La Cámara Federal porteña le ordenó al juez federal Claudio Bonadio que le permita acceder al expediente sobre presuntas irregularidades en la empresa Hotesur SA al abogado de la titular de la firma, Romina Mercado, que es sobrina de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La Sala I de la Cámara destacó que negarle a una de las partes tomar vista de la causa, como hizo Bonadio, es “incompatible con la tarea de un miembro del Poder Judicial de la Nación” y con el respeto del “derecho de defensa de los acusados”. La resolución fue en diciembre, pero se conoció recién ayer. Otra novedad relacionada con el magistrado ocurrió el jueves pasado: Bonadio dijo que recibió una amenaza de muerte en su despacho, que denunció al día siguiente y que debe investigar su colega Norberto Oyarbide.

Hotesur SA, que administra el hotel Alto Calafate, tiene entre sus accionistas a la jefa de Estado. La causa se inició por una denuncia de la diputada nacional Margarita Stolbizer, quien señaló presuntas irregularidades ante la Inspección General de Justicia (IGJ) y alertó sobre el entramado comercial entre esa compañía y empresas de Lázaro Báez. En noviembre Bonadio allanó la sede jurídica de la firma, que estaba vacía, y solicitó una serie de informes a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y a la IGJ, incluidas las declaraciones juradas de CFK, Néstor Kirchner y sus hijos Florencia y Máximo. Desde el Gobierno se interpretó la decisión como una repuesta de Bonadio a los pedidos de juicio político radicados en el Consejo de la Magistratura.

La presidenta de Hotesur, Romina Mercado, hija de la ministra Alicia Kirchner y sobrina de la Presidenta, designó como defensor al abogado Alberto Berardi, ex socio de León Arslanian y defensor entre otros del ex secretario de medios Enrique Albistur y del ex ministro porteño Mariano Narodowski. Berardi se presentó en el juzgado de Bonadio, pidió tomar vista y poder sacar fotocopias del expediente. Tras la negativa de juez, el ex fiscal federal Berardi apeló la resolución ante la Cámara Federal.

La respuesta fue a fines de diciembre, poco antes del comienzo de la feria judicial, pero recién se conoció ayer. La Sala I de la Cámara Federal le ordenó al juez de Instrucción revertir la negativa y le llamó la atención a Bonadio. “Reiteradamente se ha alertado al juez de grado para que evite caer en el tipo de prácticas criticadas, dado que el mantenimiento de una posición como la que insiste en sostener, frente a la disconformidad de la parte interesada, provoca esencialmente un dispendio jurisdiccional incongruente con un buen servicio de justicia”, sostuvieron los camaristas Eduardo Farah, Eduardo Freiler y Jorge Ballestero. El tribunal recordó que Berardi “es parte en el presente proceso” y que “el sumario no transita una situación que, de modo excepcional y temporal, le impida el acceso a las actuaciones”. Señaló además otros precedentes en los que ya le indicó a Bonadio que debe permitir el acceso de las partes a las causas. La decisión del magistrado también es “incompatible con la tarea de un miembro del Poder Judicial de la Nación, quien tiene el deber de velar por el cumplimiento de las garantías constitucionales de los individuos y respetar el derecho de defensa de los acusados”, agregó.

La amenaza contra Bonadio, en tanto, fue recibida el jueves pasado en su despacho del cuarto piso de los tribunales de Comodoro Py. Las fuentes judiciales que echaron a correr la noticia no precisaron la metodología ni el contenido de la amenaza. Bonadio se habría enterado el viernes, cuando formuló la denuncia, que quedó radicada en el juzgado a cargo de Oyarbide bajo el número 743/2015 y con la carátula “averiguación de delito”. La agencia DyN aseguró que “los investigadores orientaron la búsqueda a las eventuales relaciones” de los desconocidos que hicieron la denuncia con los denunciados en la causa Hotesur.