Presidenta a la que el mismo juez le confiere un colosal impacto mediático. Es delito si se publicita la relación de una jueza con un delito comprobado. Pero no lo es si esa publicidad se usa para involucrar a la Presidenta en un supuesto delito que ni siquiera está comprobado y del que ni siquiera existen indicios consistentes.

Pero como Gonella fue uno de los fiscales designados por la procuradora, cualquier ataque en su contra impacta en Gils Carbó. Los jueces federales enojados por la reforma del Código Procesal Penal, porque sienten que parte de sus atribuciones son transferidas a los fiscales que dirige Gils Carbó, se suman a esa reacción corporativa junto a los jueces de la dictadura, junto a los que amparan a las corporaciones y a los que han sido mencionados con relación a los servicios de inteligencia. Hay jueces que conspiran para frenar cambios en un sistema obsoleto y están los actos públicos de la Asociación de Magistrados para defender a otros jueces muy comprometidos en la Magistratura. Como los golpes de Estado en defensa de la democracia, la corporación judicial está dispuesta a transgredir la Justicia con la excusa de defenderla. No importa si se apañan acusaciones amañadas o la impunidad de otros jueces, o denuncias electoralistas. La consecuencia más grave de todo este proceso será que gran parte de la sociedad habrá perdido confianza en la Justicia.