El juez Ariel Lijo solicitó al Ministerio de Seguridad nacional la disposición de custodia de la Policía Federal para Ramón Alan Héctor Bogado y Héctor Yrimia, los dos hombres que, en su denuncia por encubrimiento contra el Gobierno, el fiscal Alberto Nisman mencionó como supuestos agentes de la Secretaría de Inteligencia. El magistrado a cargo del Juzgado Federal Nº 4 emitió el requerimiento al mediodía de ayer, con el consentimiento del fiscal federal Ramiro González. A última hora, aún intentaban localizar a Bogado, de quien se desconoce el domicilio. La medida, junto con la presentación formal de Fernando Burlando en condición de abogado defensor del líder de Quebracho, Fernando Esteche, fueron las únicas novedades del expediente.

El pedido de custodia para los dos hombres cuyo vínculo con la SI el titular de ese organismo, Oscar Parrilli, desmintió el martes integra el conjunto de medidas “urgentes” que tanto Lijo como González decidieron tomar tras conocer la denuncia de Nisman. Tal como ya informó Página/12, el objetivo de ésta y otras medidas ordenadas desde principios de semana –el hacerse de la denuncia y los elementos que supuestamente la respaldan, como los 19 discos con escuchas telefónicas, las carpetas con recortes periodísticos, las testimoniales de José “Pepe” Eliaschev y el dirigente Luis D’Elía; la consulta a la SI sobre la relación con Bogado e Yrimia; la búsqueda de la transcripción de las más de cinco mil horas de escuchas– es asegurar la prueba. Desde Comodoro Py, fuentes judiciales argumentaron que, una vez hechas públicas las identidades de Bogado e Yrimia, debían tomarse los cuidados necesarios para resguardarlos.

Bogado e Yrimia son dos piezas fundamentales de la hipótesis que Nisman intentó explicar en casi 300 páginas. Al primero, el fiscal lo presenta como “un individuo identificado como ‘Allan’ que responde a la Secretaría de Inteligencia de Presidencia de la Nación”. Su rol en el supuesto plan de encubrimiento era el de puente informativo entre Argentina e Irán: es quien hablaba con Khalil. A Yrimia, a quien en su rol de fiscal le tocó investigar el atentado a la sede de la mutual judía en las horas inmediatamente posteriores al ataque, Nisman lo denuncia como miembro de la asociación ilícita que buscó ocultar la responsabilidad iraní en la voladura. Su valor para el grupo delictivo, al que lo habría acercado Esteche, radicaba en el conocimiento que podía llegar a tener del expediente.

Los vínculos de ambos fueron desmentidos por la SI: “Los señores Ramón Allan Héctor Bogado y Héctor Yrimia no pertenecen ni han pertenecido como personal de la planta permanente, contratado, de gabinete ni personal transitorio”, aseguró en un comunicado Parrilli. La información permitió revelar públicamente la identidad de estas dos personas, algo que el juez indicó entrada la noche del martes. Bogado e Yrimia son los únicos que aparecen mencionados en la denuncia de Nisman como vinculados con la Inteligencia estatal, aunque fuentes cercanas a las autoridades judiciales a cargo del caso no descartan encontrar algunas otras en las escuchas telefónicas. Por haber tomado estado público, Lijo y González solicitaron se disponga custodia de la Policía Federal a ambos. Aún se esperan novedades de las transcripciones: si es que Nisman contaba con ellas, ya sea de partes o de todo lo intervenido.

Horas antes de la solicitud de las escuchas, Esteche se presentó en la causa a través de su abogado, Fernando Burlando. Se trata, por el momento, del único implicado en la denuncia que dice presente de manera formal ante el juez Lijo. Cabe recordar que el magistrado aún no definió si seguirá a cargo de la investigación o la derivará a través de concurso. Para continuar a cargo, tanto él como el fiscal deberán considerar que el hecho revelado por Nisman se vincula, de alguna manera, con lo que ambos analizan desde 2006: las irregularidades en la investigación del atentado hasta entonces.