El juez federal Rodolfo Canicoba Corral habilitó la feria judicial para analizar una denuncia penal contra la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, a raíz de la designación de 16 fiscales que asumirán sus funciones el próximo 2 de febrero. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, en tanto, rechazó la habilitación de la feria veraniega para tratar un recurso contra un concurso en dos fiscalías del fuero penal federal porteño, presentado por Ignacio Rodríguez Varela, estrecho colaborador del fiscal de Saavedra, José María Campagnoli.

La decisión de Canicoba Corral se produjo a partir de una denuncia de la ONG Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional, que encabeza el abogado José Lucas Mangiocalda. El magistrado, que se opone a la implementación del nuevo Código Procesal Penal, en cuyo contexto la procuradora designó a los nuevos fiscales, ocupa durante enero el Juzgado Federal Nº 5, cuyo titular es Norberto Oyarbide. La ONG denunció el lunes a Gils Carbó por “incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, en virtud de los nombramientos ilegales e inconstitucionales de fiscales subrogantes”. Se trata de los nombramientos dispuestos la semana anterior para el grupo de fiscales que deben asumir el 2 de febrero. Canicoba Corral notificó ayer a la ONG su decisión de habilitar la feria judicial para iniciar la causa y convocó a su titular a ratificar la denuncia para el próximo miércoles, momento en el que comenzaría la tramitación formal de la investigación.

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, integrada durante la feria por los jueces Jorge Morán, Sergio Fernández y Rogelio Vincenti, desestimó el planteo de Rodríguez Varela, quien participó del concurso destinado a designar a los titulares de las fiscalías 5 y 10, actualmente ocupadas por subrogantes. El colaborador de Campagnoli sostiene que ese concurso, organizado por la Procuración General de la Nación, debía ser suspendido ante la presunción de “parcialidad” del jurado en su contra, por su intervención en una investigación al empresario Lázaro Báez. Para obtener una respuesta rápida pidió que durante el receso judicial de enero “se dicte sentencia definitiva en el amparo o, en subsidio, se suspenda el trámite del concurso 102”. Destacó que “resta tan sólo el dictado por la procuradora general de la Nación de la resolución y la inmediata elevación de las ternas a consideración del Poder Ejecutivo”, e interpretó que de concretarse esos pasos quedaría marginado de la posibilidad de ser elegido.

“La habilitación de la feria judicial es una medida de carácter excepcional, que debe ser aplicada restrictivamente, sólo en aquellos casos que no admitan demora en su tratamiento”, argumentó el tribunal al rechazar el pedido. “Durante el presente mes de enero, la Procuración General de la Nación, ámbito en el cual se desarrolla el concurso en el cual fueron dictadas las resoluciones objeto de impugnación, también se encuentra de receso estival”, recordó. “Reanudada la actividad judicial en el mes de febrero, la Sala 1 de esta Cámara, tribunal ante el cual tiene radicación la causa, se encontrará en condiciones de resolver las apelaciones pendientes”, sostuvieron los jueces.

Rodríguez Varela ya había tenido un primer traspié esta semana cuando la Sala 5 de la misma Cámara desestimó su pretensión de impugnar el concurso porque uno de sus jurados había sido Gils Carbó. Los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani recordaron que el impugnante no se había presentado a la prueba de oposición escrita para el concurso, lo que le ocasionó “la pérdida de su condición como participante”.